Expatriados Online: February 2011

Historia del Terrorismo de Izquierda en PR

Macheteros

1. 20 Años de Terrorismo en Puerto Rico

2. Entrenados En Cuba: El Terrorismo de la FALN en EE.UU.

3. El Origen de los Macheteros

4. 1979-1982 - La Etapa Más Sangrienta

FALN

5. Los Macheteros: El Robo de $7 millones de la Wells Fargo

6. Se Delatan Unos a Otros

7. Puerto Rico - Ataques Terroristas 1968 -1998

8. La Emboscada de Sabana Seca

9.Ataque a la Base Aérea Muñiz

10. Filiberto Ojeda Ríos

11. Carta de Pedro Toledo sobre la muerte de Filiberto Ojeda

Excelente Serie de 6 Artículos, más unos extras al final, sobre los "angelitos" que la prensa naZionalista nos quiere vender como "patriotas" …

- raul

La Crónica Gráfica

(San Juan) 1987

20 Años de Terrorismo en Puerto Rico

Por Armando André

(Primero de una serie de seis artículos)

El director del FBI, William Webster, declaró el 4 de marzo de 1987 ante el Congreso en Washington, "Puerto Rico me sigue preocupando. Genera actividades terroristas en Estados Unidos a través de la FALN. Es un problema al que debemos prestar especial atención porque está muy cerca de Cuba, muy cerca de otros lugares y podría convertirse en nuestro ta1ón de Aquiles." El testimonio de Webster, publicado en el documento FBI 1987 Appropiation Request, señala en la página 102: "La única organización que nosotros nunca podemos acabar es con la FALN. Los empujamos bajo la tierra; ellos se mantienen callados cinco o seis años, y entonces vuelven a regresar." Durante su comparecencia ante el Congreso el 29 de diciembre de 1981, Webster dijo que "un número de incidentes terroristas sugieren varios tipos de apoyo de

Cuba a los independentistas."

El historial terrorista de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), desde octubre de 1974 hasta agosto de 1983, incluye unos 120 atentados dinamiteros, cinco muertes, más de 80 heridos y $3.5 millones en daños a propiedades.

La FALN fue creada en Nueva York al ser reestructurado el Movimiento Independentista Revolucionario Armado (MIRA) de Filiberto Ojeda Rios, actualmente reconocido como el "padrino" del terrorismo puertorriqueño, para "abrir un segundo frente de lucha en territorio enemigo." Los ataques de la FALN en las ciudades norteamericanas contra las oficinas de corporaciones multinacionales y dependencias del goblerno obtuvo más publicidad internacional de la que habían logrado limitando sus acciones a Puerto Rico.

Filiberto Inocencio Ojeda Rios nació en Naguabo el 26 de abril de 1933 y emigró a Nueva York en 1950. Allí se casó con su actual esposa, Blanca Iris Serrano en 1952, y tienen cuatro hijos, tres de los cuales viven en Cuba. Ojeda trabajó de mensajero para una fábrica de prendas de fantasía y estudió música. En 1955 fue trompetista de la orquesta de Miguelito Miranda, y de 1958 a 1960 estuvo con la orquesta de Vicentico Valdés. Tocando en el Club Morroco, un músico lo reclutó para el Movimiento Libertador de Pelegrín García. Ojeda asistió a un Círculo de Estudio marxista, que lo relacionó con la revolución cubana.

En 1961, Ojeda viajó a La Habana con su familia, donde recibló entrenamiento de Seguridad de Estado (G-2) de Cuba en tácticas de espionaje y subversión, por lo que la Policía de Puerto Rico lo apodó "El G-2 Cubano." En 1963, regresó a Puerto Rico en una misión secreta relacionada a las bases norteamericanas en la isla. Conocido como Felipe el Indio y Felipe Ortega, residió en la calle Hoare en Santurce y fue trompetista con la Sonora Ponceña de Quique Lucas, volviendo a Cuba el mismo año.

No se ha podido determinar con exactitud cual fue la relación de Ojeda con el Movimiento Armado Puertorriqueño Auténtico (MAPA), el primer grupo terrorista clandestino que surgió en la isla en julio de 1963, encabezado por Benigno Velázquez Lasalle, Francisco Cruz Estrada y el notorio pandillero y narcotraficante Rafael "Rafi" Dones Arroyo, quien financió la causa separatista con el producto de sus fechorías. En abril de 1964, tras un tiroteo donde murió un subversivo, las autoridades ocuparon el arsenal del MAPA en una cueva en Moca, con documentos planificando una rebelión para mayo, arrestando posteriormente a los dirigentes y desarticulando la organización.

El delincuente "Rafi" Dones, cuya madre y hermana también han sido arrestadas por narcotráfico, fue ametrallado en 1984 por elementos mafiosos cuando salía de recibir tratamiento para la adicción en una clínica de metadona en Ponce. Su duelo lo despidió el acusado terrorista Velázquez Lasalle, quien lo calificó de "patriota", y también asistió Carlos Gallisá, Secretario General del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP).

En febrero de 1966, Ojeda era subjefe de la Misión del Movimiento Pro lndependencia (MPI) en La Habana y delegado alterno de la Conferencia Tricontinental, cuyo delegado y jefe de la Misión era Narciso Rabell Martínez, quien el 31 de mayo de ese año fue nombrado miembro del Secretariado Permanente de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, Africa y América Latina (OSPAAAL), cuyo propósito era apoyar una revolución comunista mundial con el ejemplo de Ernesto "Che" .Guevara en Bolivia.

Ojeda Ríos, Rabell Martínez y Roberto José Todd Pagán tuvieron una reunión secreta con Fidel Castro en La Habana en 1966, donde acordaron la fundaci6n de lo que luego fue el Movimiento lndependentista Revoluclonario Armado (MIRA). Analizaron el fracaso de Pedro Albizu Campos y su Partido Nacionalista Puertorriqueño, al recurrir al combate frontal durante la insurrección de 1950, y acordaron que la nueva etapa de lucha debía ser clandestina, igual que el terrorismo indiscriminado del Movimiento 26 de Julio que Ilevó a Fidel Castro al poder en Cuba, y el del Frente de Liberación Nacional de Argelia, que terminó el coloniaje francés en esa nación en 1962.

En 1967 Rabell fue destituldo como jefe de la Misi6n del MPI en La Habana cuando, sin la aprobación del Partido, hizo un Ilamado a la ciudadanía para amotinarse contra el plebiscito político de ese año. Rabell regresó a Puerto Rico con Todo Pagán, e integraron el Partido Socialista Obrero (PSO) en Aguadilla, llegando a ser consejeros del grupo, junto con el convicto terrorista Juan Antonio Corretjer Montes, dirigente de la Liga Socialista Puertorriqueña (LSP).

El PSO fue organizado el 29 de marzo de 1968 en una reunión en la residencia de David Feliciano, en Barrio Guerrero, Aguadilla, por ex miembros del M PI y de la Federación Universitaria Pro Independencia (FUPI). Los objetivos del PSO eran "la independencia de Puerto Rico y la creación de un gobierno socialista a través de una revolución armada de las masas obreras. Atacar empresas norteamericanas en Puerto Rico y enseñarle al pueblo a combatir al FBI, la CIA, y la Policía."

Los dirigentes del PSO eran: Wilson Cortés Burgos, Secretario General; David Feliciano Feliciano, Secretario de Organización; Billy Cajigas Soto, Secretario de Acción Política; Pablo Luis González Arce, Secretario de Asuntos de Trabajadores; Manuel López López, Secretario de Propaganda; Héctor Rodríguez Rodríguez, Secretario de Asuntos Internacionales, quien funcionaba en Nueva York buscando fondos y apoyo; y Néstor Ve1ázquez Díaz, Secretario de Juventud, quien resultó ser un confidente que la Policía infiltró en el grupo desde su fundación. El PSO estableció relaciones con el gobierno cubano y el Partido Comunista Dominicano. De las filas del PSO crearon una sección armada clandestina que incorporaron al MIRA, entrenándolos en el uso de explosivos y técnicas de terrorismo y sabotaje que Ojeda, Rabell y Todd aprendieron en Cuba.

El 22 de febrero de 1968, un comunicado firmado con el seudónimo Alfonso Beal anunció la existencia de los Comandos Armados de Liberación (CAL), cuyo objetivo era: "la liberación nacional a través de la acción armada; acabar con el control monopolístico de la industria y el comercio en Puerto Rico de las firmas norteamericanas; y expulsar a todas las compañías norteamericanas de la isla." Los CAL se adjudicaron más de 45 actos terroristas, causando pérdidas de $15 millones, desde 1968 hasta 1972, cuando públicamente perdieron el apoyo político del MPI, que el ao anterior se se había convertido en el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP).

El 17 de julio de 1968, el CAL se adjudicó en su comunicado número 4, la destrucción de la nueva tienda Sears en Bayamón. Dos meses después, una activista del MPI, Providencia "Pupa" Trabal, de 42 años, fue acusada del intento de quemar una tienda, siendo vinculada al CAL. Su hijo, Néstor Riscoldo Nazario Trabal, es el actual Subsecretario General del PSP.

Agentes de inteligencia estimaron que existía un vínculo entre el MPI y el CAL, ya que todos los comunicados de dicho grupo fueron publicados en el periódico Claridad, órgano oficial del MPI. El entonces Secretario de Asuntos Laborales del MPI, Angel Marcial Agosto Agosto, quien en 1977 se incorporó a los Macheteros con el seudónimo "Mosquito," declaró que "los Comandos Armados de Liberación Nacional son quizás la más sustancial y efectiva organización armada pro independencia en Puerto Rico. Sus acciones están enmarcadas dentro del concepto de una lucha armada."

Un mes después que fue juramentado el gobernador Luis Ferré, fundador del Partido Nuevo Progresista, cuya meta es la estadidad norteamericana para Puerto Rico, los integrantes del MIRA públicamente iniciaron una desesperada campaña terrorista el 15 de febrero de 1969, colocando bombas en los cestos de basura del Banco de Fomento, del hotel Howard Johnson, hiriendo a dos mujeres, y de la estación de Tránsito de la Policía en Hato Rey, lesionando a un agente. Una semana después, detonaron un artefacto explosivo en las oficinas del Servicio Selectivo en Isabela.

El 10 de abril, el CAL estalló bombas en una tienda de ropa de mujer en Condado y en las oficinas de la IBM en Santurce, y advirtieron al gobernador Ferré que se preparara para una lucha más violenta. Nueve días después, las autoridades encontraron doce artefactos incendiarios en el hotel Caribe Hilton. La mecha que los iba a detonar juntos se había apagado.

El 28 de abril de 1969, fueron arrestados por los atentados del MIRA la mayoría de los dirigentes del PSO: Wilson Cortés Burgos, David Feliciano Feliciano, Pablo González Arce, Ramón Vargas Pérez, Billy Cajigas Soto, Manuel López López, Rafael Capella Rivera, Narciso Rabell Martínez y Roberto Todd Pagán, acusados de conspiración, uso de explosivos y destrucción de propiedad. Rabell alegó que estaba desempleado, trabajaba ocasionalmente de fumigador, lo mantenían su madre y su hermano, y que su esposa checoslovaca estaba en Cuba. González Arce, Secretario de Asuntos de Trabajadores del PSO, se convirtió en testigo de estado, resultando convictos sus compañeros en el Tribunal Superior de Aguadilla.

Todd Pagán, quien había viajado a Cuba en 1968, violó su fianza de $6,000 y se desaparecló. Lo representaba el Lcdo. Graciany Miranda Marchand ante otras tres infracciones a la Ley de Drogas y una acusación de escalamiento, cuando lo vieron tratando de forzar la puerta de una habitación en el hotel Americana el 8 de abril de 1969. Todd Pagán aún permanece fugitivo después de 18 años, y durante una época estuvo trabajando con la Sección del Hemisferio Occidental de la Policía Secreta de Alemania comunista.

El arresto del liderato del MIRA no impidió que el CAL siguiera operando, ya que el 15 de mayo de 1969 detonaron dos bombas en la reservación naval de Puerta de Tierra.

Filiberto Ojeda Ríos estuvo organizando células secretas del MIRA en Bayamón, Río Piedras y Nueva York, donde el 9 de diciembre de 1969 detonaron un artefacto explosivo en la biblioteca pública de Manhattan.

El 11 de diciembre de 1969, bombas del MIRA estallaron en los hoteles Americana, Racquet Club, Howard Johnson, Puerto Rico Sheraton, San Jerónimo Hilton y el bar Big Bamboo, frente a la base de la Marina en Miramar. Otro artefacto que no funcionó fue descubierto en el casino del hotel Condado Beach. Minutos antes de los ataques, dos terroristas armados entraron en Radio Uno y transmitieron una grabación que afirmaba: "una revolución contra el imperialismo yanqui comienza esta noche," y arengaba al pueblo a lanzarse a la calle a luchar. El gobernador Luis Ferré declaró, "es condenable que un grupo de hombres quieran alejar de Puerto Rico a los industriales y turistas para crear el caos y entonces ellos imponer sus normas."

Tres días después, fueron detenidos por dichos atentados el líder del grupo, Carlos Manuel Fonseca Orta, de 23 años, y su esposa Adelina Ramírez Rodríguez, 20; William Pintado Burgos, de 24 años; y Juan Antonio Castillo Ayala, 21. En una habitación de la calle Comerío en Bayamón, la Policía ocupó al MIRA un pequeño arsenal de armas, cocteles Molotov, y dispositivos electrónicos para explosivos. Pintado Burgos y Castillo Ayala violaron las condiciones de fianza y se fueron al clandestinaje con los fugitivos Filiberto Ojeda Ríos y Roberto Todd Pagán, contra quienes también se expidieron órdenes de

arresto.

El 21 de diciembre de 1969, los secuaces de Ojeda en Nueva York detonaron bombas de niple en la oficina del gobierno de Puerto Rico, en el Banco Crédito y la tienda Woolworth en la calle 14, y en una estación de la Policía. El 9 de febrero de 1970, el MIRA dejó artefactos explosivos en un hotel, en el local del Servicio Selectivo, y en el edificio de la General Electric en Manhattan, cuya bomba no estalló.

Uno de los integrantes de la célula de Nueva York del MIRA era Avelino "Tino" González Claudio, quien posteriormente fue fundador de los Macheteros junto con sus hermanos Norberto y Orlando. Avelino y Norberto actualmente están prófugos, acusados del robo de $7.2 millones de la Wells Fargo en Hartford, y sospechosos de haber disparado un cohete M-72 contra las oficinas del FBI en Hato Rey en 1983. El fiscal Roberto Farinacci Garcia, hermano del dirigente machetero Jorge Farinacci, el 28 de febrero de 1984 le concedió al terrorista Avelino el permiso PA84-540 para portar una pistola Browning 9 mm.

El primer asesinato político que fuentes de inteligencia atribuyen a Filiberto Oieda fue el del marino Ruben Humphrey, de 21 años, quien en la madrugada del 7 de marzo de 1970 regresaba con un grupo de compañeros a su barco en la bahía de San Juan. Ojeda, desde un auto en marcha con otros tres individuos, disparó un revólver calibre 38 contra los marinos, dándole a Humphrey un balazo en la cabeza y otro en el pecho. Esa misma noche, Oieda también tiroteó los edificios de vivienda familiar del personal de la base de Buchanan, sin causar heridos.

En una carta anónima enviada a Prensa Unida lnternacional, una organización revolucionaria que no se identificó, se responsabilizó del acto, para "vengar la muerte de la joven estudiante Antonia Martínez," quien murió tres días antes al ser alcanzada por un disparo a la cabeza mientras observaba los disturbios en la Universidad de Puerto Rico desde un balcón. Uno de los heridos en el motín fue Elizam Escobar, condenado en 1980 en una corte federal de Chicago a 60 años de presidio por los actos terroristas de la FALN. "Por cada estudiante que caiga morirán varios representantes de las Fuerzas Armadas, yanquis... pues las agresiones contra la masa estudiantil desarmada e indefensa - no quedarán impunes," terminó advirtiendo el comunicado.

Esta Ley del Talión, de "ojo por ojo y diente por diente," que caracteriza el pensamiento de Ojeda, se la atribuyó la FALN contra un policía neoyorquino en 1974 por la muerte de un músico boricua que se ahorcó en la cárcel, y en 1975 contra cuatro personas que murieron en Fraunces Tavern en Manhattan en represalia por una bomba que mató a dos comunistas en Mayaguez; el asesinato en agosto de 1978 de un policía en Naguabo, pueblo donde nació Ojeda, se lo adjudicaron los Macheteros como "una acción secundaria a una acción primaria que no se pudo realizar," que posiblemente consistía en un ataque a la base naval de Roosevelt Roads; el asesinato de dos marinos en Sabana Seca en 1979 al acusar a las autoridades de haber ahorcado en una prisión federal al subversivo Angel Rodríguez Cristóbal; y los disparos desde carros en marcha que mataron a un marino norteamericano en el Expreso de Loiza en 1981, y el ametrallamiento de tres marinos frente al Club Náutico el 18 de mayo de 1982, matando a uno de ocho balazos e hiriendo gravemente a los otros dos.

En marzo de 1970, un comunicado del MIRA amenazando que continuaría sus ataques "contra el imperialismo, su aparato represivo y su sistema de explotación," se atribuyó 19 actos terroristas en los previos 4 meses. El lro. de mayo, Día de los Trabajadores, MIRA detonó bombas en dos cines del Bronx, hiriendo a 11 personas.

Los Comandos Armados de Liberación (CAL) se adjudicaron el 28 de abril de 1970 haber colocado 54 bombas en las torres eléctricas y de comunicaciones en el área de el Yunque en Puerto Rico.

El 16 de mayo de 1970, la policía arrestó a Carlos Feliciano, de 41 años, cuando iba a colocar una bomba escondida dentro de una barra de pan, en la oficina de reclutamiento del ejército en el Bronx. Las autoridades, que hacía 5 semanas le seguían la pista, ocuparon otra bomba y una pistola en su carro y en su apartamento del 313 E. 118 St. en el barrio hispano, allanaron una fábrica de artefactos explosivos. La fiscalía señaló a Feliciano como miembro del MIRA vinculado a unos 35 atentados dinamiteros durante los previos siete meses, y dijo que estaba afiliado a "un gobierno extranjero," en referencia a Cuba.

Feliciano se declaró culpable de "descuido peligroso" (reckless endangerment) el 23 de marzo de 1972, y le anularon los cargos de intento de incendio, posesión de un arma y de explosivos, por el incidente en el Bronx. Su abogado, William Kunstler, lo describió como "un lider del Partido Nacionalista y un revolucionario desde los 19 años de edad." El 19 de septiembre de 1973, Feliciano fue convicto por posesión de la bomba que no detonó en el edificio General Electric en 1970, siendo enviado a presidio dos años, y saliendo en libertad el 9 de julio de 1975.

Feliciano regresó a Puerto Rico y fue nombrado presidente del Partido Nacionalista, lo cual creó un conflicto con los dirigentes de la vieja guardia como Julio Pinto Gandía, quienes criticaban a los militantes jóvenes por fumar marihuana y ser irrespetuosos. En marzo de 1937, siendo presidente del Partido Nacionalista, Pinto Gandía desafió a la policía dando una orden de marcha a sus partidarios, que provocó la llamada Masacre de Ponce, con un saldo de 21 muertos y 150 heridos. El 18 de septiembre de 1976, Pinto Gandía desapareció de su apartamento donde vivía solo, dejando atrás una cuenta bancaria de

$23,000. Un agente de inteligencia estima que el viejo nacionalista fue asesinado por sus opositores jóvenes dentro del partido, quienes no han mencionado más el caso.

El MIRA fue finalmente desarticulado en Puerto Rico el 31 de julio de 1970 con los arrestos por conspiración de Narciso Rabell Martínez, de 37 años; Ramón Vargas Pérez, 29; Evangelista González Rivera, 45; Wilson Cortés Burgos, 27; Jaime Agudo, 45; Deogracia Alvarez Cintrón, 59; Franco Domingo Ramos Rodríguez, 29; Luis Antonio Santiago González, 26; Ambrosio Vázquez García, 50; Antonio Alicea Valdera, 39; y José Miguel Castillo Vega, 47, padre del prófugo Juan Antonio Castillo Ayala, contra quien también se expidió orden de arresto. Posteriormente fueron detenidos por la misma causa M70-2144 al 2163 del Tribunal de San Juan, a José González Cruz, 37, el 29 de septiembre de 1970; y en 1971 a Antonio Román, Carlos Manuel Fonseca, Adelina Ramírez Rodríguez, y Federico Barreto Serrano. Otros acusados en el caso fueron los fugitivos Filiberto Oieda Ríos, Roberto Todd Pagán y William Pintado Burgos. En la vista preliminar se reveló que el policía Rafael Antonio Nieves había estado infiltrado en el MIRA desde abril a diciembre de 1969.

El cuartel general del MIRA eran unas habitaciones al fondo de la Floristería Esther, Calle Comerío número 140, Bayamón, cuyo propietario Antonio Alicea Valdera habla instalado un sistema de alarma eléctrico para avisar a los conspiradores de la presencia de gente sospechosa en el negocio. Allí, Juan Castillo Ayala preparó doce artefactos explosivos con dos cajas de dinamita que le entregó su padre José Castillo Vega.

La especificación de particulares de la fiscalía serñaló que Castillo Ayala propuso "la posibilidad de conseguir planos del alcantarillados debajo de La Fortaleza y la Guardia Nacional con el propósito de colocar artefactos explosivos debajo de esas estructuras," y "se planeó la visita del grupo completo a Cuba para obtener adiestramiento en sabotaje a realizarse en Puerto Rico."

Los documentos judiciales indican que Narciso Rabell Martínez, "el 30 de junio de 1969, en su calidad de miembro del Estado Mayor del Movimiento lndependentista Revolucionario Armado (MIRA) y junto a Roberto Todd Pagán y Filiberto Ojeda Ríos, ordenó a William Pintado Burgos (también del Estado Mayor) que se trasladara a Nueva York para establecer contacto con la delegación cubana a las Naciones Unidas para obtener armas y explosivos." Posteriormente "se decidió además que Rafael A. Nieves se iría de su casa para unirse a un cubano que había llegado para establecer un taller de armas y explosivos."

Los últimos atentados que realizaron el 11 de diciembre habían sido aplazados dos semanas "porque los dirigentes Roberto Todd y Filiberto Ojeda Ríos enviaron un emisario a Nueva York para tratar de conseguir un ataque al mismo día por el grupo de Nueva York. Se perseguía atraer atención intemacional. Se planeó en esa ocasión los medios de transportación y el tamaño de cada artefacto explosivo... Cada artefacto tenía escrito el nombre del objetivo en el cual se iba utilizar."

"La vieja guardia del Partido Nacionalista fue la que protegió y mantuvo escondido a Filiberto Ojeda en la isla, mientras su esposa y cuatro hijos estaban en Cuba," nos dice un policía retirado que participó en su arresto. "A través de confidencias, supimos que el "G-2 Cubano" estuvo escondido en casa de Juanita Ojeda en Puerto Nuevo. Después nos enteramos que dos fugitivos dormían de día en el apartamento de un matrimonio en la calle Comerío en Bayamón, y salían por la noche. Un informante señaló que uno de ellos le sacaba música a una trompetita de juguete, por lo que determinamos que ése era Ojeda. Cuando allanamos el lugar, ya él y Roberto Todd se habían desaparecido."

Las autoridades recibieron una confidencia de que Ojeda se escondía en la residencia del nacionalista Saturnino "Don Tuno" Laboy en el barrio Charcas de Quebradillas, donde lo fueron a buscar el 10 de octubre de 1970. "Unos 18 agentes llegamos allí en dos "vans" al mediodía. Era una casa de campo, y se acostumbraba dejar la puerta abierta. Cuando entramos corriendo, Ojeda estaba sentado en la sala y trató de ir hacia un cuarto, pero lo cogimos." El policía retirado hace unos años añade que "le ocupamos un revólver 38 y un extenso documento en clave para el gobierno cubano detallando la situación en Puerto Rico de todos los partidos políticos, incluyendo los independentistas y socialistas." También confiscaron unos manuales

hechos en Cuba sobre fórmulas y artefactos explosivos, los cuales fueron presentados como evidencia ante el Comité Judicial del Senado en Washington el 16 de marzo de 1971. Ojeda fue acusado de conspiraci6n y doce cargos de violaciones a las leyes de armas y explosivos, por los atentados de diciembre de 1969.

Ojeda fue representado en la vista de fianza el día 17 por los abogados J. Ríos Viera, Luis Abreu Elias y Roberto José Maldonado, estos dos últimos volvieron a defenderlo cuando fue detenido en 1985, acusado del robo de $7.2 millones de la Wells Fargo, Connecticut. Al siguiente año, Maldonado fue arrestado y acusado de pertenecer a los Macheteros.

El también ya retirado capitán José Enrique Sánchez, de la División de Inteligencia Criminal de la Policía, quien estuvo infiltrado en el Movimiento Pro Independencia (MPI) al extremo de que lo iban a mandar a estudiar a Praga y la China, testificó que cuando é1 dirigió el operativo de arresto contra Ojeda, le ocuparon una lista del MIRA de los altos funcionarios gubernamentales, incluyendo al Superintendente de la Policía, a quienes iban a asesinar. Sin embargo, el juez Edwin Meléndez Grillasca, del Tribunal Superior, Sala de Bayamón, le fijó al más notorio terrorista puertorriqueño la leve flanza de $4,000 en efectivo y $8,000 en una garantía que firmó Wilbardo Ojeda, hermano del acusado.

Los hijos del juez son los subversivos Edwin y Héctor Meléndez Lugo, miembros del Comité Central del PSP. Héctor perteneció al MPI, fue dirigente de la FUPI, y redactor del semanario comunista Claridad durante 10 años. "Edwin fue arrestado en 1975 en el Barrio el Plátano en Luquillo junto con el machetero Elías Castro Ramos, Luis Medina del PSP, y una mujer, mientras trasladaban de un vehículo a una casa parte de las 3,600 libras de iremita robadas el año anterior a la compañía Ireco Caribbean en Manatí," señala el policía retirado que durante muchos años persiguió a los terroristas. "Surgió un tiroteo, y ellos, por temor a que fueran a detonar los explosivos, se rindieron. Otro subversivo logró escapar, pero pudimos identificario. Otra parte de esos explosivos luego se usaron al siguiente año contra las torres eléctricas durante el conflicto laboral."

Al lograr la fianza, Ojeda inmediatamente se esfumó, siendo declarado fugitivo el 2 de noviembre de 1970, al no comparecer ante una vista judicial. Su furia se hizo sentir el día 14 de ese mes, al estallar bombas en cinco establecimientos de San Juan, antes de volver a irse a Nueva York.

Los casos pendientes contra Ojeda fueron desestimados aún cuando era prófugo de la justicia. El 15 de julio de 1974, el Juez Superior de San Juan Carlos Maldonado Casillas archivó el caso M70-2144 al 2163 contra los fugitivos Ojeda Ríos, Todd Pagán, Castillo Ayala y Pintado Burgos, y el resto de los integrantes del MIRA arrestados en julio de 1970.

El 26 de febrero de 1981, el Juez Superior William Fred Santiago ordenó que se archivaran los doce cargos de violación a las leyes de armas y explosivos pendientes contra Ojeda desde 1969, en la causa G70-3074 al 3080, a pesar de las objeciones de la fiscalía, que consta en la minuta de sentencia del expediente. Fred Santiago, señalado como simpatizante de los separatistas, cobró notoriedad al ser nombrado en 1985 Fiscal Especial Independiente y llevar un caso que perdió contra Alejandro.González Malavé y qtros policías implicados en el caso del Cerro Maravilla, renunciando al cargo poco después.

El 18 de marzo de 1971 fueron detenidos en Manhattan, Eduardo Cruz, de 22 años, y Wilfredo Meléndez, 21, tras una infracción de tránsito, cuando la policía ocupó varios artefactos explosivos en cajetillas de cigarrillos, similares a los del MIRA, al que fueron afiliados por la fiscalía, y se les sospechó de la explosión,en la tienda B. Altman ese mismo día. El 14 de.diciembre de ese año, Cruz fue sentenciado a 7 años de presidio, y Meléndez a 5 años, ya que el juez señaló que la evidencia se limitaba a la posesión de explosivos y no hubo pruebas para implicarlos en los atentados del MIRA.

El día de Nochebuena de 1972, el MIRA detonó artefactos explosivos en cajetillas de cigarrillos en las tiendas Gimbels, Bergdorf Goodman y Bonwit Teller en Manhattan. Ese mismo fin de semana, bombas similares estallaron en el supermercado Pueblo de Monte Mall y Sears de Hato Rey, Puerto Rico. El 14 de febrero de 1973, Día de los Enamorados, las autoridades desmantelaron un artefacto incendiario en la tienda Alexander's en Manhattan. Los terroristas aparentemente escogieron esos días de fiesta ya que había más público comprando regalos.

La conexión entre Cuba y los terroristas boricuas fue señalada en el Reporte Anual del Buró Federal de lnvestigaciones (FBI) de diciembre de 1973, página 36: "Una cuenta actual demuestra que aproximadamente 135 dirigentes de grupos subversivos independentistas puertorriqueños han viajado a Cuba comunista para adoctrinamiento y/o entrenamiento. Muchos de ellos recibieron instrucción extensiva en tácticas de guerra de guerrillas, preparación de artefactos explosivos y métodos

sofisticados de sabotaje."

"Una gran mayoría de personas entrenadas han enseñado a otros después de volver a Puerto Rico y han realizado actos de sabotaje allí. Docenas de estos individuos actualmente esperan juicio por violaciones a las leyes de explosivos de Puerto Rico o están siendo buscados como fugitivos por tales violaciones."

(En la próxima edición: Neutralizan la FALN.)

La Crónica Gráfica

(San Juan) 1987

Entrenados en Cuba:

El Terrorismo de la FALN en EE.UU.

Por Armando André

(Segundo de una serie de seis artículos)

En 1973, los grupos terroristas puertorriqueños Movimiento Independentista Revolucionario Armado (MIRA) y los Comandos Armados de Liberación (CAL), habían sido neutralizados. El MIRA fue infiltrado por el policía Rafael Antonio Nieves, produciendo acusaciones por conspiración contra 20 de sus miembros, y el CAL se disolvió después que el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP) se acogió a la vía electoral y públicamente les retiró su apoyo tras la colocación de dos bombas el 20 de mayo de 1972 en el hotel Cerromar de Dorado durante el certamen de Miss U.S.A.

En 1974, Filiberto Ojeda Ríos, el "padrino" del terrorismo puertorriqueño y fundador del MIRA, reagrupó en Nueva York a los elementos expertos más decididos del MIRA y el CAL, para crear las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), con la asistencia de la misión cubana ante las Naciones Unidas, a través de Julián Torres Rizo, oficial de la Dirección General de Inteligencia (DGI) y Primer Secretario de la misión cubana en Nueva York hasta 1978, quien al siguiente año fue designado Embajador en Granada hasta la invasión norteamericana en 1983, cayendo en desgracia por su cobardía.

La intención de la FALN era "combatir al imperio desde adentro y con todas las armas," según declaró el terrorista William Morales, y obtener con sus actos violentos más publicidad internacional de la que habían logrado limitando sus acciones a Puerto Rico. "Otro propósito de la FALN era que el pueblo americano le cogiera odio a los puertorriqueños en Estados Unidos por los actos terroristas, y al estos sentirse discriminados, se identificarían con la independencia de Puerto Rico," señala un policía puertorriqueño de la División Antiterrorista.

El 26 de octubre de 1974, en conmemoración de la insurrección nacionalista de 1950, la FALN realizó cinco atentados dinamiteros contra las oficinas de bancos y corporaciones norteamericanas en Nueva York, caracterizando sus bombas con tanques de gas propano para aumentar la fuerza de expansión y dejándolas dentro de bolsas de aerolíneas. "Hemos abierto dos frentes. Uno en Puerto Rico y el otro en Estados Unidos," afirmaron en su primer comunicado, donde admonestan el rechazo del PSP en 1972, afirmando, "para ser verdaderamente revolucionario, un partido debe educar y organizar las masas para tomar el poder a través de un vehículo organizado y disciplinado, un Ejército Revolucionario del Pueblo. Un partido que falla en hacer esto cae en el reformismo y se convierte en un agente de la burguesía para continuar la explotación y opresión del pueblo."

La FALN también se acreditó las bombas que estallaron en las tiendas de Manhattan el Día de Nochebuena de 1972 y el Día de los Enamorados de 1973, que por su método de operación en aquella ocasión las autoridades las atribuyeron al MIRA, y las explosiones en la estación de Policía y la Alcaldía de Newark, New Jersey, el 28 de septiembre de 1974, en venganza de la "represión" policiaca contra los manifestantes hispanos en los disturblos callejeros en Newark que había incitado el PSP.

El 11 de diciembre de 1974, la FALN colocó una bomba trampa detrás de la puerta de un edificio abandonado en el 336 E. 110 Street, en el barrio hispano, a ocho cuadras de donde vivió el dirigente del MIRA Carlos Feliciano Vásquez, y una mujer llamó a las autoridades reportando que allí había un cadáver. El policía puertorriqueño Angel Felipe Poggi, de 22 años, perdió un ojo y recibió graves lesiones en la explosión, al abrir la puerta de entrada. El segundo comunicado de la FALN. señaló que esa era "la respuesta del pueblo puertorriqueño al asesinato brutal de Martín (Tito) Pérez por los animales sadistas del Precinto 25 el domingo, Dic. 1, 1974." Pérez, un músico boricua de 31 años, fue arrestado junto con otras dos personas por conducta desordenada, y se ahorcó con un cinturón al ser dejado olvidado en una celda. Después de una investigación de un mes, donde fueron interrogados 18 testigos, un gran jurado determinó que la muerte de Pérez fue suicidio.

El atentado más notorio de la FALN fue la explosión de una bomba en un maletín que dejaron en un pasillo del restaurante Fraunces Tavern en el área de Wall Street en Nueva York, el 24 de enero de 1975, durante la congestionada hora de almuerzo, matando a cuatro personas e hiriendo a otras 55. En el comunicado No. 4, el Comando Central de la FALN dice, "los blancos de nuestro ataque eran los banqueros, bolsistas, e importantes ejecutivos corporativos de monopolios y corporaciones multinacionales. Estos no son amigos de la clase trabajadora. Pero los enemigos de la humanidad en todas partes." También culpan a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) por la detonación de una bomba en un acto socialista en Mayagüez.que mató a dos subversivos.

El boceto de la policía de uno de los dos sospechosos del ataque a Fraunces Tavern demuestra los prominentes rasgos faciales de Ojeda, y el otro boceto se parece a Roberto José Todd Pagán, fundador del MIRA, que aún permanece fugitivo. Oieda regresó a Puerto Rico en 1976 para fundar el Ejército Popular Boricua - Macheteros, al que aludía en el primer comunicado de la FALN.

El 2 de abril de 1975, la FALN detonó cuatro bombas en Manhattan, hiriendo a dos transeuntes. En el primer aniversario de la FALN, el 26 de octubre de ese año estallaron 12 bombas casi simultaneamente en edificios públicos y comerciales en Nueva York, Chicago y Washington.

El 19 de noviembre de 1975, el fugitivo del MIRA, Juan Antonio "Papo" Castillo Ayala, alias "Víctor Flecha," quien había estado trabajando de mozo en un colegio rabínico, fue arrestado por el FBI en Nueva York. Le ocuparon manuales de guerra del ejército y recortes de periódico sobre los recientes atentados de la FALN. Castillo fue puesto en libertad el 25 de enero de 1976 ya que el caso M70-2144 al 2163 pendiente en Puerto Rico desde 1970, había sido archivado el 15 de julio de 1974 por el Juez Superior de San Juan, Carlos Maldonado Casillas. Castillo regresó a la isla, donde Filiberto Ojeda lo incorporó a los Macheteros.

Al día siguiente de la captura de Castillo, la oficina del gobernador Rafael Hernández Colón, emitió un comunicado señalando a Filiberto Ojeda como miembro de la FALN "entrenado en sabotaje y terrorismo en Cuba," añadiendo que la FALN consistía de 10 miembros organizados en células de tres personas en Nueva York, Chicago y Washington, y que estaban en contacto con los terroristas norteamericanos del Weather Underground y con la Dirección General de lnteligencia (DGI) de Cuba.

La FALN había realizado 60 atentados dinamiteros desde 1974 hasta el 3 de noviembre de 1976, cuando la policía de Chicago ocupó una de sus casas de seguridad en el 26-59 Haddon Avenue, donde habían documentos de la FALN, 211 cartuchos de dinamita y 50 libras de nitrato de carbón, después que un drogadicto que estaba vendiendo dinamita en la calle señaló a las autoridades el lugar que escaló para adquirirla. A través de las huellas digitales ocupadas, se emitieron órdenes de arresto contra el jefe de la FALN Oscar López Rivera, de 33 años; su esposa Ida Luz "Lucy" Rodríguez, 26; el lugarteniente de la FALN, Carlos Alberto Torres, 24; y su esposa Marie Haydée Beltrán Torres, 21,.quienes se fueron todos al clandestinaje. "Lucy" Rodríguez trabajó para la Agencia de Protección Ambiental del gobierno federal, y nunca había estado en Puerto Rico, igual que la mayoría de los miembros de la FALN que nacieron en Estados Unidos y se sentían frustrados y marginados de la sociedad norteamericana.

Los terroristas puertorriqueños, muchos de los cuales estaban desempleados, vivían del narcotráfico, los asaltos a bancos y carros blindados, y varios secuestros de ricos delincuentes boricuas como Raymond Márquez, el "Rey de la Bolita" en el barrio hispano de Nueva York, quien tuvo que pagar a la FALN un jugoso rescate por su libertad. El FBI y la Policía de Chicago establecieron una conexión entre Carlos Alberto Torres y el narcotraficante cubano Luis "Cuba" Valdez, distribuidor de la droga proveniente de Cuba, según reportó el Chicago Sun-Times, abril 16, l979, página 14.

Carlos Alberto Torres nació en Ponce el 19 de septiembre de 1952, y de niño se trasladó a Nueva York con sus padres y sus dos hermanas y luego a Chicago. En 1973 fue arrestado dos veces por conducta desordenada durante manifestaciones en Chicago. Su padre, el reverendo José A. Torres, es pastor de la Primera Iglesia Congregacional de Chicago. Carlos Alberto Torres expresó interés en ser sacerdote episcopal, por lo que la parroquia de su padre le dió una carta de referencia con la que se asoció a la Comisión Nacional de Asuntos Hispanos de la Iglesia Episcopal, que desde 1972 dirigía la chicana María T. Cueto en Nueva York.

En la guarida de la FALN en Chicago, las autoridades ocuparon una carta de Torres a Cueto, por lo que ella y su secretaria Raisa Nemikin fueron citadas a comparecer ante un gran jurado federal en Nueva York investigando la FALN. Ambas fueron representadas por las abogadas Margaret Ratner y Elizabeth Fink del subversivo Center for Constitutional Rights. Al negarse a testificar, Nemikin y Cueto fueron encarceladas en febrero de 1977 durante 10 meses por desacato judicial. El obispo de la Iglesia Episcopal de Puerto Rico, Francisco Reus Froilán, activista de las causas izquierdistas, salió en defensa de Cueto.

Cueto alegadamente usaba su puesto para canalizar dinero de la Iglesia Episcopal a grupos terroristas, incluyendo la FALN, y le costeaba los gastos de viajes a Torres como miembro sin sueldo de la Comisión. En una entrevista en el San Juan Star, agosto 12, 1984, página 18, cuando cumplía una segunda condena por desacato criminal, la mexicana-americana dijo, "encontré que lo que el gobierno estaba haciendo a mi gente era lo mismo que le estaba haciendo a los puertorriqueños en el Este. El gobierno tiene un plan deliberado, y es una cuestión de luchar contra el genocidio. Por lo tanto, la FALN tiene un derecho legitimo de existir."

La dinamita ocupada a la FALN en Chicago fue rastreada hasta un área de construcción en Denver, Colorado, donde reside el chicano marxista Ricardo Romero, miembro fundador de la Comisión Nacional de Asuntos Hispanos de la Iglesia Episcopal. Explosivos usados por la FALN en bombas colocadas en Nueva York y Chicago fueron robados cerca de Tierra Amarilla, Nuevo México, foco de actividad política de chicanos izquierdistas como Pedro Archuleta, quien también pertenecía a la Comisión.

Archuleta, representado por el abogado José "Abby" Lugo, defensor de los Macheteros, en junio de 1977 fue encarcelado 10 meses por desacato judicial ante un gran jurado federal de Nueva York cuando se negó a contestar las siguientes preguntas: "¿Sabe usted cual es el origen de los explosivos que se emplearon en la acción terrorista perpetrada contra Fraunces Tavern? y ¿Robó usted dinamita de las obras de construcción en Heron Dam, cerca de Parkview, Nuevo México?"

En junio de 1977, activistas boricuas ligados a la FALN y chicanos izquierdistas crearon el Movimiento de Liberación Naclonal (MLN) que actualmente dirige el puertorriqueño Julio Rosado Ayala en Nueva York, quien fue reportero del San Juan Star, y junto con su hermano Luis, pertenecía a la Comisión Nacional de Asuntos Hispanos de la Iglesia Episcopal. Al poco tiempo, los hermanos Andrés, Julio y Luis Rosado Ayala, todos veteranos del ejército norteamericano, fueron encarcelados 10 meses por desacato judicial al negarse a permitir que les tomaran pruebas de la voz, las huellas digitales y sus trazos caligráficos, para compararlos con grabaciones de mensajes telefónicos y comunicados de la FALN atribuyéndose atentados dinamiteros. Los Rosado fueron representados por el izquierdista William Kunstler, quien defendió al terrorista Carlos Feliciano Vásquez del MIRA, y actualmente es abogado del jefe machetero Filiberto Ojeda, arrestado el 30 de agosto de 1985 por el robo de $7.2 millones de la Wells Fargo en Hartford, Connecticut.

El vinculo de la FALN con los mexicano-americanos marxistas se evidenció en su comunicado No. 5 del 15 de junio de 1975, adjudicándose la bomba que no detonó en el edificio federal de Chicago, contra las oficinas del "Departamento de Inmigración que actualmente esta tratando de culpar a nuestros hermanos y hermanas chicanos por los fallos del sistema económico. Esta agencia es responsable por la deportación masiva y acciones represivas contra nuestros trabajadores y mexicanos."

El 3 de agosto de 1977, Marie Beltrán Torres dejó una bomba dentro de una sombrilla en la oficina de empleo de la Mobil Oil en Nueva York, que decapitó a un hombre e hirió a varias personas. Una de sus huellas digitales apareció en la solicitud de empleo que entregó con un nombre falso como pretexto para entrar en el edificio.

El próximo golpe a la FALN ocurrió el 12 de julio de 1978, cuando a William Morales, de 28 años, le estalló una bomba que preparaba, cercenándole las manos, cegándole un ojo y desfigurándole el rostro. Morales había sido compañero de escuela de Luis Rosado, y su esposa Dylcia Noemí Pagán lo involucró en el activismo político. En su apartamento del 26-49 96 Street, Queens, las autoridades ocuparon 66 cartuchos de dinamita, 530 libras de químicos, tanques de gas propano como los usados por la FALN en sus bombas, mecanismos de tiempo, armas, mil libras de municiones, y comunicados de la FALN, entre otras cosas. También confiscaron dinero y equipo perteneciente a la Comisión Nacional de Asuntos Hispanos de la Iglesia Episcopal, a la cual Morales perteneció en 1975.

Morales, quien no presentó defensa al declararse "prisionero de guerra," fue sentenciado de 29 a 89 años de presidio y logró escapar del hospital Bellevue el 21 de mayo de 1979 con la ayuda de su abogada comunista, la activista lesbiana Susan Tipograph, quien alegadamente le proveyó un alicates y coordinó que lo esperaran en un auto miembros de la Organización Comunista 19 de Mayo y del Ejército Negro de Liberación (BLA).

Después del triunfo de la revolución Sandinista en Nicaragua en julio de 1979, Filiberto Ojeda recibió órdenes de Cuba para consolidar a todos los grupos terroristas puertorriqueños en un solo mando directivo, igual que el régimen de La Habana había logrado la unidad de los sandinistas y posteriormente de las diferentes guerrillas salvadoreñas. El Departamento América del Partido Comunista cubano quería bregar con una sola representación boricua por razones de seguridad y para canalizar sus labores. Como resultado, en septiembre de 1979, en una reunión entre Ojeda, Juan A. Corretjer y Federico Cintrón Fiallo, jefe de las Fuerzas Armadas de Resistencia Popular (FARP), crearon el Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños (PRTP), que incorporaba la FARP, la FALN, el Ejército Popular Boricua--Macheteros, y la Organización de Voluntarios por la Revolución Puertorriqueña (OVRP).

La primera acción coordinada del mando directivo fue las detonaciones de ocho bombas en Puerto Rico, Chicago y Nueva York el 17 de octubre de 1979.

La FALN tuvo su mayor revés el 4 de abril de 1980, cuando once terroristas que se habían robado una camioneta esa manana, fueron detenidos mientras aguardaban asaltar un camión blindado en la Universidad Northwestern en Evanston, Illinois. Carlos Alberto Torres, su esposa Marie Haydée Beltrán Torres, Ida Luz Rodríguez, (esposa del jefe de la FALN Oscar López Rivera), Dylcia Noemí Pagán (esposa de William Morales), Alicia Rodríguez, Carmen Hilda Valentín, Ricardo Jiménez, Elizam Escobar, Adolfo Matos, Luis Rosa y Alfredo "Freddie" Méndez, quienes se declararon "prisioneros de guerra," se negaron a comparecer a juicio, y le gritaron "payaso" y "títere" al juez que los sentenció de 55 a 90 años de presidio. "Lo único que siento es no poder darles la pena de muerte," les respondió el magistrado.

La licencia de conducir de Ida Luz Rodríguez tenía la dirección de una casa en Milwaukee, Wisconsin, donde residía con su esposo Oscar López Rivera, jefe de la FALN, quien logró evadirse antes que las autoridades allanaran el lugar. Allí ocuparon un rifle que había sido robado de una armería de la Guardia Nacional en Oak Creek, Wisconsin, y un disfraz de cartero usado en el asalto a un camión blindado en Milwaukee el 24 de diciembre de 1979. El fugitivo William Morales dirigió el operativo contra la armería, pero no pudieron obtener más armamentos porque no aparecieron dos miembros de la FALN supuestos a llevar ametralladoras y explosivos para volar una puerta interior. El FBI también ocupó el apartamento de Carlos Alberto Torres y Marie Haydée Beltrán en Jersey City, New Jersey, y encontraron una lista con los nombres de 100 ejecutivos de corporaciones norteamericanas, para posibles secuestros por rescate.

William Morales optó por huir a México en septiembre de 1980, y "Freddie" Méndez, quien no sabía hablar español, comenzó a cooperar con el FBI el 3 de mayo de 1981, para que le rebajaran su condena de 75 años a 20. Méndez delató los métodos de operación y las.casas de seguridad de la FALN, en las que los terroristas fabricaban escondites para las armas, explosivos, uniformes y documentos tras paneles falsos en los pisos y las paredes, en los marcos de las puertas, debajo de las sillas y dentro de televisores.

Oscar López Rivera, el jefe de la FALN, fue detenido el 29 de mayo de 1981 por la policía de tránsito de Glenview, un suburbio de Chicago, al no parar su auto en una intersección y doblar equivocadamente. Se ocupó una pistola en el carro, y fue arrestado con su acompañante Wilfredo Santana Pinto, quien fue puesto en libertad y desde 1985 se ha desaparecido. López Rivera fue convicto a 55 años de presidio con el testimonio de "Freddie" Méndez.

Méndez declaró que fue reclutado para la FALN por el profesor José López Rivera, hermano del jefe de la FALN, cuando estudiaba en Northeastern Illinois University. Las terroristas Ida Luz Rodríguez y Carmen Hilda Valentín también asistieron a dicha universidad, mientras Carlos Alberto Torres, Marie Haydée Beltrán, Alicia Rodríguez y Luis Rosa estudiaron en la Universidad de Illinois - Circle Campus.

En su testimonio, Méndez señaló que las decisiones para las grandes operaciones terroristas en Estados Unidos necesitan la aprobación del Comando Central de la FALN, que lo incorporaban Julio Rosado Ayala, dirigente del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) en Nueva York; el profesor José López Rivera en Chicago; y el fallecido Juan Antonio Corretjer Montes, quien era secretario general de la Liga Socialista Puertorriqueña (LSP) en San Juan. También dijo que los miembros de la FALN en Chicago usaban máscaras cuando se reunían, y a veces hasta dormían con ellas, para ocultar su identidad entre ellos mismos.

Algunos estudiosos ven un paralelo entre los miembros de la FALN y los terroristas rusos del Siglo XIX que lucharon contra el Zar Alejandro II. Estos en su mayoría eran intelectuales empeñados en la lucha por la igualdad de justicia, dedicados a principios humanísticos, quienes convirtieron sus frustraciones en militancia política, terrorismo y el asesinato del zar con una bomba en 1881.

Los puertorriqueños de la FALN se criaron en los barrios hispanos pobres en Nueva York y Chicago, cursaron estudios universitarios y al desencantarse con su labor social en la comunidad, desahogaron sus frustraciones con el terrorismo.

Marie Haydée Beltrán admitió en una entrevista en el San Juan Star sept. 16, 1984, página 34, que "trabajando en la comunidad, uno ve que no se logran los cambios que crees que son necesarios... y la pobreza que uno ve lo hace más así. Mi madre fue humillada tantas veces." William Morales declaró en el semanario comunista Claridad, mayo 31, 1985, p. 4: "Nueva York es una ciudad racista... Vivíamos como pueblos cautivos dentro del Imperio. Al lado del Barrio había un asentamiento de clase media... en ese barrio de clase media se reprimía el tráfico de drogas y en el nuestro se alentaba. Como excusa para reprimir. Para justificar esa presencia continua de la policía que está para impedir que te organices."

La FALN volvió a surgir en Nueva York el 28 de febrero de 1982 bajo el mando de Luis Rosado Ayala, con cuatro dinamitazos en el distrito financiero de Wall Street. Rosado aún permanece prófugo por un asalto y secuestro en Chicago en diciembre de 1980.

La reactivación de la FALN se debió a la coordinación de sus actividades con los grupos terroristas norteamericanos, Organización Comunista 19 de Mayo (una facción del Weather Underground) y Ejército Negro de Liberación (BLA), que ayudaron en la fuga de William Morales. En marzo de 1982, el FBI encontró en una casa clandestina rentada en Pittsburgh por Nathaniel Burns, del BLA, las huellas digitales de Julio Rosado Ayala, de la FALN, de Joanne Chesimard, dirigente del BLA y prófuga del presidio desde 1979, y del abogado subversivo Michael Deutsch, defensor de varios miembros de la FALN y del machetero Orlando González Claudio.

El 19 de septiembre de 1982, la FALN detonó un artefacto explosivo frente a un banco en Nueva York, y el 31 de diciembre de ese año estallaron bombas nocturnas en el cuartel general de la Policía de Nueva York, en el Centro de Corrección federal, en el edificio de oficinas federales, en el Tribunal Federal de Brooklyn, y un quinto artefacto fue neutralizado. Un policía perdió una pierna y dos del equipo de desmantelación de explosivos fueron gravemente heridos, con pérdida parcial de los dedos y la vista. Luis Rosado Ayala fue identificado por "Freddie" Méndez como el que Ilamó a una estación de noticias para atribuirle a la FALN los atentados.

Dos semanas antes de esas explosiones, el 17 de diciembre de 1982, Julio Rosado Ayala visitó Puerto Rico y fue fotografiado por agentes de inteligencia cuando se reunía con el terrorista Juan A. Corretjer, comandante de los Macheteros, miembro del Comando Central de la FALN y dirigente de la Liga Socialista Puertorriqueña (LSP); con el dominicano Federico Cintrón Fiallo, jefe de las Fuerzas Armadas de Resistencia Popular (FARP), y militante del Comité Unitario Contra la Represión (CUCRE) y de la LSP, arrestado en 1976 por robo bancario; y con Carlos Noya Murati, militante del CUCRE y de la LSP.

El 16 de febrero de 1983, fueron convictos por desacato criminal ante el gran jurado que investigaba la FALN y sentenciados a 3 años de presidio los puertorriqueños Esteban Guerra, los hermanos Andrés y Julio Rosado Ayala, y los chicanos Ricardo Romero y María Cueto, todos miembros de la Comisión Nacional de Asuntos Hispanos de la Iglesia Episcopal. Las huellas digitales de dos de los acusados y un arma comprada por Andrés Rosado fueron encontradas en el apartamento de seguridad de la FALN donde le estalló la bomba a William Morales.

El gran jurado federal de Brooklyn citó a Noya y a Cintrón a una comparecencia en marzo de 1983, en la que se negaron a testificar. Al siguiente año fueron juzgados por desacato criminal y condenados a dos años de presidio, saliendo ambos en libertad a fines de 1985.

El 26 de mayo de 1983, William Morales fue detenido en un café en Puebla, México, donde esperaba una llamada telefónica de Chicago. Surgió una balacera donde murieron su guardaespaldas Adelaido Villalfranco Contreras y un policía. En un tiroteo posterior en la residencia de Morales en Cholula, murió su amante Patricia Judith Vidrio Anguiano, y el hijo de ella, de 13 años, resultó herido, mientras otros dos terroristas escaparon.

Morales se quejó que firmó (aunque no tiene manos) una confesión y dos documentos jurídicos después que fue golpeado y torturado con choques eléctricos por las autoridades mexicanas. La confesión señala que Morales y sus compinches habían ido a Puebla para poner bombas en una reunión de legisladores mexicanos y norteamericanos. El 11 de diciembre de 1984, Morales fue sentenciado a 12 años de presidio en México por homicidio, y después que cumpla esa condena tiene pendiente una orden de extradición a Nueva York donde le espera la de 29 a 89 años.

Otro golpe mortal a la FALN ocurrió el 29 de junio de 1983, con el arresto en Chicago de Alejandrina Torres (esposa del reverendo José A. Torres y madrastra de Carlos Alberto Torres), Edwin Cortés, Alberto Rodríguez y José Luis Rodríguez, y el allanamiento de dos apartamentos de seguridad, donde ocuparon armas, miles de balas, documentos de identificación falsos, chalecos a prueba de bala, disfraces, 24 detonadores y 21 libras de dinamita. El FBI tuvo los lugares bajo vigilancia por seis meses con micrófonos y una cámara que tomó 130 horas de video. Agentes del FBI alquilaron un apartamento adyacente y filmaban cada vez que los oían entrar. Desde uno de los teléfonos interceptados, Alejandrina Torres llamó a William Morales a Puebla el 19 de mayo, efectuando así la pista que condujo a su arresto.

Torres, Cortés y Alberto Rodríguez asumieron su propia defensa y dijeron que no reconocían la autoridad de las cortes norteamericanas. El cuarto acusado, José Luis Rodríguez, sostuvo que no era miembro de la FALN. El 4 de octubre de 1985, Torres, Cortés y Adalberto Rodríguez fueron sentenciados a 35 años de prisión por posesión de armas y explosivos y conspiración para atacar dos instalaciones militates en Chicago y la planificación del asalto de un colector de tarifas del tránsito público para financiar sus actividades, mientras José Luis Rodríguez fue sentenciado a 5 años de probatoria por

conspiración sediciosa. Parte de la evidencia incluyó el testimonio de "Freddy" Méndez y un video que demuestra a Edwin Cortés y Alejandrina Torres fabricando bombas.

El último atentado atribuido a la FALN ocurrió el 18 de agosto de 1983, frente al Centro de Computadoras de la Marina en Washington, aunque una llamada advirtió que la bomba estallaría en el Instituto de Computadoras del Departamento de Defensa del edificio adyacente.

El saldo terrorista de la FALN durante nueve años incluye unos 120 atentados dinamiteros, cinco muertes, más de 80 heridos y $3.5 millones en daños a propiedades.

El 19 de abril de 1984, fueron sentenciadas a dos años de presidio por desacato criminal Sylvia Baraldini, de 36 años, militante de la Organización Comunista 19 de Mayo, y Michelle Miller, 38, dirigente del Nuevo Movimiento en Solidaridad con la Independencia y el Socialismo de Puerto Rico. La policía ocupó en el apartamento que compartían una copia carbón de un comunicado de la FALN atribuyéndose las explosiones del 28 de febrero de 1982, poco después que éstas se efectuaron. Baraldini, quien trabajaba como asistente legal de la licenciada comunista Susan Tipograph, también fue convicta por el

intento de asalto de un camión blindado en Danbury, Connecticut, en 1980.

Pamela Fadem, de 32 años, de Austin, Texas, veterana del grupo terrorista Weather Underground, fue sentenciada a 3 años de probatoria el 19 de abril de 1985 por desacato criminal, al no testificar ante el gran jurado investigando la FALN. El juez tomó en consideración su mal estado de salud al darle la leve condena. Se le sospechaba de participar en el robo de explosivos en Austin en 1980, los cuales fueron usados en bombas de la FALN y algunos posteriormente fueron ocupados en casas de seguridad de la Organización Comunista 19 de Mayo y el Praire Fire Organizing Committee (un desprendimiento del Weather Underground), en Pennsylvania, New Jersey y California.

En 1985, el argentino Claude Daniel Marks, de 36 años; Robert Bruce McBride, 40; Donna Jean Willmott, 36; Joan Ann Sokolower, 38; y Karen Myra Shain, 38, miembros del Praire Fire Organizing Committee, conspiraron con el jefe de la FALN, Oscar López Rivera, para planear su fuga de la penitenciaría federal de Leavenworth, Kansas, usando ametralladoras, granadas, un arma antitanque liviana y un helicóptero. López incluyó en el plan de fuga al asesino Grailing Brown, del Ejército Negro de Liberación (BLA), a Richard Cobb, y a un preso que inmediatamente los delató a las autoridades, a quien el FBI le pidió que continuara como encubierto hasta producirse los arrestos el 3 de julio de 1986.

En un intento por conseguir las armas y explosivos para la fuga, el terrorista Marks y el puertorriqueño Jaime Delgado, consejero en Northeastern Illinois University (donde estudiaron algunos miembros de la FALN), se reunieron con un agente encubierto del FBI, quien le vendió explosivos falsos a Marks y le colocaron un micrófono en el carro. La investigación fue interrumpida cuando Marks descubrió que era interceptado y se fue al clandestinaje.

El FBI determinó que López Rivera se comunicaba con los conspiradores a través de mensajes que enviaba por medio de su cuñada Dora García López y la chicana Viola Salgado, asistente legal de su abogado, y las visitas fueron filmadas secretamente. Al efectuarse las detenciones, López y Brown fueron trasladados a la prisión federal de Marion, Illinois, que tiene el sistema más alto de seguridad en Estados Unidos, donde aún esperan juicio por el intento de f uga.

(En la próxima edición: El origen de los Macheteros)

La Crónica Gráfica

(San Juan), 1987

El Origen de los Macheteros

Por Armando André

(Tercero de una serie de seis artículos)

Después de organizar las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) en Nueva York en 1974, Filiberto Ojeda Ríos, el "padrino" del terrorismo puertorriqueño, regresó a la isla para establecer lo que sería la principal organización clandestina para tratar de derrocar con la violencia al gobierno democrático de Puerto Rico. Ojeda estuvo escondido durante un tiempo en la Misión Cubana ante las Naciones Unidas en Nueva York, detectado en 1976 por un grupo de vigilancia del FBI. El 26 de julio de ese año, aniversario del inicio de la revolución cubana, Ojeda junto con Juan Enrique Segarra Palmer, Orlando González Claudio, y otros, fundaron el Ejército Popular Boricua - Macheteros, al cual aludió el primer comunicado de la FALN como el "Ejército Revolucionario del Pueblo" que tenía que "organizar las masas para tomar el poder."

Algunos macheteros perternecieron a la Federación Universitaria Pro Independencia (FUPI), filial juvenil del Movimiento Pro Independencia (MPI), donde también militaron. Marta Sánchez Olmeda y Avelino González Claudio, quien en aquella época usaba el seudónimo "Carmelo," eran de la sección del MPI en Nueva York y a mediados de la década de los sesenta, Ojeda los integró al grupo terrorista Movimiento lndependentista Revolucionario Armado (MIRA), que al ser desarticulado en 1970, ingresaron en la FALN.

Ojeda, apodado "El G-2 Cubano" por la Policía de Puerto Rico, porque fue entrenado por la Seguridad de Estado castrista en 1961, también era jefe de la División para el Caribe Oriental de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), un organismo del Directorio de Liberación Nacional del Departamento América del Partido Comunista de Cuba, cuyo propósito era la "lucha armada" en el hemisferio occidental. El campamento de entrenamiento terrorista de la JCR estaba en Guanabo, Cuba, donde fueron adiestrados los subversivos puertorriqueños.

El 2 de enero de 1977 fue juramentado como gobernador de Puerto Rico Carlos Romero Barceló, del Partido Nuevo Progresista, cuya meta es la estadidad norteamericana para la isla, y al día siguiente los subversivos reanudaron, después de más de un año de inactividad, una desesperada campaña terrorista. Dos bombas de iremita sincronizadas a estallar a las ocho y media de la mañana en el edificio del ROTC-en Río Piedras fueron desactivadas por la Policía 15 minutos antes que detonaran. Romero Barceló luego declaró que las amenazas y violencia por grupos extremista separatistas "no detendrán la concesión de la

estadidad para.Puerto Rico."

Para financier las actividades. terroristas, los su,bversivos se convirtieron en expertos asaitadores de bancos. A la 1:45 p.m. del 16 de febrero de 1977, dos hombres y dos mujeres, con armas cortas y [at gas, vistiendo uniformes color "gris y cascos amarillos, irrumpieron en el Banco de Ponce en Arroyo y se llevaron $93,656. Echaron un líquido sobre las camaras de vigilancia y encerraron en los servicios sanitarios a once empleados y nueve clientes, uno de los cuales era un pol icía, que fue desarmado, al igual que el guar, di,in del banco. El arma del policía le fue ocupada cuatro años después al subversivo Carlos Fortuflo Candela, del Movimiento Socialista de Trabaiadores (MST), al ser arrestado con artefactos para construir bombas durante los disturbios universitarios.

A las 10:30 a.m. del 27 de abril de 19771, un niple con p6lvora y mecanismo de reioj fue desman. telado cerca del estacionamiento del cuartel de la Guardia Naclonal en Hato Rey.

Según un reporte de inteligencia secreto en nuestro poder, que contiene las declaraciones a las autoridades del machetero Carlos Rodríguez Rodríguez, alias "Puma," "Travolta," y "Carlos Karate," el jefe machetero Filiberto Oieda asignó a Rodríguez que dirigiera el asalto al Banco de Ponce, sucursal Bayamón Oeste, el 5 de agosto de 1977, junto con Jorge Farinacci García, cuyo nombre clandestino es "Roberto," Juan Enrique "Junior" Segarra Palmer y su esposa Luz María "Mima" Berríos Berríos, José Luis "Rufo" Villegas Fernández, Walter "Mabo" Tollinchi García, Alejandro "El Chivo" Martínez Vargas, Angel Marcial "Mosquito" Agosto Agosto, Abraham Fernández .Diamante, Fernando Aguilú Alvarez, y los hermanos "Tino" y Orlando "Jumbo" González Claudio, y una tal "Diana." El robo bancario fue planificado dos meses antes en una casa de playa al oeste del hotel Cerromar en Dorado.

A las 8:55 a.m., los macheteros entraron en el banco portando armas automáticas y pistolas con silenciadores, y se situaron en puntos claves. Uno fue a la oficina del gerente, le pidió que entregara su arma y le indicara donde estaba la alarma del banco. Otro fue a la oficina del subgerente, y los demás reunieron a unos treinta cajeros y clientes a punta de pistola. Dispararon contra las cámaras de video de seguridad, pero una logró captar fotos de Juan Segarra y su esposa Lucy Berríos encañonando a los clientes con pistolas con silenciadores. En menos de diez minutos, recogieron el dinero de los cajeros y dos sacos de la bóveda, con un total de $73,283.43, pero cuando se daban a la fuga, dispararon una ráfaga de ametralladora contra los cristales de la puerta y las ventanas, para amedrentar a los curiosos, y se les cayó un saco con $40,000 que fue recuperado.

Farinacci y dos asaltantes huyeron en un Chevy Nova color marrón, perseguidos por la policía hasta el sector Santa Rita, donde abandonaron el carro y se internaron en un monte. Entraron en una residencia y obligaron a un señor que los llevara en su auto a las Parcelas Van Scoy, donde desaparecieron. Las huellas digitales de Farinacci fueron halladas en el espejo retrovisor del Nova.

El botín fue llevado por Carlos Rodríguez, Orlando González Claudio y Juan Segarra a una casa en una montaña en un área rural desolada de Vega Baja, donde también dejaron las armas empleadas en el asalto. Tres semanas después los participantes se reunieron en el apartamento 41-2 del Condominio Jardines Metropolitanos, perteneciente a Farinacci, para discutir las críticas del robo.

El 22 de septiembre de 1977, los Macheteros asesinaron al abogado laboral Alan Henry Randall, quien había representado varios casos contra la Unión de Tronquistas al asociarlo con la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Randall recibió un balazo 9mm. en la boca y otro que le atravesó el cerebro. Un comunicado de un llamado "Comando Obrero" señaló que "en su momento se hará público el nombre de la organización responsable de esta acción." Sin embargo, como el atentado a Randall fue masivamente repudiado por la mayoría de las facciones separatistas, los Macheteros nunca llegaron a atribuirse el hecho. La viuda, Marlene "Tamby" Randall, se suicidó el 24 de enero de 1978 tirándose del vigésimosegundo piso del condominio Condado Real. El caso Randall fue ampliamente divulgado en nuestra edición número 135 de abril de 1987.

Fueron juzgados y absueltos del asesinato de Randall el machetero y entonces organizador tronquista Miguel "Willie" Cabrera Figueroa, Luis Enrique "Cano" Parrilla Tirado y Cutberto Cordero Cortés, quien fue asesinado el 11 de abril de 1982 con dos tiros en la cabeza mientras estaba sentado en la barra del bar "Su Casa" en Country Club. La querella policiaca No. 1162704821 dice que una confidencia seriala a Nicolás de Jesús Boria, alias "El Negro Borta," que "pagó a unos menores para asesinar a Cutberto ya que entre ambos había cierta guerra por el control de los puntos de donde se vende droga en el residencial Ramos Antonini."

Carlos Rodríguez, organizador tronquista en aquella época, señaló a los actuates asesores legales de la Unión de Tronquistas, Jorge Farinacci, Miguel Cabrera Figueroa, junto con el organizador tronquista Luis Carrión Martínez, y los macheteros Alejandro Martínez Vargas, Angel Agosto, Radamés "Emiliano" Acosta Cepeda, Eliseo "Gabino" Alejandro Ortiz, José Villegas y Walter Tollinchi García, como participantes en la planificación y las fases de ejecución del asesinato de Randall. Rodríguez dijo que fueron designados como "haladores de gatillo" Angel Agosto Agosto y el dominicano Alejandro Martínez Vargas, conocido por los seudónimos "Dominiqui," "El Chivo," "Joe" y "Pupito."

En 1977, los Comandos Revolucionarios del Pueblo (CRP) en. coordinación con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), reanudaron el mismo método de campaña terrorista que había efectuado Filiberto Ojeda con el Movimiento Independentista Revolucionario Armado (MIRA) siete años antes, conjuntamente atacando en Puerto Rico y Nueva York las oficinas de corporaciones multinacionales y tiendas por departamentos norteamericanas.

El CRP era el brazo armado clandestino de la Liga Socialista Puertorriqueña (LSP) que dirigía Juan Antonio Corretjer Montes. El jefe del CRP era Elizam Escobar, herido el 4 de marzo de 1970 durante un motín en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Después que a.William Morales le estalló una bomba que le cercenó las manos en julio de 1978, Corretjer envió a Escobar a integrar la FALN en Nueva York para reemplazarlo. En 1980, Escobar fue sentenciado en una corte federal de Chicago a 60 años de presidio por los actos terroristas de la FALN.

El 11 de octubre de 1977, mientras la Primera Dama estadounidense Rosalynn Carter visitaba Puerto Rico, esa madrugada los CRP detonaron bombas en la entrada de las oficinas Esso Caribbean, cerca del Centro Comercial San Patricio en Puerto Nuevo, causando más de $5,000 en daños, y en el jardín de la Compañía Mobil en La Cerámica, Carolina, sin ocasionar perjuicios. El mismo día la FALN detonó en Nueva York artefactos incendiarios en las tiendas Macy's de Brooklyn y Gimbel's de Manhattan, una bomba estalló a las 4 p.m. en la escalinata de la biblioteca pública en la Calle 42, y otra fue desactivada en el edificio de la General Motors. El comunicado de la FALN senaló que "la acción política militar de hoy muestra la fuerza disciplinada y unida de nuestra organización en su lucha contra el imperialismo yanqui."

El artefacto en la Esso Caribbean era de una nueva confección en Puerto Rico, según declaró la policía, ya que el niple llevaba adjunto un tanque de gas propano para aumentar la fuerza de expansión y hacer incendio. Ese fue el patrón que utilizó Ojeda con las primeras bombas de la FALN en Nueva York, especialmente la que mató a 4 personas e hirió a 55 en Fraunces Tavern dos años antes.

A la una de la tarde del 22 de diciembre de 1977, tres hombres disfrazados con pelucas, barbas y patillas postizas, y una mujer corpulenta, rubia, de ojos azules, llegaron a Sunday Motors, en el sector Alejandrino, Guaynabo, fingiendo interés en comprar un auto. La mujer encañonó al gerente con un Magnum 357 y lo encerró junto con otros empleados en el baño del negocio. Los subversivos se robaron cinco carros nuevos, y cinco tablillas de vehículo.

El 19 de enero de 1978, la policía desactivó seis bombas de iremita en una torre eléctrica de la Autoridad de Fuentes Fluviales (AFF) en Aguas Buenas. Cuatro días después, tres bombas de iremita destrozaron la base de una torre de la AFF con líneas de 230,000 voltios, en el barrio Quebrada Negrito en Trujillo Alto. Un cuarto artefacto explosivo no llegó a funcionar. Los atentados respondian a la huelga iniciada el 27 de diciembre por los dirigentes izquierdistas de la Unión de Trabajadores de lndustria E1éctrica Riego (UTIER) contra la AFF.

En la madrugada del 25 de enero de 1978, una bomba detonó en la entrada del Banco Gubernamental de Fomento en el Centro Minillas, causando $15,000 en daños, responsabilizándose el CRP. Ese día hubo una marcha de estudiantes en apoyo a la huelga de la UTIER, con una concentración en la Plaza de Río Piedras, donde habló el presidente de la UTIER, Luis Lausell Hernández, dirigente del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), convicto en 1986 por no rendir su planilla contributiva durante varios años.

A las 2:30 p.m. del 31 de enero de 1978, tres hombres, entre los que se sospecha estaban Guillermo de Ramery Santos y Cedar Ismael García Ríos, y una mujer blanca y rubia, encañonaron al policía Héctor R. Morales cuando prestaba servicio de retén en el cuartelillo de la Policía en el barrio Montebello en Manatí. Morales fue golpeado y esposado junto con el agente Luis Roberto.Medina, a quienes les quitaron sus armas y uniformes. A Medina le robaron $550, tarjetas de crédito y la placa de policía, rompieron dos radios de comunicaciones, viraron un escritorio y un archivo, y con rociador negro pintaron en las paredes "Viva la huelga," en referencia al conflicto laboral de la UTIER, "La clase, obrera triunfa," y las siglas FARP, de las Fuerzas Armadas de Resistencia Popular, quienes se daban a conocer por primera vez.

La FARP, que dirige el dominicano Federico "Javier" Cintrón Fiallo, es el brazo armado del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) que preside Luis Angel Torres Torres. El 16 de marzo de 1976 Torres renunció su escaño como representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, diciendo que las elecciones eran una "farsa" y que la independencia únicamente se podía conseguir a través de la violencia armada.

El mismo día que la FARP atacó el cuartelillo de Manatí, la FALN detonó bombas esa madrugada en la oficina central de la termoeléctrica Consolidated Edison y debajo de un auto de la policía estacionado a varias cuadras, en el centro de Manhattan. Un comunicado de la FALN se achaca los atentados "Para demostrar respaldo a los trabajadores en huelga de la Autoridad de Fuentes Fluviales en Puerto Rico, y.para protester la posición anti-obrera de la AFF."

El 1 de febrero de 1978, la policía desactivó tres bombas de iremita en las facilidades de la AFF en Mayagüez. La iremita empleada durante la huelga de la UTIER pertenecía al cargamento de 3,600 libras robado el 21 de julio de 1974 de la fábrica Ireco Caribbean en Manatí, por tres hombres enmascarados. Una gran parte de la iremita, que es tres veces más fuerte que la dinamita, ya había sido recuperada por la policía en tres operaciones. La primera fue el 29 de marzo de 1976, cuando Elías Samuel Castro Ramos, Edwin Meléndez Vé1ez, Carmen Adela Acevedo Vicente y Luis Medina Mercado, todos del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), fueron arrestados en una casa campestre en el sector Mata de Plátano en Luquillo con 1,357 libras del explosivo, marcado "Ireco Caribbean" en cada envase, y se les ocupó dos rifles hurtados. El segundo operativo fue el 29 de junio de 1976, cuando confiscaron 1,350 libras de iremita en la casa deshabitada del ganadero José Alberto Ochoa Roig en el barrio San Salvador de Caguas. En la marquesina habían excavado un sótano cubierto con una tapa de cemento, en el cual también había mil libras de nitrato de amonia en barriles y otros químicos. El 10 de enero de 1977, la policía ocupó 42 libras de la iremita debajo de un auto desmantelado en un depósito de chatarra en la carretera a Carolina.

En la madrugada del 8 de febrero de 1978, un niple estalló frente al banco Chase Manhattan en el edif icio de la telefónica en Caparra, causando $10,000 en estragos, y la FALN colocó una bomba que no funcionó en un transmisor de energía eléctrica en Nueva York. Un comunicado del CRP señaló que el atentado fue en respaldo a la huelga de la UTIER, y "en protesta por la participación de este banco en la conspiración imperialista para el saqueo de los recursos minerales de nuestra patria... Este banco es uno de los verdaderos dueños de la AFF y, por lo tanto, el principal culpable en el presente conflicto laboral." Esa noche fueron desactivadas dos bombas atadas a las patas de las torres eléctricas de la AFF en el barrio Hato Nuevo en Guaynabo, llegando a 190 los sabotajes desde el inicio de la huelga de la UTIER.

En la madrugada del 16 de febrero de 1978, estallaron tres bombas incendiarias en la sección de ropa de las tiendas Barkers en Señorial Plaza y tres otras dentro de Woolworths en San José Shopping Center, y niples detonaron frente a los bancos Chase Manhattan de la parada 23 en Santurce y el de la Ave. Muñoz Rivera en Río Piedras, y en el City Bank del mismo sector. Las nueve bombas causaron más de $50,000 en daños, siendo la primera vez en seis años que se atacaban establecimientos comerciales en Puerto Rico. Esa madrugada la .FALN dejó una bomba que no estalló en el Manufacturer's Bank de Nueva York.

A las once y media de esa noche, dos cadetes de la Policía sorprendieron a un individuo colocando una bomba en una torre eléctrica en el barrio Carolinas de Caguas, arrestando a Ramón E. "Moncho" Toledo Maldonado, un activista del PSP. Toledo posteriormente demandó al gobierno por medio millón de dólares por "fabricarle" una acusación falsa, y perdió el caso.

Dos días después, ocho bombas de alto poder estallaron en dos torres eléctricas en Santurce. Un oficial de inteligencia estima que Filiberto Ojeda y sus seguidores tuvieron una activa participación en los sabotajes, aunque no se atribuyeron muchos de los actos.

En la madrugada del 11 de abril de 1978, una bomba rompió la puerta del Club de Oficiales de la Guardia Costanera en Isla Grande. Un comunicado del CRP señaló que era "en respuesta a la intransigencia y arrogancia de la Marina y el gobierno yanqui ante el legítimo reclamo del pueblo viequense."

Tres días después, una bomba estalló durante la madrugada en las oficinas del Cuerpo de Ingenieros del ejército norteamericano en Puerta de Tierra, y otras tres que no estallaron fueron desmanteladas en el banco First Federal Savings, el Banco Popular de Río Piedras, y en el edificio residencial de la Guardia Costanera.

El 19 de abril de 1978, al finalizar la huelga de la UTIER con un convenio desfavorable para ellos, eliminando 900 puestos en la Autoridad de Fuentes Fluviales, una bomba de alto poder detonó frente al correo de Caguas. La siguiente noche, un niple estalló en el correo de Manatí causando $50 en daños. Ambos artefactos eran similares al que dejó el CRP en la Guardia Costanera.

En la noche del 9 de mayo de 1978, detonaron niples con pólvora en las entradas de los correos de Vega Baja, St. Just y la calle Loíza en Santurce. Pasada la medianoche, otros artefactos estallaron en el local de reclutamiento de la Marina en el edificio del Bayamón Federal Savings, causando $50,000 en pérdidas, y debajo de una guagua de la Marina frente a la residencia de un oficial en la calle 80 de Villa Carolina, efectuando poco daño. Un comunicado del CRP señaló que las cinco bombas eran en represalia por los despidos en masa de los empleados de agencias del gobierno de Puerto Rico, y "por la presencia de la Marina yanqui en Vieques."

A las 12:55 a.m. del 6 de junio de 1978, una bomba estalló en la puerta del correo de Villa Carolina. Cuatro horas después, otro niple fue desmantelado junto a un vehículo del Departamento de Agricultura federal que el empleado Agustín Quintero Albort tenía estacionado frente a su residencia en Carolina. Un tercer artefacto dentro de un florero en el pasillo del hotel Cerromar en Dorado también fue neutralizado.

El 22 de junio de 1978, tres hombres y una mujer, con revólveres y pistolas con silenciador, asaltaron el banco Caguas Federal Savings en Guaynabo, huyendo con $60,000. La descripción de los asaltantes coincide con los miembros de la FARP que cinco meses antes atacaron el cuartelillo de la policía en Manatí.

El 24 de julio de 1978, la policía allanó una finca en el Camino Saldaña, km. 4.4, Cupey Bajo, que estaba arrendada a Edgardo Alvelo Burgos, de 29 años, miembro del PSP y de la Federación de Maestros, donde recuperaron dos de los cinco carros robados en Sunday Motors. También ocuparon propaganda comunista, una escopeta calibre 16 recortada, municiones de distintos calibres, y objetos eléctricos y relojes empleados para preparar artefactos explosivos, según la querella policiaca No. 78-238-15737-02. Alvelo fue acusado de violaciones a la Ley de Armas, caso judicial No. 783029-30, que fue archivado el 31 de mayo de 1979, "ya que el agente nunca vió los carros sino que actuó a base de confidencias y la defensa no puede interrogar a un confidente, cuya identidad se desconoce."

A las 11:08 a.m. del 31 de julio de 1978, una mujer llamó al cuadro telefónico del edificio federal en Hato Rey y advirtió que había un artefacto explosivo en el estacionamiento, el cual fue localizado en un maletín debajo de un jeep del Departamento de Agricultura. La bomba de poca potencia detonó a las 12:30 p.m. cuando era trasladada al camión de explosivos, averiando levemente cuatro autos.

A la una y media de la madrugada del 24 de agosto de 1978, los policías Julio R. Rodríguez Rivera, de conductor, y Juan F. Mendoza Delgado viajaban en su carro patrulla por el kilómetro 68 de la carretera 3, sector Tropical Beach de Naguabo. La ronda llegaba hasta la posta de entrada de la Base Naval Roosevelt Roads en Ceiba, muy cerca de donde se detuvieron para prestar asistencia a un carro a la orilla opuesta de la carretera con el bonete abierto. Al estacionarse frente al Dodge Colt gris de 1978, los policías vieron que un hombre delgado de baja estatura con un sombrero blanco bregaba con el motor, mientras una mujer con falda azul larga alumbraba con una linterna, quien comentó "Gracias a Dios, llegó la policía," como señal de aviso. Las autoridades sospechan que ella era Carmen T. del Toro Irizarry, a quien han apodado "La rubia de los Macheteros."

Cuando el agente Mendoza se dirigía hacia ambos, f ue encañonado por la espalda por dos individuos que salieron de un matorral, uno con un rifle y el otro con una pistola, quienes lo desarmaron. El policía Rodríguez, "quien en ese momento se encontraba fuera del vehículo, al percatarse de lo que estaba sucediendo hizo uso de su arma de reglamento haciendo un disparo contra los individuos y uno de ellos le hizo un disparo alcanzándolo en la boca, cuyo impacto le ocasionó la muerte," según señala la querella policiaca No. 4-053-01322. Rodríguez fue asesinado de un balazo 9 mm. en la boca que le impactó el cordón espinal, según el reporte de autopsia AF-8396, de la misma manera que los Macheteros mataron al abogado Randall. Un casquillo de 9 mm. fue encontrado a 50 pies de distancia del auto patrulla. Rodríguez, de 33 años, dejó huérfanos a tres hijos.

Algunos agentes de inteligencia opinan que el policia Rodríguez f ue desarmado y luego asesinado porque reconoció a uno de los Macheteros que era empleado del municipio de Yabucoa, donde él residía.

Mendoza fue llevado hasta el centro de un cocal adyacente, donde lo amordazaron con esparatrapo y le cubrieron la cabeza con una capucha. En ese momento se escuchó un tiroteo en la carretera, y los Macheteros dejaron a Mendoza abandonado en el piso, advirtiéndole que "se mantuviera quieto, que no le harían daño."

La balacera se produjo cuando pasó un Chevrolet con el teniente José Víctor Morales Vega y el agente Juan A. Ortiz Ortiz, del cuartel de Humacao, quienes iban vestidos de civil y habían supervisado una redada de narcotraficantes en el área. Al acercarse al carro policiaco abandonado, con las cuatro puertas abiertas y una caja de cartón tapando la luz giratoria, dos individuos les dijeron: "Muévanse, muévanse, que estamos en una operación muy delicada." "Nosotros también somos policías," dijo Morales, y los Macheteros les dispararon, impactando los cristales y la carrocería del Chevrolet. El agente vació su revólver, pero al teniente se le encasquilló la pistola, por lo que continuaron en, el carro hasta el restaurant Río Mar, a un kilómetro de distancia, y regresaron al área del incidente, donde ya habían huído los Macheteros en otro carro con los dos revólveres de reglamento, dejando el Dodge Colt abandonado, que resultó ser el último de los cinco carros robados de Sunday Motors ocho meses antes. Otros dos carros ya habían sido recuperados, uno por el residencial Las Margaritas, cerca de donde vivía el Machetero Hilton Fernández Diamante, y el otro frente al condominio San Francisco en Río Piedras, conocido como "Brisas del Kremlin" por la cantidad de subversivos que viven allí.

Los agentes encontraron el cadaver del policía Rodríguez, desataron a Mendoza, y dentro del auto patrulla había una pistola Browning de 9mm, el calibre favorecido por los Macheteros. También ocuparon una tablilla hurtada en día anterior en San Juan, dos sudaderas de hacer ejercicios, tres capuchas, balas, un zapato de mujer, un sombrero blanco y un guante.

La Marina de los Fstados Unidos colaboró en la búsqueda de los asesinos en los montes aledaños, junto con unos 200 policías y muchos residentes de Naguabo que portaban machetes y palos. Inteligencia Naval sospechó que se tramaba un plan subversivo contra la Base Roosevelt Roads.

El entonces Secretario General interino del PSP, Carlos Gallisá, condenó el asesinato del policía Rodríguez como "una acción tan absurda y disparatada" que "ningún revolucionario serio" sera capaz de perpetrarlo. "Acciones de esa naturaleza solo sirven propósitos ajenos a los intereses de nuestra lucha," concluyó Gallisá.

Los Macheteros trataron de justificarse el 29 de agosto en su primer comunicado sosteniendo, "los revolucionarlos no somos asesinos," ilustrando con cinco dibujos las posiciones de sus "combatientes" durante el incidente, y alegaron que mataron a Rodríguez en defensa propia cuando fue a desfundar su arma, y que el propósito fue tomar los uniformes, armas y vehículo policiaco.

El 1 de octubre de 1978, los Macheteros, en conjunto con la Organización de Voluntarios Para la Revolución Puertorriqueña (OVRP), que se daba a conocer por primera vez, hurtaron 500 libras de nitrato amonio en sacos, 52 cartuchos de dinamita Tobex, 112 cartuchos de iremita, 458 detonadores y 18,240 pies de mecha, del almacén regional del Departamento de Transportación y Obras Públicas en Manatí. Los terroristas rompieron dos candados en el portón de la cerca que rodea los polvorines y rompieron tres candados en cada puerta de los dos almacenes. Adentro pintaron lemas en las paredes insultando al gobernador Carlos Romero Barceló y dejaron un machete con la hoja pintada de rojo y con el lema "Macheteros" en blanco. En el mango negro estaba "1-10-78" en letras blancas, señalando la fecha de la acción. El guardia nocturno del almacén estuvo ajeno a todos los hechos. Parte del nitrato amonio lo guardaron los dirigentes del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) y posteriormente fue empleado en las bombas colocadas por las Fuerzas Armadas de Resistencia Popular (FARP), el brazo armado del MST.

La OVRP era un desprendimiento de disidentes de la Liga Socialista Puertorriqueña que dirigían Humberto Pagán Hernández y Ramón Nenadish Deglans.

El 26 de octubre de 1978, cuatro hombres y una rubia robusta asaltaron la armería Game and Target Shop en la Ave. Domenech 118, Hato Rey. La mujer y un asaltante uniformado como guardia de seguridad encañonaron al dueño José E. Vilella, mientras los otros esperaban al frente, y le cubrieron la cabeza con una capucha. Se robaron doce pistolas calibres 45, 38 y 9 mm.; cuatro revólveres Magnum; dos rifles calibre 22 con mirilla telescópica; tres calibre 223; y cuatro carabinas M-1 y 30-30. En la pared pintaron las siglas FARP antes de escapar.

El 30 de enero de 1979, la OVRP se responsabilizó por la explosión dinamitera esa madrugada a la oficina de la Guardia Costanera en Ponce, "como apoyo al pueblo de Vieques en su lucha contra la ocupación militar por la Marina de Guerra de Estados Unidos."

A las 10:55 a.m. del 20 de marzo de 1979, Juan Segarra Palmer dirigió un grupo de cuatro Macheteros que asaltaron el banco Roig en Yabucoa. Obligaron al gerente a meterse dentro de la bóveda, arrinconaron a los clientes y empleados, llevándose $15,000 que disponían los cajeros. Luego los amenazaron que no salieran, ya que uno de ellos se quedaría afuera para disparar contra el que lo intentase.

A las 12:50 p.m. del 12 de septiembre de 1979, cuatro miembros de la FARP con máscaras y armas largas asaltaron un camión blindado de la Wells Fargo frente al Banco de Ponce en Vega Baja, cerrándole el paso por delante y por detrás con dos carros, en el momento que los guardias bajaban el dinero. Los terroristas trasladaron a un Ford van blanco las bolsas con $733,901.21, de los cuales $300,000 eran cupones de alimentos. Para facilitar su escape, dejaron dos autos encadenados para obstruir los carriles hacia San Juan de la Carretera 2 en la intersección de Montecarlo, creando una congestión de tránsito y otra calle fue cerrada con cadenas atadas a dos estacas para demorar la llegada de patrullas del cercano cuartel de la policía.

Los testigos señalaron a la policía que dos de los asaltantes huyeron en un Colt gris, cuatro se fueron en el van blanco y otros dos iban con una rubia en un Chevy Nova azul rumbo a la playa. Poco después, el Nova fue localizado por dos patrulleros estacionado al lado del colmado Sánchez en la playa de Mar Chiquita. En el asiento pasajero delantero estaba la rubia pintada Rita Elena Zengotita Ramos, de 34 años, trabajadora social del tribunal de justicia de Bayamón, quien ese día había comenzado sus vacaciones. Atrás estaba Jorge Delgado Ramos, 24, estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Cuando las autoridades les pidieron identificación, Zengotita, actual dirigente del Comité Unitario Contra la Represión (CUCRE), dijo que "no habían cometido ningún delito y que no tenía que contestar nada a menos que primero consultaran con un abogado." En eso llegó el chofer, el barbero Félix Avilés Ortíz, 27, con tres cervezas. Al ser informado que serían llevados al.cuartel, Avilés dijo que iba a apagar el radio del carro, y agarró la cartera de Zengotita, la cual le arrebató un policía. Adentro habían tres pistolas Beretta 380 con la serie mutilada, trece balas calibre 45 y dos pares de guantes. En el carro ocuparon un radio portátil Fanon de 123 canales, un radio Royce CB de banda ciudadana, una máscara, cuatro pares de guantes transparentes, un par de guantes de lona, una boina y una bandera de Puerto Rico. Un comerciante identificó a Delgado y Avilés como las dos personas que dejaron los carros encadenados en la carretera.

Cuando el caso G80-767 al 818 por robo y violación a la ley de armas fue ventilado en el tribunal de Bayamón, el 12 de febrero de 1981, el juez superior Fernando Grajales Rodríguez afirmó la supresión de evidencia confiscada en la cartera y el auto. Cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico reafirmó el veredicto el 2 de junio de 1981, la fiscalía pidió archivar el caso por falta de pruebas.

El asalto de la FARP a la Wells Fargo en Vega Baja ocurrió el 12 de septiembre, día del natalicio del líder Nacionalista Pedro Albizu Campos. Cuatro años después, los Macheteros escogieron la misma fecha para el robo de $7 millones de la Wells Fargo en Hartford, Connecticut.

(En la próxima edición: Los grupos terroristas se unen bajo un mando conjunto.)

La Crónica Gráfica

(San Juan), 1987

Terrorismo en Puerto Rico:

1979-1982 La Etapa Mas Sangrienta

Por Armando André

(Cuarto de una serie de seis artículos)

Después del triunfo de la revolución Sandinista en Nicaragua en julio de 1979, Filiberto Ojeda recibió órdenes de Cuba para consolidar a todos los grupos terroristas puertorriqueños en un solo mando directivo, igual que el régimen de La Habana había logrado la unidad de los sandinistas y posteriormente de las diferentes guerrillas salvadoreñas. El Departamento América del Partido Comunista cubano quería bregar con una sola representación boricua por razones de seguridad y para canalizar sus labores. Como resultado, en septiembre de 1979, en una reunión entre el jefe machetero Filiberto Ojeda, Juan Antonio "Olmo" Corretjer Montes, dirigente de la Liga Socialista Puertorriqueña (LSP) y miembro del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), y Federico "Javier" Cintrón Fiallo, presidente de las Fuerzas Armadas de Resistencia Popular (FARP), se creó el mando directivo a través del Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños (PRTP), que incorporaba el Ejército Popular Boricua - Macheteros, la FALN, la FARP, y la Organización de Voluntarios para la Revolución Puertorriqueña (OVRP), que es un desprendimiento clandestino de la Liga Socialista Puertorriqueña.

Los dirigentes de la OVRP han sido señalados en un reporte de inteligencia secreto como Humberto Pagán Hernández y el profesor Ramón Nenadich Deglans. Pagán fue convicto de asesinar por la espalda al Comandante de la Policía Juan Birino Mercado el 11 de marzo de 1971 durante un motín en la Universidad de Puerto Rico, caso 71-1155. Burló la fianza y se fugó al Canadá, donde no accedieron extraditarlo. Pagán regresó a la isla después que el Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó la convicción,aduciendo que su identificación como el asesino por parte de otro policía estaba viciada.

En su primer comunicado el 22 de septiembre de 1979, las cinco organizaciones anunciaron que estaban bregando juntos, y que"lucharían hasta lograr la victoria final contra el imperialismo y los traidores que le sirven." Exhortaron a los trabajadores a combatir "la represión a la clase obrera y sus aparatos sindicales."

A las nueve de la noche del martes 2 de octubre de 1979, cuatro hombres y una mujer de la FARP, armados con pistolas, dos escopetas recortadas y un rifle automático, irrumpieron en el bar La Hacienda frente a la entrada principal de la Base Naval de Roosevelt Roads en Ceiba. Diez militates y civiles que trabajaban para la Marina fueron alineados contra la pared y advertidos: "No vamos a. matarlos esta vez, pero podríamos hacerlo. Queremos que piensen sobre esto la próxima vez que estén bombardeando Vieques." Los asaltantes rociaron líquido inflamable en el piso y prendieron fuego al establecimiento, huyendo en una camioneta azul. Los clientes lograron escapar y regresaron a la base naval.

La primera acción coordinada del mando directivo fue la colocación de ocho bombas en Puerto Rico y Chicago el 17 de octubre de 1979, con parte de la iremita robada en Manatí el año anterior. Un artefacto detonó en el edificio de Aduana Federal de San Juan y en el de Fajardo otro fue desmantelado. Un niple con iremita estalló detrás del monumento de la Guerra Hispanoamericana en Guánica, y otro detonó en una de las torres de la Guardia Costanera en San Juan. La quinta bomba explotó en Aguadilla, causando graves daños al sistema de comunicaciones de radar de la Marina en la Base Ramey.

Los artefactos explosivos colocados por la FALN en Chicago estallaron en un baño del edificio Cook County y frente a un edificio de madera desocupado del Centro de Adiestramiento Naval Great Lakes, rompiendo las ventanas. Otra bomba fue desmantelada en el edificio que alberga las oficinas del Partido Republicano en Chicago. En Nueva York dejaron varios niples que no contentan explosivos.

El comunicado conjunto de los Macheteros, la FALN, la OVRP y la FARP, dijo que era parte de "una campaña politicomilitar contra el imperialismo norteamericano," y también protestando contra los juicios a 21 separatistas acusados de impedir las maniobras navales en Vieques. La acción terrorista parecía estar en solidaridad con Cuba, ya que en la madrugada del 17 de octubre 1,800 Marinos realizaron un simulacro de invasión en la Base Naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, en una postura de fuerza ante el militarismo de Fidel Castro.

El 3 de diciembre de 1979, los Macheteros, la OVRP y la FARP, le tendieron una emboscada a una guagua de la Marina con 18 técnicos de comunicaciones desarmados en la carretera 866 a un kilómetro de la base de Sabana Seca. A las 6:40 a.m., una camioneta verde conducida por Orlando González Claudio pasó la guagua, aminorando la velocidad frente a ella, y cuando Ilegó al sitio donde esperaba un van Dodge blanco estacionado a la izquierda de la carretera, paró repentinamente y tocó la bocina. Desde el van Juan Segarra Palmer, Carlos Rodríguez Rodríguez, Noel Colón González de la FARP, y otros dos apodados "Isaac" y "Pancho," quienes usaban capuchas, rociaron el lado izquierdo de la guagua con 47 impactos de ametralladoras AK47, M-16 y Thompson calibre 45, matando a los marinos Emil E. White y John Ball e hiriendo a diez, incluyendo a tres mujeres. Los Macheteros denominaron la operación "Dry Cleaning," que para ellos significaba "limpieza de gringos."

Los terroristas dejaron la camioneta y huyeron en el van, que había sido reportado robado y luego lo abandonaron, donde la policía ocupó silenciadores, tapones para los oidos, 8 casquillos de un M-16 y tachuelas. La acción fue planificada por Ojeda, quien le dió el visto bueno a los planes finales. En un comunicado de prensa señalaron que el ataque era en represalia por el "asesinato" de Angel Rodríguez Cristóbal, de la Liga Socialista Puertorriqueña, quien se ahorcó en la prisión federal de Tallahassee el 11 de noviembre de 1979. Rodríguez, veterano de la guerra de Viet Nam, había sido sentenciado a varios meses de presidio junto con otros 20 subversivos por impedir las maniobras navales en Vieques, y llevaba 19 días en una celda solitaria de castigo por negarse a trabajar.

A las 7:45 a.m. del 12 de marzo de 1980, los Macheteros efectuaron la "operación militar" denominada "Pitirre." Dos hombres y una mujer en un vehículo en el puente del Expreso las Américas, sobre la Avenida Domenech, dispararon una ráfaga de ametralladora que causó siete impactos en el lado derecho del carro donde viajaban los oficiales del Ejército, coronel Charles Tucker, su ayudante el teniente coroner Robert L. Davenport, y el sargento mayor Aurelio Mora Rodríguez, quienes resultaron ilesos. Los tres eran profesores de Ciencias Militares del ROTC que se dirigían de la Base Buchanan a la Universidad de Puerto Rico. El comunicado de los Macheteros señaló que "ningún militar yanqui debe sentirse seguro pisando nuestro suelo," añadiendo que las primarias demócratas presidenciales celebradas tres días antes, por primera vez en la historia de Puerto Rico, eran una farsa comparable a los comicios de Hitler.

En la madrugada del 14 de julio de 1980, artefactos explosivos de la OVRP destruyeron tres torres de señales de la Agencia Federal de Aviación en Ponce, Mayagüez y Vega Baja, para navegación aérea comercial, y otra bomba desactivó el radio-faro de la Guardia Costanera en el puerto de San Juan. Cerca de unos transformadores en la torre de Vega Baja se ocupó un niple que no estalló. Las pérdidas sumaron más de un millón de dólares y el tráfico aéreo entre América del Sur, el Caribe y Estados Unidos tuvo que ser relocalizado durante una semana. En esos días la Marina norteamericana realizaba las maniobras "Readex" con las fuerzas armadas de Venezuela y Brasil, y efectuaron un desembarco en Vieques.

El 22 de julio de 1980, a las 2 a.m., niples de poca potencia estallaron en los correos de la Parada 24 en Santurce y el de Río Piedras. Otros dos artefactos fueron desmantelados en los correos de Sabana Seca y Hato Rey. Los Comandos Revolucionarios del Pueblo (CRP), en un comunicado escrito a máquina, que en un extremo tiene dibujado una metralleta y el lema "De pie y en guerra," se responsabilizaron por las bombas, e hicieron un recuento de los nueve atentados contra facilidades del gobierno federal que habían realizado desde 1977.

El CRP era el brazo armado clandestino de la Liga Socialista Puertorriqueña (LSP), cuyo jefe era Elizam Escobar. Cuando a William Morales le estalló una bomba que le cercenó las manos en julio de 1978, Corretjer envió a Escobar a integrar la FALN en Nueva York. Después que Escobar fue arrestado el 4 de abril de 1980, y luego sentenciado a 60 años de presidio por una corte federal de Chicago por los actos terroristas de la FALN, la LSP mandó a Carlos Justiniano a Nueva York para reemplazarlo en la FALN. Eduardo Escalona Marrero y otros miembros de la LSP trataron de resucitar los Comandos Revolucionarios del Pueblo, sin mucho éxito.

El 19 de septiembre de 1980, el FBI declaró que José Alberto Adorno Maldonado y Jorge Zayas Candal, quienes fueron asesinados en Carolina, Puerto Rico, estaban en la lista de 23 sospechosos de haber participado en el ataque en Sabana Seca, algunos de los cuales habían sido citados ante un gran jurado federal, al igual que el machetero Luis Alfredo "Manuel" Colón Osorio, quien hacía 11 días se había desaparecido de su residencia en Trujillo Alto. Un vocero del izquierdista Comité Unitario Contra la Represión (CUCRE) dijo que estaban investigando la situación, pero no volvieron a mencionar los asesinatos, que nunca fueron esclarecidos.

La querella policiaca No. 8116-05916 indica que el 11 de agosto de 1980, cuando el machetero Adorno Maldonado, de 25 años, arribó a las 7:30 p.m. en su auto a su residencia en la Calle Milagros Cabeza J-3 en Carolina Alta, llegaron varios individuos en un "van" blanco quienes hablaron con é1 y le dispararon tres balazos por la espalda. El reporte de autopsia No. 2327-80 señala que Adorno estaba borracho. Junto al cadáver la policía encontró una pistola 9 mm. y en su carro

había una escopeta recortada.

Diez meses antes, el 15 de octubre de 1979, Adorno Maldonado, hijo del presunto bolitero "Chiquitín" Adorno, junto con Luis Colón Osorio y Jorge Zayas Candal, secuestraron al bolitero Miguel Angel Pellicea Moll, de 62 años, en Vistamar Bahía, Carolina, y lo escondieron en una casa de campaña en un bosque en Cubuy, Canóvanas, donde lo torturaron sacándole las uñas con tenazas, quemándole los brazos con cigarrillos y rompiéndole los dientes. Cuando Colón y Adorno fueron a su casa a recoger los $100,000 que pidieron de. rescate, los capturó el jefe de la División de Arrestos Especiales de la Policía, el notorio teniente Julio César "El Negro" Andrade, luego expulsado de la uniformada por asesino y corrupto, quien les propinó una sonada paliza para que confesaran donde estaba el rehén. Para asaltar el lugar donde mantenían a la víctima, Andrade usó a Co1ón Osorio como un escudo humano, quien recibió de los otros macheteros un balazo en el estómago al producirse el tiroteo. El expediente judicial M79-276768 indica que el caso fue archivado el 20 de febrero de 1980, "debido a que los testigos esenciales, Sr. Miguel A. Pellicea Moll y esposa Miriam Torres se trasladaron a Estados Unidos y no tienen interés en continuar con el caso." Algunos investigadores de homicidio opinan que Pellicea mandó a matar a Adorno Maldonado y Zayas Candal en venganza por el secuestro, y Colón Osorio logró salvarse al desaparecerse una temporada.

En la tarde del 11 de septiembre de 1980, el cadáver de Jorge Zayas Candal, de 34 años, apareció con las manos atadas en la espalda con una cuerda de nylon, en la orilla de la carretera 860 del sector Campeche de Carolina. El reporte de autopsia 2545-80 afirma que Zayas murió de tiros de contacto en la nuca, el cuello y la cabeza. La querella policiaca No. 8-116-06950 indica que tenía $114, licencias de conducir con dos nombres falsos, acompañadas de tarjetas de seguro social y de empleado de Servicios Sociales. Carecía de documentos de su verdadera identificación, por lo que inicialmente fue clasificado "John Doe." El 27 de mayo de 1981, el coronel Miguel Rivera, jefe del Negociado de Asuntos Criminales, redactó un memorandum señalando: "en este caso la Policía ha sido criticada porque alegadamente la investigación realizada ha sido muy pobre. Inclusive han acusado a la Policía de ser los autores de la muerte de este individuo, quien era un activista del Partido Socialista Puertorriqueño."

Zayas Candal, Colón Osorio y Roberto Vázquez Casanova fueron arrestados el 19 de julio de 1973 tras el robo del Banco Popular de Cidra, recaudando fondos para la causa separatista. El trio salió del edificio con capuchas negras, encañonando por la espalda a una joven secretaria y al subgerente del banco, y disparando contra un policía que les hacía resistencia. Mientras los ciudadanos del pueblo los perseguían tirándoles piedras, los asaltantes se refugiaron en una casa, desde donde hirieron a un ex teniente de la Policía. Vázquez Casanova recibió un balazo en el hombro y sus dos acompañantes se rindieron. Los tres fueron procesados en la corte federal de San Juan, caso CR-141-73, y Colón Osorio estuvo recluido por 6 meses en un hospital psiquiátrico al ser diagnosticado "esquizofrénico." Sus problemas mentales de deben en parte a que su padre era un alcohólico que abandonó a su madre cuando é1 era niño, y ella volvió a casarse con un cubano exiliado. En el ejército, un oficial clasificó a Colón Osorio como de la raza negra, lo cual é1 negaba diciendo que era puertorriqueño, creándole un complejo de identidad.

A las 9 de la mañana del 14 de noviembre de 1980, una patrulla de vigilancia en el Fuerte Allen detectó una mina antipersonal de fabricación casera colocada en la verja de la instalación, donde habían roto la tela metálica para acomodarla, con dos cables que corrían hacia el interior para hacer detonación si los hubieran pisado. El artefacto de 25 libras contenía 10 libras de nitrato amonio y un envase con clavos, tuercas, alambre y otros metales, con un alcance de 100 metros de distancia.

El día antes se había anunciado que allí serían alojados refugiados cubanos y haitianos. Un comunicado de dos páginas que la FARP envió a la prensa dice que colocó la mina en protesta por "el abuso de poder del imperialismo de imponerle a Puerto Rico un campo de concentración," y terminó diciendo, "éste es nuestro tercer ataque contra la marina yanqui. Aunque en esta ocasión no hubo bajas, les prometemos que en la próxima si las habrá y que en suelo puertorriqueño no hay lugar seguro para el enemigo, ni fuera ni dentro de sus bases militares." El Departamento de Estado posteriormente suspendió los planes de alojar a los refugiados y trasladó a la mayoría del personal militar que los iban a atender.

El 8 de enero de 1981, tres artefactos incendiarios de escaso poder fueron depositados en los buzones de los correos en Santurce, Río Piedras y la Ave. 65 de Infantería. Un comunicado de los Comandos Revolucionarios del Pueblo (CRP) se adjudicó el "operativo denuncia contra la imposición de la inscripción militar."

A la 1:45 de la madrugada del domingo 11 de enero de 1981, los Macheteros destruyeron 8 jets de combate Corsair A7D y un viejo F104 desactivado, de los 20 aviones de la Guardia Nacional en la Base Aérea Muñiz en Isla Verde. Veintitrés niples con iremita y mecanismos de tiempo sofisticados fueron colocados en los conductos de las turbinas y el tren de aterrizaje de cada avión. Tres bombas que no detonaron fueron desactivadas. Al estallar los tanques de combustible de los jets, el fuego hizo disparar las balas de las ametralladoras. Un camión de la Guardia Nacional fue averiado, al igual que equipo de salvamento, causando un total de $45 millones en daños. Cerca del depósito de gasolina, dejaron un machete con las siglas E.P.B. (Ejército Popular Boricua) y la bandera de los Macheteros.

El operativo, denominado "La Gaviota," lo realizaron Juan Segarra Palmer, Orlando González Claudio, e Isaac Camacho Negrón, quienes cruzaron los manglares en la parte posterior de la base y cortaron la cerca de alambre eslabonado. Filiberto Ojeda, alias "José," los esperó en una playa cercana. La base de entrenamiento estaba custodiada por solamente dos centinelas, uno de los cuales estaba en una garita en la entrada, y el otro hacía la ronda en un vehiculo.

El ataque fue realizado en el aniversario del natalicio del prócer independentista Eugenio María de Hostos. Ese mismo día, Fidel Castro pronunció un discurso de hora y media alegando que el pueblo cubano respalda la revolución "aunque desembarquen aquí 10,000 tanques" norteamericanos. Una semana y media antes, el gobernador proestadista Carlos Romero Barce1ó había iniciado su segundo término de gobierno, enfureciendo a los separatistas.

Los Macheteros filmaron una película de video en la que se les veía preparándose para el ataque con uniformes y botas militares. La cinta grabada fue enviada a la reportera izquierdista Carmen Jovet, quien rehusó entregarla al FBI y la mostró repetidamente en su programa de noticias.

El 8 de marzo de 1981, el machetero Walter "Mabo" Tollinchi García, de 32 años, maestro de escuela desempleado, se suicidó de un disparo en el corazón, en su apartamento en el condominio El Alcazar en Río Piedras, según el reporte de autopsia No. 625-81. La querella policiaca No. 1162-2968 señala que a las 10 a.m. de ese domingo, su compañero Juan Ramón Meléndez Alvarado llegó al apartamento y vió una nota en la puerta del baño que decía: "Meléndez estoy adentro, no abras la puerta," y firmada W. "Lo llamó pero no obtuvo respuesta por lo que pensó que el occiso se encontraba encerrado en el baño aparentemente acompañado de una mujer, por lo cual no lo volvió a Ilamar pensando que el mismo no quería ser molestado y optó por marcharse." Cuando regresó al día siguiente, Me1éndez y dos amigos tocaron la puerta del baño, y al no recibir respuesta la abrieron con un destornillador, encontrando el cadáver en la bañera.

Meléndez declaró a las autoridades que Tollinchi le había dicho el viernes que tenía problemas económicos, estaba separado de su esposa y deseaba suicidarse. Una carta ocupada en el apartamento por la policía decía: "Negra, te entrego todas mis pertenencias, haz lo que quieras con todo esto, te quiere Walter." La pistola Beretta .380 con que se suicidó era parte de un cargamento destinado a la Armería Metropolitana, que fue robado del aeropuerto de Isla Verde en 1974.

En la noche del 15 de marzo de 1981, la FARP dejó una bomba de 25 libras de nitrato amonio mezclado con petróleo en el baúl de un Pontiac Lemans estacionado en el sótano del Centro de Convenciones en Condado, donde iba a hablar el ex secretario de Estado Henry Kissinger en la conferencia "Asuntos Mundiales" auspiciada por la Universidad Mundial. Al llegar a San Juan esa tarde, Kissinger dijo que "personalmente prefería la estadidad o el Estado Libre Asociado para Puerto Rico," en vez de la independencia. La FARP llamó dos veces a la policía con el propósito de que al abrir el carro estallara la bomba, pero faIIó el mecanismo de detonación. Expertos en explosivos estiman que la fuerza de expansión de ese artefacto hubiera derrumbado gran parte del edificio.

A las 2:45 p.m. del martes 21 de abril de 1981, dos hombres y una mujer asaltaron a dos guardias de un camión blindado de la Wells Fargo frente a Glidden Paint en la calle Parque, marginal Baldorioty de Castro, en Santurce, y se llevaron dos bolsas con $348,400, responsabilizándose los Macheteros por el robo.

El 11 de jutio de 1981, los Macheteros asesinaron a su camarada José Guillermo Zambrana García, de 23 años, quien había estado implicado en el fraude de $2.5 millones de dólares en cheques de agencias del gobierno de Puerto Rico y grandes empresas, operación que dirigía Carlos Rodríguez Rodríguez, su esposa española Isabel Paños Agulló, Alejandro "El Chivo" Martínez Vargas, Antonio "Tony Gas" Colón Pérez, José Manuel "Papo" Fines Caballero y William Irizarry. El dinero obtenido iba para las arcas de los Macheteros. Cuando Zambrana trató de cambiar uno de esos cheques por $4,000 en una sucursal del Banco de Ponce en dicha ciudad, haciéndose pasar como un ejecutivo de empresa, fue arrestado el 22 de diciembre de 1980 y delató la trama al FBI. Cuando Rodríguez observó que era seguido por las autoridades, sospechó que Zambrana lo había traicionado y decidió matarlo.

Después de buscarlo durante un mes, Zambrana fue localizado el sábado 11 de julio. Rodríguez, junto con Martínez Vargas, fue a buscar una escopeta calibre 16 que "Tony Gas" le guardaba en su casa en Barrio Obrero. Los tres Macheteros, armados con pistolas, se trasladaron en un auto hasta el Bar EddieLandia en Santurce. Rodríguez, usando una gorra de esquiar estilo antifaz, entró en el negocio a la una de la madrugada, mientras sus dos compañeros mantenían a unos 20 clientes encañonados afuera en la acera. Rodríguez acribilló a Zambrana con tres escopetazos y varios disparos de pistola 9 mm. y se retiró con

sus dos cómplices.

Estando el cadáver de Zambrana en la funeraria, durante la noche alguien forzó la caja, rebuscaron adentro, y le echaron colillas de marihuana. Su viuda, Minerva Febles Pabón, señaló a la policía en la querella 1266-4492, que localizaran a "Papo" Fines, Carlos Rodríguez, alias "Carlos Karate," y su esposa Isabel Paños Agulló.

El cadáver del machetero Fines, de 34 años, de quien también sospecharon estaba colaborando con el FBI, apareci6 el 10 de diciembre de 1981 a la orilla de la playa de Dorado, en la carretera 165, kilómetro 23.7, con seis balazos en el torax, según la querella policiaca 7-02602752. El licenciado Angel Fines Ferrer, hermano del occiso, declaró a las autoridades que Papo "no tenía trabajo y se dedicaba a las apuestas de dinero."

Después de las nueve de la noche del 17 de agosto de 1981, Carlos Rodríguez Rodríguez y Antonio "Tony Gas" Colón Pérez recogieron en la Avenida Baldorioty de Castro en Miramar a dos marineros vestidos de civil, Steven D. Miller, de 18 años, y Thomas Steimburg, 21, quienes se dirigían a la Base Naval Roosevelt Roads en Ceiba. Según la querella policiaca No. 8-11606090, el conductor se detuvo en el negocio de B.B.Q. en la marginal en Isla Verde y compró cuatro cervezas. Dos millas más adelante, Rodríguez paró súbitamente debajo del puente de la Avenida Monserrate y sacó una pistola. Steimburg se desmontó por la puerta trasera del Chevy Nova y recibió disparos en el brazo derecho y en el estómago. Cuando Miller se bajó, sufrió cinco balazos en el torax y la espalda, segon el reporte de autopsia No. 1921-81, que le causaron la muerte.

Steimburg sobrevivió y señaló a la policía en la querella No. 8116-06090 que el pasajero estaba enyesado de la cintura hacia arriba debido a un accidente de tránsito, quien les dijo que estuvo en el ejército y había residido en California. Las autoridades se dirigieron al Centro Médico, donde les informaron que el yeso de medio cuerpo se lo habían puesto a Antonio Colón Pérez, por lo que el 16 de noviembre de 1981 se le sometió orden de arresto por asesinato e intento de asesinato.

"Tony Gas," de 34 años de edad, estaba fugitivo desde el 24 de septiembre por los casos pendientes G81-3446 tras su arresto por distribución de cocaína el 2 de febrero, y el G812431 al 2433 por haber asesinado de seis balazos a Abraham Febres Oliveras el 23 de abril en Barrio Obrero, junto con Luis A. Santiago Sosa.

A las 12:20 a.m. de la madrugada del miércoles 11 de noviembre de 1981, los Macheteros detonaron una bomba en la subestación de la Autoridad de Energía Eléctrica en la calle Wilson del Condado, averiando los radiadores del sistema de enfriamiento. El servicio no fue afectado porque la carga fue transferida a otras subestaciones. Dos días antes, había concluido una huelga de dos meses y medio de los miembros de la Unión de Trabajadores de la Industria E1éctrica y Riego (UTIER), que presidía el subversivo Luis Lausell Hernández, militante del PSP.

A las 8:50 p.m. del 27 de noviembre de 1981, un artefacto explosivo destruyó totalmente la subestación de la Autoridad de Energía E1éctrica en la Calle Vieques, esquina Baldorioty en Santurce, y dañó cinco camiones. Trece minutos después estalló otra bomba en la subestación de la calle Taft, ambas con pérdidas de más de un millón de dólares y dejaron a oscuras durante 24 horas los sectores de Condado, Miramar y Santurce. Un comunicado de los Macheteros señaló que los ataques eran en represalia por la política del gobernador Carlos Romero Barceló por emplear la tropa de choque de la Policía en los casos de los intrusos de Villa Sin Miedo y contra los estudiantes izquierdistas amotinados en la universidad.

El 5 de febrero de 1982 el machetero Angel Marcial "Mosquito" Agosto Agosto, ex dirigente del PSP vinculado a los Comandos Armados de Liberación (CAL), fue arrestado cuando su ex esposa Lydia María Castillo Nieves lo acusó de haber sido la persona que el 4 de febrero de 1978 mató a Guillermo de Ramery Santos, de 23 años, y la hirió a ella en su residencia en la calle A B-5, Hermanas Dávila, Bayamón. De Ramery era uno de los sospechosos de la FARP que asaltaron el. cuartelillo de la policía en Manatí. El intruso había forzado el portón de rejas de la casa al mediodía, donde estaba la pareja en la cama, y le propinó disparos de pistola en la espalda y la cabeza a de Ramery, y un tiro en la sien derecha a Castillo, de 25 años de edad, el cual se desvió y no la mató.

Cuando el sargento Berríos se personó en el lugar de los hechos al recibir una queja sobre disparos en dicha dirección, la Castillo, herida, "le informó a través de la ventana que no había ocurrido nada y que tenía un fuerte dolor de cabeza debido a que padece de migraña," según señala la querella policiaca No. 1-111-00813. Ella luego declaró a la policía que no sabía quien le hizo el disparo, y que "cuando se pasó la mano por la cabeza y notó que tenía sangre, creía que se debía a que ella padecía de una hemorragia cuando tenía la menstruación." Debido a tantas contradicciones y porque ella demoró cuatro años en hacer la acusación, Angel Agosto fue absuelto por un jurado el 6 de octubre de 1982 en el Tribunal de Bayamón, caso G82-845.

A las 9 p.m. del 13 de febrero de 1982, la policía desactivó una bomba hallada cerca del edif icio del ROTC en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Media hora antes, un niple le estalló en las manos a David González Ortíz cuando lo preparaba en su apartamento del residencial Las Gladiolas.

El miércoles 10 de marzo de 1982, el dirigente machetero Jorge Farinacci García fue arrestado al mediodía por agentes del FBI mientras transitaba en su auto por la Avenida Baidorioty de Castro. Farinacci se había escondido en un apartamento de Isla Verde al desacatar citaciones expedidas en septiembre de 1981 por un gran jurado investigando el terrorismo, y le ocuparon en su portafolio una pistola Remington calibre 45, una capucha de tela negra, un manual de entrenamiento terrorista y un "beeper" Motorola Spirit, siendo acusado de violación a la Ley de Armas en el Tribunal de San Juan, caso G82-1458, que fue archivado en 1984. Dos días después, Farinacci fue instruído en el tribunal federal de San Juan, caso CR-82-50, como partícipe en el asalto de los Macheteros al Banco de Ponce en Bayamón en 1977, saliendo en libertad bajo fianza el 16 de marzo. Farinacci, abogado de la Unión de Tronquistas, tenía su bufete con los licenciados subversivos José Enrique "Pepo" Carreras Rovira y Juan Ramón Acevedo, y el año anterior había viajado a Cuba y Nicaragua. La recepcionista del bufete, Norma Torres Torres, es hermana del lugarteniente de la FALN, Carlos Alberto Torres. El caso ante la juez federal Carmen Consuelo Vargas de Cerezo fue archivado en 1984.

A la una de la madrugada del domingo 16 de mayo de 1982, los marinos Darryl T. Phillips, de 22 años, Larry S. Skowronski, 21, Randall Lee Keyte, 23, y Anthony Lloyd Phanevf, 20, vestidos de civil, salieron del bar Black Angus y caminaron por la Avenida Fernández Juncos hacia el buque de guerra USS Pensacola, anclado en el muelle 3 de San Juan. Frente al Club Náutico había un Chevrolet Malibú, color oro, con el motor encendido, ocupado por tres macheteros. Cuando los marinos pasaron frente al auto, éste comenzó a moverse, prendieron las luces, y desde adentro dispararon una ráfaga de balas de ametralladora calibre 45. Phillips fue asesinado de cinco balazos, Keyte recibió tres impactos en el abdomen, Phanevf fue herido en el lado derecho del torax, y Skowronski fue herido en la cintura, según la querella policiaca 1-166-02068. El Malibú fue abandonado en la calle Central en Santurce, y sus dos ocupantes se fueron en otros dos carros azules que los seguían. En el interior del auto la policía ocupó 17 casquillos calibre 45 y un testigo dió una descripción de uno de los individuos. Los Macheteros alegaron en una llamada telefónica que el ataque era en represalia por las maniobras navales "Ocean Venture" en

la isla de Vieques.

Un mes después, Ricarte Montes García, de 34 años, Secretario Regional de la Liga Socialista Puertorriqueña que dirigía Juan Antonio Corretjer, fue sentenciado a 18 meses de presidio por negarse a testificar ante un gran jurado federal investigando el ataque a los marinos. Una testigo identificó a Montes, de un album de 184 fotografías del FBI, como uno de los individuos que abandonó el Malibú usado en el atentado.

El 30 de mayo de 1982, los Macheteros dejaron en una habitación del hotel Caribe Hilton en San Juan, cuatro recipientes con gasolina y un tanque de gas, que no estalló porque el mecanismo de detonación estaba defectuoso.

El 10 de junio de 1982, la FARP colocó tres bombas en el condominio Marbella del Caribe Oeste, en represalia por el desalojo policiaco de los intrusos de Villa Sin Miedo, en Río Grande, el 18 de mayo. A las 10:55 p.m., un artefacto destruyó un transformador en el piso siete y 25 minutos después otra en el cuarto de desperdicios del cuarto piso rompió una pared interna. La otra bomba fue desmantelada y no hubieron heridos. Los terroristas equivocadamente creían que allí residía el Secretario de la Vivienda, Jorge Pierluisi, "uno de los instrumentos del imperialismo norteamericano," seña1ó el comunicado de la FARP, que advierte que "sirva esta pequeña muestra para los que tienen lujosas residencias, automóviles y demás comodidades de cómo se sintió la comunidad de Villa Sin Miedo."

Cuatro días después, el FBI allanó los apartamentos de Luis Angel Torres Torres y Miguel Figueroa, dirigentes del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) en el condominio Jardines de San Francisco en Río Piedras, con una orden judicial federal que mencionaba específicamente la búsqueda de iremita y nitrato de amonia, alambres, detonadores, manuales y libros sobre construcción de bombas y todo equipo de reproducción usado para escribir comunicados terroristas, pero no encontraron material incriminatorio. La FARP, que dirige el dominicano Federico "Javier" Cintrón Fiallo, es el brazo armado clandestino del MST.

El 1 de septiembre de 1982, los Macheteros fracasaron en el intento de robar un camión blindado de la Wells Fargo que iba de San Juan a Naranjito. Los asaltantes usaban máscaras, tenían uniformes de camuflage y portaban radios de comunicación portátiles, armas largas automáticas con silenciadores y pistolas calibre 45.

Dos días después, apareció el cadáver de Saúl Moreno Guzmán en un pozo detrás de una abandonada fábrica de terrazos en el kilómetro 5.1 de la carretera 876 en Trujillo Alto, según la querella policiaca 82-8-07202662. Moreno, de 35 años, era Secretario-Tesorero de la Unión Independiente de Trabajadores de Aeropuertos (UITA). Según el reporte de autopsia 1934-82, Moreno recibió seis balazos calibre 22, tres en la cabeza, dos en la espalda y uno en el abdomen, le echaron cal viva para desfigurarlo y tenía una soga amarrada al cuello, por lo que la policía sospechó que se trataba de imitar el ahorcamiento del organizador tronquista Juan Rafael Caballero para despistar la pesquisa. En el cadáver encontraron dos sortijas de oro, una con un diamante, y $100 en el bolsillo. La policía tiene señalados como sospechosos a los macheteros Radamés "Emiliano" Acosta Cepeda y Benjamín "El Gallo" Vázquez Rivera, cuñado del lugarteniente de la FALN Carlos Alberto Torres; los dirigentes de la UITA, Manuel Ortíz Pérez y Luis Alberto "Pocholo" Rosario Esquilín; y Oscar Ortíz Valdés, acusado de asesinato en 1973.

A las 8:50 a.m. del martes 16 de noviembre de 1982, cinco Macheteros con armas largas asaltaron el supermercado Conchita en Villa Fontana, obligando al gerente a abrir la caja fuerte, sustrayendo $1,000, y obligando a los clientes y empleados a pasar a la parte de atrás de la tienda. Minutos después, Ilegó un camión blindado de la Well's Fargo, y cuando el guardia entró en el local, lo encañonaron y le quitaron su revólver y las llaves del camión, señala la querella policiaca No. 8-1168024. En ese momento, llegó un "van" blanco del cual salieron varios Macheteros con carabinas calibre 30, quienes encañonaron al chofer del camión blindado, y se llevaron $336,550. Durante la fuga, asesinaron de un disparo de carabina en el pecho a Angel Luis Hernández Cruz, de 35 años, según el informe de autopsia No. 2496-82, quien era gerente de la cercana gasolinera Texaco y se dirigía al lugar del asalto con un revólver en la cintura. Una docena de Macheteros partícipes usaron seis vehículos para el asalto, dos de los cuales fueron abandonados en calles cercanas. Un mes después, el subversivo Raymond Soto Dávila fue citado ante un gran jurado federal como sospechoso de haber participado en el asalto, y sentenciado a 16 meses de presidio por desacato cuando se negó a testificar.

Otro machetero que actuó en el robo, Ramón Calderín López, también fue citado ante el gran jurado. Calderín, primo del abogado subversivo Luis F. Abreu Elías, se ahorcó con una sábana en el closet de su apartamento en el Condominio Borinquen Towers en Puerto Nuevo el 15 de marzo de 1985, según la querella policiaca 85-1362-03936, que señala que en diciembre de 1984 también había tratado de suicidarse en casa de su madre y desde entonces estaba bajo tratamiento siquiátrico.

A las tres y media de la madrugada del 21 de noviembre de 1982, el "gatillo" de los macheteros, el dominicano Alejandro "El Chivo" Martínez Vargas, asesinó por la espalda con 8 balazos calibre 9 mm. a Orlando "El Topo" Lebrón Ramos, de 19 años, frente al garage Alco en la Calle 246 en Country Club. Lebrón estaba enamorando a la cuñada de "El Chivo," y éste le advirtió que dejara de verla. Al persistir, Martínez Vargas mató a Lebrón. El reporte de autopsia No. 2529-82 señala que la víctima estaba borracho cuando fue asesinado. El informe policiaco No. 11 62-14579 indica que media hora después, "como a las 4:00 a.m. se recibió una querella del Sr. Alejandro Martínez Vargas informando que le habían hurtado una pistola de 9 mm. Pero que en la investigación resultó que en su residencia no hay nada violentado. Luego alegó que se la habían hurtado del baúl de su auto, pero su auto no tenía nada violentado." Martínez Vargas y su vecino Guillermo "Canito" López Hernández f ueron arrestados por asesinato en primer grado. Un testigo del crimen que estaba cooperando con la policía fue amenazado, golpeado, y se desapareció, por lo que el caso fue archivado.

(En la próxima edición: El robo de $7 millones de la Wells Fargo).

La Crónica Gráfica

(San Juan), 1987

Los Macheteros:

El robo de $7 millones de la Wells Fargo

Por Armando André

(Quinto de una seis de seis artículos)

El 17 de junio de 1983, el dirigente machetero Carlos "Puma" Rodríguez Rodríguez, de 28 años, y su esposa española Isabel Paños Agulló, 30, fueron arrestados por desfalcar a varias sucursales del Banco de Ponce por $124,618 con cheques falsificados de la Autoridad de Edificios Públicos del gobierno de Puerto Rico, durante marzo a noviembre de 1980.

El método de operación que usaron, en un esquema cuyo total de fraude superó $2.5 millones, era que Rodríguez y su esposa, asistidos por José Guillermo Zambrana García, José Manuel "Papo" Fines Caballero, y otros Macheteros, usaban identificación falsa para abrir cuentas de ahorros con pequeñas sumas de dinero en diferentes sucursales del Banco Popular en Santa María, Buena Vista, Caparra, Isla Verde, El Señorial, Barrio Obrero, Carolina y Ponce. Después que las cuentas permanecían inactivas durante varios meses, depositaban los cheques falsificados, y al poco tiempo retiraban todo el dinero de la cuenta. Zambrana fue arrestado por el FBI el 22 de diciembre de 1980 después que trató de cambiar un cheque falsificado por $4,000 en el Banco de Ponce de dicha ciudad, y delató toda la trama a las autoridades. Las huellas digitales de Rodríguez y su esposa fueron ocupadas en más de una docena de cheques y documentos bancarios utilizados para abrir las cuentas.

El 1 de abril de 1981, Isabel Paños se convirtió en prófuga de la justicia al no comparecer a una cita del gran jurado federal investigando el fraude bancario. El 11 de julio, Carlos Rodríguez asesinó a Zambrana por haberlo delatado, según la querella policiaca 1-266-4492, y el cadáver de Fines apareció el 10 de diciembre de 1981 a la orilla de la playa Dorado, con seis balazos en el torso, según la querella policiaca 7-026-02752.

Cuando ocho agentes del FBI se personaron en el apartamento 201 del lujoso condominio Las Violetas, en la calle Sagrado Corazón de Santurce, a las 11:45 a.m. del 17 de junio de 1983, Rodríguez y su esposa demoraron más de media hora en abrir la puerta y entregarse, quemando drogas y documentos en el baño, y lanzando un revólver Colt 38 y una pistola Bauer calibre 25 al baicón del piso inferior. El revólver resultó ser uno robado el 15 de octubre de 1982 en San Juan. Las autoridades les confiscaron heroína, cocaína y marihuana, tres balanzas para pesar drogas, $13,739.71 en efectivo, dos radio transreceptores, dos máquinas de escribir eléctricas con las que prepararon los cheques falsificados, los libros Manual de la cocaina, La química de los explosivos, Frecuencias de radio de la policia, Técnicas investigativas, Manual de Contrainteligencia, y Manual de inteligencia y seguridad. Una copia de este último libro fue ocupado diez meses después en la guarida de los Macheteros en Puerta de Tierra. También se confiscaron dos pasajes para Madrid en la aerolínea Iberia, el pasaporte español de Isabel Paños Agulló y su tarjeta de residente en Estados Unidos.

El pasaporte de Rodríguez indicaba que había estado en Cuba en dos ocasiones, la ú1tima vez por seis meses en 1979. Otro documento señala que el 19 de febrero de 1976, aplicó para una licencia de portación de armas, a pesar de que tres años antes había sido arrestado en su ciudad natal de Manatí por alteración a la paz y multado en $80. Rodríguez, organizador de la Unión de Tronquistas Local 901, alegó que era dueño del bar El Coquí en Santurce.

La licencia de conducir de Rodríguez tenía la dirección del apartamento 710-1, Borinquen Towers, en Caparra Heights, que era de su propiedad y estaba desamueblado, excepto una silla y un colchón, donde ocuparon marihuana, heroína y cocañina, dos balanzas para pesar drogas, una escopeta Remington calibre 12, una carabina M-1 Marlin calibre 22, un rifle recortado marca "Ceskoslovenka Zbrojobka," y 18 balas de cuatro calibres diferentes. En una caja de seguridad a nombre de Rodríguez en el banco Caguas Federal Savings en Carolina, el FBI confiscó $900 en efectivo y una libreta de ahorros con $3,000.

RodrÍguez y Paños fueron acusados en la corte federal de San Juan, caso CR-83-153, de 14 cargos de robo bancario y posesión con intención de distribuir sustancias controladas. Las fianzas de $200,000 y $300,000, respectivamente, las garantizaron con las propiedades de un grupo de amistades, como la casa del machetero Juan A. Castillo Ayala y su esposa Sandra Curet Santiago, en la calle Sagrado Corazón 500, valorada en $207,000; Daniel González Quijano y Lydia Liciaga Vélez ($175,500); Pedro Pérez Cruz ($74,200); y Antonio López Castro ($46,300).

A fines del verano de 1983, Jorge Farinacci,se encontró en el sector Condado con un activista cubano anticomunista, a quien los izquierdistas acusan de haber matado al agente castrista Carlos Muñiz Varela, y Farinacci le disparó por la espalda. Otro cubano exiliado ripostó, dándole dos balazos en el estómago a Farinacci, quien al caer logró de casualidad herirlo en una pierna. Oficiales de inteligencia estiman que Farinacci pudo haber recibido auxilio clandestino en el Instituto de Medicina de Familia, en el 1028 Ave. Roosevelt, Puerto Nuevo, al que se refieren como "El hospitalillo de los Macheteros," porque allí trabajan los médicos presuntos macheteros Víctor R. Mercado Díaz y Héctor Pesquera. Otros empleados subversivos incluyen a Salvador de la Cruz Elías, del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST); Carmen Acevedo Vicente, arrestada en Luquillo en 1976 con 1,357 libras de explosivos; Belkis, la nuera del jefe machetero Filiberto Ojeda; y la esposa del machetero Rubén Ramos Acosta. El Instituto de Medicina de Familia y sus sucursales en Bayamón, Caguas y Humacao, se anuncian en el semanario comunista Claridad, y muchos de su clientela son separatistas.

El lunes 12 de septiembre de 1983, fecha del natalicio del líder Nacionalista Pedro Albizu Campos, los Macheteros robaron $7 millones de las oficinas de la Wells Fargo en Hartford, Connecticut, con la ayuda del empleado Víctor Manuel Gerena Ortíz, de 25 años de edad, reclutado por el machetero Eliseo "Gabino" Alejandro Ortíz, hijo de un ministro de una iglesia protestante en Hartford. El robo fue planificado con Filiberto Ojeda y Juan Segarra Palmer durante 18 meses. El 19 de marzo de 1983, Segarra hizo una llamada de 7 minutos desde su residencia en la calle Taft del Condado, según demuestran los records telefónicos, al apartamento de Gerena en Hartford.

Gerena nació en el Bronx, el mayor de cinco hijos de una familia puertorriqueña. Su padre siempre lo criticó severamente por ser un fracasado. Cuando tenía doce años, sus padres se separaron y Víctor fue a vivir con su madre y hermanos al residencial público de Charter Oak en Hartford, Connecticut, cuya pobreza le creó un complejo antisocial. Trabajó de interno en la cámara de representantes estatal, donde una funcionaria le consiguió una beca en la universidad católica Annhurst. Sus compañeros de dormitorio eran venezolanos hijos de millonarios, lo cual agudizó su complejo de inferioridad, y Gerena creó un ambiente hostil criticando a los capitalistas "que chupaban la sangre de los pobres," a la policía como "puercos," y al gobierno norteamericano como "colonialista," lo cual le inculcó su madre, una activista del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP). Gerena, acostumbrado a hablar "spanglish," recibió suspenso hasta en la asignatura de español, frustrándose aún más, dejó de ir a clases, y fue expulsado de la universidad durante el primer semestre después que usó el teléfono de la oficina para hacer llamadas de larga distancia no autorizadas y se negó a pagarlas.

La vida personal de Gerena era tan desordenada como sus estudios. Viviendo en concubinato con Maggie Ruíz, la abandonó cuando estaba encinta para casarse con Pamela Anderson. Cuando ésta iba a tener una hija, la dejó y regresó con Maggie por dos años, posteriormente teniendo que pagarle $150 mensuales a ambas de pensión alimenticia, lo cual lo tenía desesperado porque debía $3,000 y las dos mujeres lo amenazaban con encarcelario. Gerena trabajó de manera esporádica en empleos de poco sueldo como despachando gasolina, chofer, operador de máquina en una fábrica, y ayudante de maestro, siendo despedido de muchos trabajos por falta de asistencia. En la primavera de 1982, Gerena solicitó un préstamo estudiantil de $2,500 con el Central Connecticut State College, no asistió a clases y nunca devolvió el dinero. En marzo de 1982, el machetero Juan Segarra Palmer visitó a Gerena y le pidió que aplicara como guardia de seguridad con Wells Fargo para efectuar el robo que ayudaría a la causa separatista, lo cual le dió a Víctor un sentido de propósito en la vida cuando obtuvo el puesto dos meses después.

Durante los 18 meses que fue guardia con Wells Fargo, Gerena era introvertido y no entablaba conversación con sus compañeros de trabajo. Víctor no tenía amigos, y su tiempo libre lo pasaba viendo televisión en su apartamento con Ana Elizabeth "Liza" Soto, de 20 años, con quien vivía hacía dos años. Tres meses antes del robo, Gerena viajó a Puerto Rico por primera vez, y el machetero Eliseo "Gabino" Alejandro Ortíz, quien lo reclutó en Hartford, lo llevó a los lugares históricos en la isla como la Plaza de la Revolución en Lares y los centros ceremoniales indígenas de Utuado y Barrio Tibes en Ponce. A las 9:40 p.m. del 12 de septiembre de 1983, mientras su jefe estaba en su escritorio revisando el inventario de la caja, Gerena se le acercó por la espalda, le quitó el revólver con el que le apuntó a la cabeza, agarrándolo por el pelo con la otra mano. "No te muevas, que no estoy jugando," le dijo Gerena al otro guardia que trató de asistir al jefe, y procedió a amarrar a ambos e inyectarlos con algo para que durmieran, escapando con $7,007,151.98, que pesaba 1,150 libras, en un carro rentado. Gerena tuvo la asistencia de Filiberto Ojeda y Juan Segarra Palmer.

Las autoridades estiman que Gerena no sabía que su destino era Cuba y que no podía llevar a su mujer, quien había conseguido una licencia de matrimonio para casarse al día siguiente. El 27 de septiembre de 1983, Segarra manejó una casa rodante Superior Motor Home de 1973 con paredes dobles, piso falso y un compartimiento capáz de ocultar a dos personas, trasladando a Gerena y dos millones de dólares a la Embajada cubana en México. Ojeda, apodado "El G-2 cubano" por ser un agente de inteligencia de Cuba desde 1961, respondía servilmente a los intereses de Fidel Castro. El vehículo fue manejado por Juan Segarra, quien volvió a salir de México con la casa rodante el 12 de octubre de 1983, según demuestran los records de Inmigración. Ese día Segarra hizo una llamada con cargo revertido a su residencia desde un teléfono público de la ciudad fronteriza de Laredo, Texas.

Documentos del proceso judicial federal CR-82-50 por robo bancario contra Jorge Farinacci García demuestran que la corte lo autorizó a viajar a Boston y Nueva York del 3 al 6 de octubre de 1983 y posteriormente le concedieron otro permiso para estar en Nueva York del 27 de octubre al 18 de noviembre de ese año, donde se reunió con los macheteros en esa ciudad. Otro que acudió a la cita en Nueva York fue el machetero Carlos "Puma" Rodríguez Rodríguez, según el permiso que le pidió a la corte federal de San Juan en el caso 83-153 por fraude, alegando que quería visitar a su madre que residía en Queens, quien padecía del corazón, del 1 al 6 de noviembre de 1983.

A las 7:43 de la noche del domingo 30 de octubre de 1983, los macheteros Luis Colón Osorio, y los hermanos Orlando, Avelino y Norberto González Claudio, dispararon un cohete antitanque LAW M-72 contra las oficinas del FBI en el quinto piso del edificio federal de Hato Rey, fallando el tiro 3 metros por debajo, haciéndole una pequeña avería a una columna de concreto. El daño a la estructura fue tan insignificante, que nunca fue reparado. Una mujer Ilamó a Prensa Asociada a nombre de los Macheteros y dijo que el ataque, denominado "La Guillotina," era en represalia por la invasión norteamericana de Granada.

El número de serie del cohete disparado demostró que fue parte del armamento abandonado por el ejército norteamericano en Viet Nam en 1975. "Esas armas se las dieron a ellos de Cuba," declaró a la prensa el agente del FBI Angel Berlingeri en septiembre de 1985. El secretario de Estado George Schultz declaró el 11 de noviembre de 1986 que la Unión Soviética y Cuba habían estado enviando esas armas a grupos subversivos en América Latina. Los cohetes M-72 empleados en el fallido atentado contra el general Augusto Pinochet en Chile en septiembre de 1986 era parte de ese armamento.

El cohete contra las oficinas del FBI fue disparado desde la calle O'Neill. Dos testigos vieron a dos sujetos correr por esa calle en dirección Este, y en un momento de confusión atravesaron hacia la Ave. Roosevelt por un pasillo al lado de Radio Shack. Se suponía que hubieran ido a un restaurante cercano, pero parece que no encontraron la entrada trasera. Las autoridades recuperaron los dos vehículos de escape abandonados por los Macheteros a una milla de los hechos. Un testigo había anotado la tablilla del Chevrolet Blazer 1976, donde el FBI ocupó dentro de un compartimiento de la puerta un pedazo de un boleto de tránsito rasgado. A través del número de serie, localizaron la copia del original, que estaba a nombre de "Pedro Almodovar Rivera," cuya licencia de conducir contenía la foto de Ojeda y su dirección en el 3384 Boulevard de Levitown. La última vez que el FBI había visto a Ojeda fue en 1976 cuando estuvo escondido un tiempo en la Misión Cubana ante las Naciones Unidas en Nueva York.

Ese mismo mes, el FBI efectuó intervenciones electrónicas dentro del apartamento de Ojeda, su teléfono, su automóvil, y tres teléfonos públicos frente a su residencia, los cuales usaba con frecuencia, y de donde se levantaron las huellas digitales de Ojeda, que era vigilado las 24 horas con binoculares desde un apartamento a 40 yardas, además de una patrulla móvil de seis carros con agentes. Poco después intervinieron electrónicamente la guarida en la oficina 249 del Condominio El Centro, en Hato Rey, y las residencias del matrimonio Juan Segarra Palmer y Luz María Berríos, y de Jorge Farinacci.

El 15 de enero de 1984, el FBI vió cuando Ojeda recogió a Ivonne Meléndez Carrión a varias cuadras de su casa, en Vega Baja, y la llevó a su residencia en Levitown, donde ella visitaba casi diariamente, excepto los fines de semana. Desde 1981 Meléndez era la dirigente de la célula "Los Tainos," y el Comité Central de los Macheteros la encomendó a escribir la reglamentación del manual de combate de su grupo.

Al día siguiente, el FBI comenzó a vigilar a Elías Samuel Castro Ramos, y así sucesivamente hasta tener a todos los Macheteros bajo observación. El 29 de marzo de 1976, Castro Ramos, Edwin Meléndez Vé1ez, Carmen Adela Acevedo Vicente y Luis Medina Hernández, todos del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), fueron arrestados en una casa campestre, propiedad de Luis Lugo Díaz, en el sector Mata de Platano en Luquillo con 1,357 libras de la iremita robada el 21 de julio de 1974 de la fábrica Ireco Caribbean en Manatí.

Según la querella policiaca 412-00341, cuando los agentes Hipólito García y Natalio Rivera se acercaron al lugar a las 8:30 a.m., los subversivos comenzaron a disparar con armas largas a través de las ventanas de la casa. Se inició un tiroteo, y Edwin Meléndez Vé1ez, temiendo que la iremita fuera a detonar, a pesar de estar herido en la pierna derecha, se dió a la fuga y fue capturado. Edwin es hijo del juez Edwin Meléndez Grillasca. Cuando los otros fueron arrestados, les ocuparon una ametralladora M-16, y rifles AR-15 y M-1, 74 balas, una bomba preparada, un aparato detonador, tres rollos de mecha, un radio portátil de 23 canales, un libro de la historia del partido comunista, doce sacos de 50 libras de iremita dentro de la casa y otros 15 sacos en un camión Willys 1962, propiedad de Alberto José Ochoa Roig, estacionado en la entrada. Los subversivos fueron acusados en el Tribunal de Humacao de tentativa de asesinato, conspiración, y violaciones a las leyes de armas y explosivos. El M-16 y el M-1 resultaron haber sido robados del cuartel de la Guardia Nacional en Hato Rey. Un documento de inteligencia confidencial señala que Castro Ramos también militó en la Organización de Voluntarios para la Revolución Puertorriqueña (OVRP).

El 22 de marzo de 1984, agentes federales siguieron a Ivonne Meléndez Carrión en un vuelo de Puerto Rico a la ciudad de Nueva York, donde la esperaban Isaac Camacho Negrón y Orlando González Claudio, que la llevaron en un Datsun hasta New Paltz, Nueva York, entrando en una casa rodante Superior Motor Home 1973. Los agentes del FBI los vigilaron hasta las dos de la madrugada, se retiraron por tres horas y media, y cuando volvieron no encontraron el vehículo y sus ocupantes, sino pedazos de madera que le habían extraido para la remodelación de los escondites que había hecho Orlando González Claudio, que es ebanista y carpintero. La casa rodante, con otros $3 millones del botín, cruzó la frontera el 27 de marzo, y las autoridades mexicanas expidieron permisos de turismo a Camacho Negrón y González Claudio. Días después, Ojeda y Segarra tomaron un vuelo de San Juan a Laredo, supuestamente entrando a México clandestinamente para reunirse con los funcionarios de la embajada cubana.

La tablilla de la casa rodante reveló que fue comprada por "Juvenal Concepción" en Southborough, Massachusetts, cuatro días después del robo de los $7 millones, pagando con un cheque de gerente del Baybank/Harvard Trust en Cambridge Mass. El FBI localizó la copia de la licencia de conducir de "Juvenal Concepción," que tenía una foto a colores de Filiberto Ojeda, quien también fue identificado por los vendedores del vehículo. El equipo fotográfico del banco Baybank demostró que el cheque de gerente fue comprado por Juan Segarra Palmer con el seudónimo "K. Fishman."

A las 3:30 de la tarde del 2 de abril de 1984, las autoridades allanaron un escondite de los Macheteros en Puerta de Tierra, ocupando cientos de documentos, con las huellas dactilares de Ojeda, Farinacci y Castro Ramos, entre otros, una relación con los "nombres de guerra" de 141 Macheteros, y los comunicados originales cuyas copias habían emitido a la prensa a través de los años. También confiscaron un listado computarizado con los nombres de todos los policías de Puerto Rico, con su número de placa y seguro social, al igual que una relación oficial de votantes del Precinto 1 de San Juan, y otro listado de 15,000 nombres de personas clasificadas como "amigo, enemigo, acercable," entre los que figuran políticos, artistas y periodistas. Se ocupó la nómina de los Macheteros con la escala de sueldos a tiempo parcial y tiempo completo, cuyo sueldo básico por persona era $400 mensuales; casado y la esposa no trabaja: $500; casado, con hijos y la esposa trabaja: $35 adicional por cada hijo; casado, con hijos y la esposa no trabaja: $60 adicional por cada hijo.

Otros documentos confiscados detallaban la organización del Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños (PRTP), el brazo político de los Macheteros fundado en 1976, y los escalones del Ejército Popular Boricua, el brazo militar, que comienza con la unidad de combate, que consiste de cinco personas cuyo líder es miembro de la sección política y controla el arsenal de su núcleo. Tres unidades de combate (15 personas) forman una célula de línea, que dirigen un jefe político y un jefe militar, en coordinación con los tres líderes de unidades. La célula de línea (17 personas) recibe asistencia logística de una célula de apoyo de cinco personas, que casi nunca entran en acción. Su labor es proveer carros robados, armas, equipo, escondites, asistencia médica, etc., y el jefe de este grupo es miembro del Partido y pertenece a una formación. Cada formación contiene cinco células, cuatro células de línea (con 17 miembros cada una = 68 personas) y una de apoyo con otros cinco, que son un total de 73 personas dirigidas por un miembro del Partido. Una comisión militar planea las acciones terroristas. Tienen subcomisiones de inteligencia, entrenamiento, finanzas, transportación y otros servicios. Por arriba de la comisión militar está el Comité Central, que formula la política de los Macheteros, y el Comité Directivo las efectúa.

El FBI anunció públicamente que en el local ocuparon mucha propaganda comunista, incluyendo ejemplares del boletín de escasa circulación Pensamiento Crítico, nombre que tomaron de una publicación de Cuba. Los editores del boletín, Jorge Farinacci, Miguel Pérez García y Pedro J. Varela Fernández denunciaron al FBI en rueda de prensa por crear "una patraña" al vincularlos con los Macheteros. Sin embargo, en su edición de ese mes, Pensamiento Crítico había publicado el programa del Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños (PRTP), de los Macheteros.

El 12 de abril de 1984, el machetero Carlos "Puma" Rodríguez Rodríguez y su esposa Isabel Paños Agulló fueron declarados culpables de 14 cargos de robo bancario y posesión con intención de distribuir sustancias controladas. Los abogados de Rodríguez fueron el subversivo Juan R. Acevedo Cruz y el abogado laboral Pedro J. Varela Fernández, señalado por el FBI como miembro de los Macheteros con el seudónimo "Manolo," quien declaró en el San Juan Star del 20 de abril de 1984, página 2, que "Su cliente era víctima de una maquinación de agentes del FBI que pudieron haber colocado la evidencia contra su

cliente."

Ese mismo día, Rodríguez abandonó a su esposa y violó las condiciones de fianza al esfumarse. Le pidió a Alejandro "El Chivo" Martínez Vargas que lo llevara a ver al jefe machetero Filiberto Ojeda Ríos. Hilton Fernández Diamante llevó a Rodríguez al apartamento de playa del médico Héctor Pesquera en el décimotercer piso del condominio Sandy Hill Tower en Luquillo, el cual los Macheteros usaban para reuniones clandestinas, igual que el apartamento del doctor Mercado en el piso doce del mismo edificio. Allí Farinacci aconsejó a Rodríguez que se fuera al clandestinaje y que los que habían prestado su fianza recibirían un reembolso de los Macheteros. Se acordó que una maquillista disfrazaría a Rodríguez de mujer para salir de Puerto Rico, pero el 18 de abril, temiendo que lo fueran a matar los Macheteros, escapó del apartamento y se entregó al FBI ante las ccamaras del estudio del Canal 4 de televisión.

Rodríguez señaló a las autoridades federales a Avelino González Claudio, Hilton Fernández Diamante, Jorge Farinacci García, Juan Antonio Castillo Ayala y Rubén Ramos Acosta, además de Ojeda y Martínez Vargas, como miembros de los Macheteros que lo ayudaron a esconderse, y que algunos de ellos usaban "beepers" para mantenerse en comunicación.

Tras su rendición, el jefe tronquista José E. Cádiz Ayala describió a Rodríguez para el San Juan Star del 18 de abril de 1984, página 10, como "un dedicado organizador de la Unión, quien participaba en todas las huelgas, y trabajaba noche tras noche en defensa de la causa laboral." Rodríguez también había militado en el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP).

Varias semanas después, en una conversación grabada mediante monitores colocados en la residencia de Filiberto Ojeda en Levitown, se escuchó al jefe Machetero, una mujer y otros hombres, discutiendo sobre alguien que había huído. "Lo teníamos y escapó, y no se ha tenido un reporte todavía. Nadie sabe lo que ha pasado, por qué huyó, o quien ha sido responsable de permitirle que escapara."

El 8 de junio de 1984, Isabel Paños Agulló fue sentenciada a 28 años de presidio federal en el caso CR-83-153 por el juez Gilberto Gierbolini. Durante otra conversación grabada por el FBI el 17 de junio de 1984, Ojeda y William Bird Forteza discutieron la situación de Rodríguez. Bird le preguntó a Ojeda si sabía cuando sería la fecha de sentencia, y éste respondió que el "Puma" obtendría una larga condena y que "cantaría como un pichón." El 29 de junio, Rodríguez fue condenado a 57 años de presidio y una multa de $55,000. Cinco meses después, comenzó a cooperar con el FBI, para que le anularan la multa y le rebajaran su sentence a 12 años y la de su esposa a 10 años.

El 7 de mayo de 1984, Ojeda, seguido por un agente del FBI, tomó un vuelo a Nueva York con el nombre Julio López. Tres días después, fue en una guagua Greyhound hasta Springfield, Massachusetts, donde lo esperaban Orlando González Claudio y Angel Díaz Ruiz, quien manejó la casa rodante hasta un campo en Bellingham, en las afueras de Boston. Entre los desperdicios que botaron, el FBI recuperó un boleto del estacionamiento del aeropuerto internacional de Houston, Texas. El día 11, los Macheteros fueron en el vehículo hasta el Bradley Shopping Plaza en Dorchester, donde se reunieron con Segarra Palmer para decidir el destino de la casa rodante, la cual dejaron en un estacionamiento en Boston, donde posteriormente fue confiscada por el FBI. Ojeda y Díaz Ruiz regresaron a Puerto Rico el 12 de mayo, y González Claudio viajó a Nueva York.

Una conversación telefónica interceptada el 18 de mayo de 1984, entre el jefe machetero Filiberto Ojeda Ríos e Ivonne Meléndez Carrión, por primera vez pone al FBI al tanto de una pugna entre los Macheteros, cuando Ojeda critica a Avelino González Claudio, Hilton Fernández Diamante y Jorge Farinacci como "quemados" dentro de la organización, porque los $7 millones les abrió un apetito burgués consumidor y comenzaron a comprar carros nuevos, grabadoras de video y otros artículos de lujo. Ojeda alardeaba que él era más revolucionario que todos, ya que durante mas de 20 años vivía clandestinamente con todas sus pertenencias en una maleta, moviéndose constantemente, dedicado totalmente a la causa separatista. Los disidentes, quienes se habían estado reuniendo por lo menos tres veces por semana en un apartamento de Farinacci en el Condominio Los Frailes en Guaynabo desde el 30 de enero al 2 de mayo de 1984, insistían en no enviar a Cuba todo el dinero, piendo $2.5 millones para formar otra organización y el adiestramiento de todos sus miembros.

Ojeda insistía en trasladar todo el dinero a Cuba, pero los disidentes lograron apoderarse de $2.5 millones, de lo cual entregaron un millón a la guerrilla salvadoreña, desafiando abiertamente a Ojeda y alegando que el control de los fondos debía ser responsabilidad de los Macheteros y no de los cubanos, que nada habían hecho por robarse el dinero. El conflicto se agudizó cuando el grupo de Avelino, Hilton y Farinacci insistió en realizar actos terroristas de menor escala con más frecuencia, mientras Ojeda abogaba por dar golpes grandes como el de la Base Aérea Muñiz, que tomaban más tiempo en planificar, sosteniendo más cautela, táctica y cuidado al operar. Ojeda quiso llevar la disputa a la membresía general de los Macheteros, pero se lo impidió el Comité Central.

El conflicto entre ambos bandos llegó al extremo de que Segarra acusó a Farinacci de dar muchas órdenes y no participar en las acciones. Segarra ya le había dado una paliza al diminuto Farinacci porque trató de enamorar a su esposa "Mima" Berrios. Los disidentes fueron a la residencia de Luis Colón Osorio y le quitaron un cohete M-72 y la mitad del armamento de los Macheteros.

El Comité Central, donde predominaban los disidentes, entonces acordó expulsar de sus filas a Filiberto Ojeda e Ivonne Meléndez Carrión. Elías Castro Ramos, acompañado de la esposa de Farinacci, María Dolores Fernós, visitaron el apartamento de Ojeda el 4 de junio de 1984 para comunicarle la decisión y pedirle varios documentos que él guardaba. Después de su arresto el FBI ocupó en la residencia de Ojeda un documento que se refería a las disputas entre él e Hilton Fernández Diamante posterior al robo de la Wells Fargo, y que por lo tanto, ambos debían ser removidos de la sección militar de los Macheteros. Ojeda alegaba que Hilton se iba convirtiendo cada vez más en un riesgo para la seguridad del grupo.

Al día siguiente, en una conversación captada por el FBI en el Datsun de Ojeda, éste hablaba con Isaac Camacho Negrón sobre los $360 mil del botín que no fue a Cuba, el cual Hilton Ferández Diamante alegaba que se lo habían robado del caserío donde lo había escondido, pero Ojeda lo acusaba de haberse quedado con el dinero. Ojeda señaló que no permitiría bajo ningún concepto que el grupo disidente se quedara con el nombre Ejército Popular Boricua -- Macheteros, y que si querían podían quedarse con la dirección del Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños (PRTP).

Avelino, Hilton y Farinacci se quedaron con el PRTP, seguidos por Norberto González Claudio, y Elías Castro Ramos. Filiberto Ojeda tomó la dirección del Ejército Popular Boricua -- Macheteros, con Juan Segarra Palmer y su esposa Luz María Berríos, Orlando González Claudio, Luis Colón Osorio, Roberto José Maldonado, Norman Ramírez Talavera y Carlos Ayes Suárez.

Ojeda viajó a México el 29 de junio de 1984 y se reunió con el oficial de la DGI cubana Fernando Pascual Comas Pérez, funcionario de la Unidad de Inteligencia del Departamento América del Partido Comunista de Cuba en la Embajada de Ciudad México, para informarle sobre el divisionismo acontecido y la posibilidad de que los documentos ocupados por las autoridades dos meses antes pudieran comprometer al gobierno cubano. Ojeda expresó el temor de que los Macheteros rivales lo fueran a matar, como le sucedió a Maurice Bishop en Granada, y que después culparan a la Policía para convertirlo en un "mártir" de la causa separatista. Comas le dijo que no entregarían a nadie el dinero robado a la Wells Fargo que estaba bajo custodia del gobierno cubano a menos que Ojeda lo autorizara, y que "El Viejo" (posiblemente Manuel Piñeiro Losada, jefe del Departamento América, o Fidel Castro) apoyaba la facción de Ojeda. Comas también mencionó a "patilla" en la conversación, que es uno de los apodos que el pueblo cubano le ha puesto a Fidel Castro, dando a entender que también estaba involucrado en el asunto.

Ojeda, por sus nexos con la inteligencia castrista durante 25 años, a través de los oficiales del Departamento América, Manuel Piñeiro Losada, Alfredo García Almeida, Fernando Comas Pérez y Ernesto Pons Mazorra, pidió el reconocimiento de Cuba para su facción de Macheteros y la exclusividad de entrega de armas y entrenamiento a sus miembros, a lo cual accedieron los castristas. Ojeda les recordó a los oficiales cubanos el compromiso contraído originalmente con é1. Una grabación de Ojeda en su residencia el 2 de julio recogió una conversación donde hablaba de intentar entrar 30 kilos de explosivos plásticos a los Estados Unidos por la frontera de México, como parte de un cargamento de armas largas y cortas y granadas de mano que les iba a entregar el gobierno de Cuba. "Yo no preparo planes de trabajo. Brego con los cubanos en un nivel personal,"afirmó Ojeda.

El 1 de julio de 1984, Silvia Mulling Cowart, que estaba poniendo en orden la contabilidad de los Macheteros después del divisionismo, llamó a Ojeda y le preguntó que significaba "A.B.," ya que unos fondos cargados a esa operación no cuadraban, y éste respondió que significaba "Aguila Blanca," el nombre secreto para el robo de los $7 millones.

En la próxima edición: El arresto de los Macheteros al delatarse unos a otros.

La Crónica Gráfica

(San Juan), 1987

Terrorismo en Puerto Rico:

Los Macheteros se delatan unos a otros

Por Armando André

(Ultimo de una serie de seis articulos)

El 22 de agosto de 1984, el machetero Antonio "Tony Gas" Colón Pérez, quien estuvo fugitivo en California desde septiembre de 1981 haste que fue capturado y extraditado a Puerto Rico el 21 de octubre de 1983, se declaró culpable en el Tribunal de Carolina por los asesinatos del marino Steven D. Miller y Abraham Febres Oliveras ocurridos en 1981, y un cargo de distribución de cocaína, e implicó en la muerte de Miller y de José Guillermo Zambrana García a Carlos "El Puma" Rodríguez Rodríguez, quien cumplía una condena de 57 años en la penitenciaria federal de Terre Haute, Indiana, por un fraude bancario de $3.2 millones y quien cuatro días después fue acusado por ambos asesinatos. "Tony Gas" también acusó del asesinato de Zambrana a Alejandro "El Chivo" Martínez Vargas, contra quien se expidió orden de arresto.

El 9 de septiembre de 1984, Víctor Gerena, que estaba fugitivo en

Cuba, envió unas tarjetas postales de la Estatua de la Libertad con el matasellos de Nueva York a los periódicos Hartford Courant, El Mundo de San Juan, la agencia de noticias EFE en Puerto Rico, y a la reportera izquierdista Laura Candelas, de Prensa Asociada en San Juan, antigua militante con "Carpet Rojo" del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), a quien le escribe, "yo te admiro muchísimo y te pido que continues trabajando por la justicia y la libertad," y a todos termina prometiendo "aclarar pronto cualquier confusión que todavía exista sobre mi persona o el destino del dinero; estén al tanto." En nuestra edición de septiembre de 1984, La Crónica publicó el articulo "Puertorriqueños en Cuba" con la foto y biografía del jefe machetero Filiberto Ojeda Ríos, alias "El G-2 Cubano," a quien la prensa de Puerto Rico no mencionaba hacía más de una década.

El 19 de octubre de 1984, los Macheteros dejaron un comunicado en Santurce adjudicándose el robo de los $7 millones de la Wells Fargo, señalando que lo estuvieron planificando durante 18 meses, y denominaron "operativo militar económico Pitirre III." En aquella época, una conversación captada en el carro de Ojeda entre éste, Segarra y su esposa Lucy Berríos, se habló de la exigencia de Víctor Gerena de tener a su mujer con él. Segarra dijo que Gerena no podía quejarse porque sabía que iba a estar fuera del país y sabía que su destino era Cuba. El 13 y el 14 de noviembre de 1984, Carlos Rodríguez se reunió con dos agentes del FBI y después de pasar el detector de mentiras en dos ocasiones, confesó todo lo que sabía sobre los Macheteros.

El 9 de diciembre de 1984, bombas de la Organización de Voluntarios para la Revolución Puertorriqueña (OVRP) estallaron en el Decanato de Estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y en la oficina de reclutamiento de la Marina en Ponce. Otros artefactos defectuosos fueron ocupados en el cuartel de la Guardia Nacional en Sabana Seca y en el local de reclutamiento militar en Aguadilla. Una bomba que no estalló frente a la oficina de reclutamiento del Ejército en Cayey, fue recogida por el dueño de una botánica cercana, quien se la llevó para su negocio, notificando a la Policía tres días después.

El 26 de diciembre de 1984, la machetera Lucy Berríos llevó a Norman Ramírez Talavera y Carlos Ayes Suárez al aeropuerto de San Juan, donde tomaron un vuelo a Nueva York con $12,000 pare coordinar la repartición de juguetes el día de los Reyes Magos. Allí se dirigieron a la residencia de Juan Francisco Torres López, donde se reunieron con Rafael Fernández Ripoll. El dirigente de los Macheteros en la llamada "Zona 5," se opuso a entregar los regalos por considerarlo muy riesgoso. Ramírez llamó a Segarra Palmer, quien le dijo que pidiera asistencia a otro Machetero, creando un problema interno porque Segarra, jefe de la "Zona 1," no consulto al Comité Central y actuó por cuenta propia.

El 3 de enero de 1985, Josefina Fernández llevó a Ramírez Talavera y Ayes Suárez a Milford, Connecticut, donde Ramírez compró $5,500 en juguetes e hizo arreglos con la compañía de transporte Eastern Moving Co. pare llevar la compra a Hartford el 6 de enero. La víspera de Reyes, Ramírez recorrió Charter Oak, el sector pobre donde residió Víctor Gerena, regando hojas sueltas anunciando los obsequios que serían distribuidos al día siguiente.

El 6 de enero de 1985, Josefina Fernández llevó a Ramirez, Ayes, y otros dos Macheteros a Hartford, donde se disfrazaron de Reyes Magos y distribuyeron juguetes. El agente del FBI Anibal Molina, que los tenía bajo vigilancia, recibió un jamón, un billete de $20 y un juguete para su "hijo" de manos de Ramírez Talavera. Carlos Ayes tomó fotos que luego fueron enviadas a la prensa. Otro grupo de vigilancia del FBI observó a Juan Segarra Palmer, Isaac Camacho Negrón, y Luis Colón Osorio disfrazarse como los Tres Reyes Magos y repartir juguetes en el sector Capetillo de Río Piedras. Ese mismo día los macheteros Eliseo y Alejandro Ortiz y Petra Mercedes Rodríguez Torres repartieron juguetes en Villa Sin Miedo. Al día siguiente, los Macheteros enviaron comunicados a la prensa en Hartford, Boston y San Juan. acreditándose la actividad.

Ojeda acusó a Segarra de violar las reglas de procedimiento, de ser arrogante y de ser un contrarrevolucionario, porque éste insistía en crearle a los Macheteros una imagen de "Robin Hood," que robaba a los ricos pare darle a los pobres, y asi borrar un poco el sello de terroristas despiadados. Segarra favorecía suavizar los actos de los Macheteros pare ganarse más adeptos, y quería renovar la organización con nuevas y buenas acciones, y expulsar a los extremistas.

Segarra, el "playboy" de los Macheteros, a pesar de estar casado y tener dos hijos con Luz María Berríos, se hacía acompañar de hermosas damas y de su amante Anne L. Gassin, siendo criticado por los gastos extraordinarios que sus romances incurrían con viajes, regalos, restaurantes y buena vida. El FBI colocó un micrófono en el teléfono y la sala de la residencia de Gassin, de 26 años, nacida en Francia y graduada en biología de la universidad de Harvard, y grabaron una conversación donde ella le informa a Segarra que está encinta y ansiosa de verlo.

El 12 de enero de 1985, Ojeda celebró un congreso reorganizativo en una madriguera del barrio El Cortijo en Bayamón, donde entre otras cosas, cambió el emblema de los Macheteros, y logró que el Comité Central expulsara a Segarra por no informar el programa de la repartición de juguetes a la directiva del grupo; su esposa Lucy Berríos renunció, y botaron a Norman Ramírez Talavera y Carlos Ayes Suárez, por correr el riesgo de ir a Hartford para la distribución de los juguetes sin aprobación y usar a dos personas de esa área que pudieran haber sido reconocidos.

El 19 de enero, un grupo de macheteros, incluyendo a Avelino González Claudio, asistieron al funeral del jefe terrorista Juan A. Corretjer, el cual fue coordinado por Hilton Fernández Diamante. Consuelo Lee, viuda de Corretjer, colocó la bandera de los Macheteros sobre el féretro cuando iba a ser sepultado y exclamó, "adiós, comandante."

A las 10:15 P.M. del 25 de enero de 1985, la facción del Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños (PRTP) disparó un cohete M-72 contra las oficinas de los Alguaciles federales en el edificio federal del Viejo San Juan, no atinando el tiro por un metro, e impactando la pared externa del baño del cuarto piso. Este segundo fallo hacía lucir a los Macheteros como los mafiosos aprendices de la película "The Gang that Couldn't Shoot Straight." El tubo propulsor del cohete anti-tanque fue hallado en el cuarto piso del estacionamiento público al cruzar la calle del edificio federal. El M72 lo adquirió el PRTP al dividirse el arsenal de los Macheteros, quienes se quedaron con el otro cohete antitanque, que fue ocupado en la case de Colón Osorio al ser arrestado.

Al día siguiente Lucy Berrios y Norman Ramírez Talavera discutieron la posibilidad de que algunos Macheteros fueran detenidos. Ramírez respondió que jamás permitiría su arresto, que prefería estar muerto antes de que lo trasladaran a Estados Unidos.

El 13 de febrero de 1985, Alejandro Martínez Vargas, el "gatillo" de los Macheteros, fue arrestado por el asesinato del machetero José Zambrana García en 1981, basado en las confesiones de sus cómplices Antonio "Tony Gas" Colón Pérez y Carlos "El Puma" Rodríguez. El dominicano Martínez Vargas también es conocido por los apodos "Dominiqui," "El Chivo," "Joe" y "Pupito," y en los diferentes formularios de arresto de la policía alega ser "detective privado" y "operador de computadoras."

Martínez Vargas, notorio traficante de cocaína, estaba fugitivo desde el 28 de agosto de 1984, y fue detenido por dos agentes del FBI mientras transitaba en un Buick 1976 por Puerto Nuevo, a quienes se identificó con una licencia a nombre de "Arturo Meléndez Romo," un carnet falso del Sindicato de Músicos de Puerto Rico (afiliados a la Unión de Tronquistas Local 901), y una tarjeta de seguro social fraudulenta, por lo cual también le sometieron cargos.

El 15 de marzo de 1985 se suicidó el machetero Ramón Calderín Lopez, ahorcándose con una sábana atada a un madero del closet de su apartamento 107-II del condominio Borinquen Towers en Puerto Nuevo. Su esposa Brunilda Vélez García encontró el cadáver cuando regresó a su hogar a las 3:20 p.m. y declaró a la policía que Calderín, de 38 años, "estaba confrontando graves problemas psicológicos y paranoia, mas era atendido por el Dr. Guillermo Santiago," según la querella policiaca 85-1362-03936, añadiendo "que su esposo ya había intentado contra su vida en diciembre de 1984 mientras se encontraba en la casa de su mamá en Puerto Nuevo, y desde entonces recibía tratamiento psiquiátrico con el Dr. Feliciano." Calderín era primo del abogado de los Macheteros, Luis F. Abreu Elías. Calderín participó en el asalto a un camión de la Wells Fargo en el supermercado Conchita en Villa Fontana, Carolina, el 16 de noviembre de 1982, donde los Macheteros se robaron $336,550 y asesinaron a Angel Hernández Cruz de un disparo de rifle en el pecho.

El 20 de marzo de 1985, Segarra Palmer cambió algunos de los billetes robados en Hartford en varios bancos del área metropolitana de San Juan, y tres días después su amante Anne L. Gassin, abrió una cuenta en el banco Baybank/Harvard Trust de Cambridge, Massachusetts, para "lavar" unos $800,000 del botín destinado a Puerto Rico.

El 1 de abril de 1985, los Macheteros enviaron cartas al Hartford Courant, El Mundo y una personal al periodista izquierdista Tomás Stella, incluyendo la mitad de billetes de $10 robados a la Wells Fargo, quejándose de que el gran jurado investigando el robo estaba siendo usado como una medida represiva contra los independentistas puertorriqueños. El solterón Stella, quien residía con el homosexual Pedro Manzano Matías, se negó a entregar el billete al FBI pare ser analizado.

El 13 de mayo de 1985, la corte federal de San Juan le modificó la sentencia al machetero Carlos Rodríguez Rodríguez por su cooperación, anulándole la multa de $55,000 y rebajando la condena de su esposa, Isabel Paños Agulló, de 28 a 10 años de presidio, quien ya se encuentra en libertad bajo palabra.

El 15 de junio de 1985, Filberto Ojeda y Orlando González Claudio viajaron con identificación falsa en un vuelo de San Juan a Laredo, Texas, pare entrar en México posteriormente. Cinco días después, temiendo que Carlos Rodríguez Rodríguez y Alejandro Martínez Vargas estuvieran cooperando con el FBI, Jorge Farinacci, como portavoz del boletín izquierdista de escasa circulación Pensamiento Crítico, dió una conferencia de prensa donde denunció un plan del FBI "para arrestar y fabricar casos a más de 100 líderes independentistas." Por su parte, el FBI dijo no tener conocimiento del alegado plan. Sin embargo, alguien en la oficina del FBI en San Juan le había informado al abogado Enrique Segarra que su hijo y otros Macheteros iban a ser arrestados.

Ese mismo día, el machetero Hilton Fernández Diamante, viajó a Costa Rica y luego a Panamá el día 22 con Avelino González Claudio, y continuaron a Cuba ese mismo día. volviendo a Panamá y Costa Rica el 26, y regresando a Puerto Rico. Oficiales de Inmigración cuestionaron a Fernández sobre los tres días que no estaban registrados en su pasaporte, que fue el tiempo que estuvo en Cuba, y Fernández dijo que no tenía que contestar eso porque era independentista.

El 30 de junio, la machetera Carmen Silva Huyke, esposa del dirigente Elías Castro Ramos, hizo su testamento manuscrito señalando a quien dejar sus pertenencias "por si algo le pasaba." El documento fue ocupado por el FBI dos meses después.

El 1 de julio, un tal "Moncho" llamó a Ojeda en Panamá informando que se quedaran allí porque habían órdenes de arresto contra él, Fernández Diamante, y González Claudio.

El 13 de julio, el machetero Alejandro "El Chivo" Martínez Vargas, le escribió a Jorge Farinacci desde la prisión federal de Miami, alegando que era "asediado con ataques constantes" del FBI para que se hiciera informante, pero que se mantenía firme en sus ideales. La carta fue publicada en el semanario comunista Claridad. El 7 de agosto, Martínez Vargas fue declarado culpable en el caso judicial G85900 del asesinato en primer grado del machetero José Zambrana, y sentenciado a 99 años de presidio poco después. El 26 de agosto, "El Chivo" se declaró culpable en la corte federal, caso CR-85-70, a dos años de presidio por usar un número de seguro social falso. El 14 de noviembre, también se declaró culpable en los casos judiciales G85-2278 al 2282 de cinco acusaciones de falsa representación y falsificación de documentos, por lo que fue sentenciado a 7 años de presidio concurrentes con la condena que cumplía.

El 31 de julio, el FBI grabó una conversación durante una reunión en la oficina 249 en el Condominio El Centro, de Sylvia Mulling Cowart, con Filiberto Ojeda Ríos, Rubén Ramos Acosta, Roberto Maldonado, Ivonne Meléndez Carrión, Luis Colón Osorio, y Norberto y Orlando González Claudio, quienes estaban preocupados que el dominicano Martínez Vargas divulgara las operaciones del grupo a las autoridades. Ramos Acosta mencionó que estaba tratando de conseguir 30 pistolas de Nicaragua.

A los pocos días, Juan Segarra, su esposa Luz Berríos y sus dos hijos partieron hacia México. Los Macheteros asignaron a Luis Colón Osorio, Ivonne Meléndez Carrión y Norman Ramírez Talavera a buscar casas de seguridad para el resto del grupo en septiembre. Avelino y Norberto González Claudio se fueron al clandestinaje y aún están fugitivos.

Segarra dejó a su esposa e hijos en Cuernavaca y llegó al aeropuerto de Dallas a la una de la madrugada el 30 de agosto, siendo inmediatamente arrestado. La vigilancia de los Macheteros durante casi dos años había terminado. A las seis de esa mañana, más de 200 agentes federales, incluyendo el equipo de rescate de rehenes y el equipo especial de armas de fuego y operaciones tácticas (SWAT) del FBI, iniciaron el operativo que culminó con el arresto de:

Filiberto Ojeda Ríos, de 52 años de edad, miembro de los Comités Central y Directivo de los Macheteros. Veinticuatro agentes del FBI con chalecos a prueba de balas, respaldados por un helicóptero y francotiradores en los edificios cercanos, realizaron el operativo que culminó en el arresto de Ojeda en su apartamento del segundo piso del condominio Playa Azul en Luquillo. Cuando los agentes tocaron la puerta, a las seis de la madrugada, Ojeda les disparó con una ametralladora Uzi con silenciador. "Si alquien sube le vuelo la cabeza," gritó Ojeda. "Yo soy el jefe de los Macheteros." Mientras su esposa Blanca Iris Serrano quemaba documentos en el baño, Ojeda salió al pasillo con una pistola en una mano y la ametralladora en la otra, disparando más de 40 balas contra los agentes del FBI que subían la escalera, hiriendo a uno en un ojo con un fragmento de bala que rebotó de una pared. Al vaciar la ametralladora, Ojeda permaneció al descubierto con la pistola en la mano, en aparente deseo de que lo mataran. Sin embargo, un francotirador del FBI, galardonado en Vietnam con la Medalla Congresional de Honor, le tumbó la pistola de la mano con un solo disparo, y Ojeda fue aprehendido, siendo el único Machetero que resistió con las armas. En su residencia confiscaron $1,100 en billetes de $20, estados financieros en clave, y un manual del cohete antitanque LAW M-72. Permanece encarcelado sin fianza.

Jorge Farinacci García, 36, abogado de la Unión de Tronquistas, quien igual que su esposa María Dolores "Tati" Fernós López-Cepero, alias "Lisa," son miembros de los Comités Central y Directivo de los Macheteros. Cuando el FBI allanó su residencia en la calle Homero 42 del exclusivo Reparto Apolo en Guaynabo, ocuparon una pistola Walther PPK 7.65 mm., 50 balas calibre 380, 35 balas calibre 30 para una carabina, 20 balas calibre 32, un detector de micrófonos "Audio Sensor," expedientes financieros sobre pagos a los Macheteros, un pase de visitante robado del edificio federal en el Viejo San Juan, cartas del presidio de los macheteros convictos Alejandro Martínez Vargas y Carlos Rodríguez Rodríguez, una grabación de un programa radial de Noti-Uno sobre los Macheteros, una pelicula video de un viaje a Cuba de "Tati" Fernós y su ex esposo Pedro J. Varela Fernández, tres cajas vacías pare armas cortas, documentos sobre el capítulo de Puerto Rico del Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) y la Brigada Antonio Maceo, que anualmente viaja a Cuba, y un manual de entrenamiento terrorista titulado "Adrede." El 21 de octubre de 1985 salió en libertad bajo fianza de S100,000 en efectivo, $400,000 en propiedades, y medio millón de dólares en pagarés que firmaron su padre, Jorge Farinacci Graziani, presidente de la corporación Kresto Denia, su hermano Roberto, fiscal estatal, y su hermana Eilleen.

Hilton Edgardo "Romano" Fernández Diamante, 40, de los Comités Central y Directivo de los Macheteros, fumigador desempleado, del apartamento 812-A, condominio Los Robles, Río Piedras, donde confiscaron $3,480 en billetes de $20, notes sobre un denominado Grupo 7 de los Macheteros, una clave secreta, y documentos señalando que había viajado a México, Panamá, La Habana, Nicaragua y Nueva York. El 18 de diciembre de 1986 salió en libertad bajo fianza de medio millón de dólares en propiedades y firmas de garantía.

Elias Samuel "Martín" Castro Ramos, 39, maestro desempleado, perteneció al PSP y la OVRP, miembro de los Comités Central y Directivo de los Macheteros, calle Ambar número 4, Villa Blanca, Caguas, donde el FBI ocupó chalecos a prueba de balas, fatigas militares, dos radios walkie-talkies, guantes plásticos, dos pelucas y tres pasaportes a su nombre, dos de ellos expirados, señalando viajes a Jamaica en 1975 y Costa Rica en 1979. También se confiscó el pasaporte de su cuñado Alejandro Silva Huyke con la fotografía emborronada y ocho fotos de Castro Ramos en disposición de adherir una al pasaporte. Su esposa, Carmen Dolores Silva Huyke, también pertenece a los Macheteros y a la Brigada R. Clemente, con quienes viaja a Nicaragua. Se ocupó un maletín negro con dos capuchas, $863 en efectivo, actas de los Macheteros en una carpeta con carátula falsa, documentos financieros de los Macheteros sobre una transferencia de $40,000, una lista de. gastos incurridos que señala que cobraba $600 mensuales del grupo, y los nombres en claves de otros macheteros. También se confiscó una grabadora video casette con seis cintas y propaganda comunista nicaraguense y salvadoreña. Castro se negó a abrir la puerta, que fue derribada por agentes del FBI con una mandarria a las 7 a.m., a quienes amenazó diciendo que jamás olvidaría sus rostros y que sus familiares pagarían por lo que estaban haciendo. El 12 de diciembre de 1986 salió en libertad bajo fianza de medio millón de dólares en propiedades y firmas de

garantía, y la tutela del dirigente laboral izquierdista Luis Amaury Suárez Zayas.

Orlando "Jumbo" González Claudio, 38, fundador de los Macheteros y miembro de los Comités Central y Directivo, del sector La Arena, del Barrio Almirante Sur de Vega Baja. El 12 de diciembre de 1986 sailó en libertad bajo fianza de un millón de dólares en propiedades y firmas de garantía, y la tutela del licenciado Ferdinand Rivera Ortega.

Ivonne "Falcon" Meléndez Carrión, 30, de la Calle Principal, Urbanización Brisas de Tortuguero, Vega Baja, antigua militante del PSP, en cuya residencia ocuparon una ametralladora calibre 45, una pistola 357, un rifle de salvas calibre 22, y cientos de balas de diferentes calibres. En un escondite en el baño encontraron disfraces, diagramas pare fabricar silenciadores, y más de 40 minutas de reuniones de los Macheteros, junto con un diagrarna de un cuartel de la Policía y un listado de cosas necesarias pare atacarlo, incluyendo tres carros, distintos tipos de armas, disfraces y ropa adicional para cambiarse en la ruta de escape. A principios de la década de los setenta, ella perteneció al grupo terrorista Comando Obrero Revolucionario (COR). El 18 de diciembre de 1986 salió en libertad bajo fianza de medio millón de dólares en propiedades y firmas de garantía, y la tutela del abogado Antonio E. Arraiza Miranda.

Angel "Milo" Díaz Ruiz, 38, de Vega Baja, esposo de Ivonne Meléndez Carrión, y ex activista del PSP. Se dedicaba a limpiar patios, y previamente fue procesado en la corte federal de San Juan, caso 72-174, por negarse a servir en el ejército norteamericano. El 23 de noviembre de 1985 salió en libertad bajo fianza de $10,000 en efectivo y $90,000 en propiedades.

Isaac "Frank" Camacho Negrón, 38, cerrajero, de la Calle 70, bloque 129, Villa Carolina. Veterano del ejército norteamericano en la guerra de Viet Nam. Antes de la división de los Macheteros, era tesorero central. El 12 de diciembre de 1986 salió en libertad bajo fianza de un millón de dolares, con $190,000 en propiedades, $5,000 en efectivo, el resto con firmas de garantía y la tutela de su hermano, el abogado José Camacho Negrón.

Luis Alfredo "Manuel" Colón Osorio, 35, del sector Río Abajo del Barrio Borinquen, Caguas. Sus problemas mentales se deben en parte a que su padre era un alcohólico que abandonó a su madre cuando él era niño, y ella volvió a casarse con un cubano exiliado. En el ejército norteamericano, Colón Osorio fue clasificado de la raza negra, lo cual negaba diciendo que era puertorriqueño, y eso le creó un complejo de identidad. Era el "armero" de los Macheteros, y en su finca se ocupó la mayor parte del arsenal del grupo, incluyendo un lanzacohete anti-tanque M-72, una ametralladora M-16 y un rifle AR-15, una pistola con silenciador, una cantidad de balas calibre 22, 223, 357 y 38, dos cargas explosivas, componentes pare fabricar bombas, un frasco de pólvora, cordones detonadores, cinco granadas de humo violeta, un par de esposas, $7,320 en efectivo y documentos e impresos con el logo y el nombre de los Macheteros. En el baño habían algunos documentos quemados y otro denominado "Plan de Trabajo 84-85, Zona Z." Al ser detenido, las autoridades lo mantuvieron separado del resto de los Macheteros tratando de inducirlo a cooperar, ya que en el ejército delató a los soldados que usaban drogas y cuando fue arrestado por secuestro en 1979, delató el escondite de sus compinches. Salió en libertad bajo fianza en diciembre de 1986. Durante los 16 meses que estuvo encarcelado, realizó dos huelgas de hambre.

Otros efectos capturados a los Macheteros incluían un manual sobre demoliciones de la Oficina de Servicios Estratégicos, precursora de la CIA durante la Segunda Guerra Mundial, fatigas militares y capuchas con diseños de camuflage. También se ocuparon tres computadoras donde mantenían la contabilidad de la organización.

Entre los documentos confiscados habían fotos aéreas del radar y el campo de antenas de la Base Naval en Sabana Seca y de Borinquen Field, la antigua Base Ramey de la Fuerza Aérea. Se estima que la fotógrafa Trinidad Socorro "Coqui" Santaliz tomó los retratos desde la avioneta Cessna 190 que piloteaba su esposo Roberto Maldonado.

Norman "Pedro" Ramírez Talavera, 29, de Jardines de Vega Baja, gerente de la imprenta Gráficos El Caribe, financiada por los Macheteros, cuya copiadora usaban para reproducir los comunicados de la organización. Nació en Nueva York y vivió en Hartford muchos años. Pertenece a la logia masónica irregular Gran Oriente, de afiliación separatista, y militó en el PSP. Adscrito al PRTP con su compañera "Alma" en julio de 1979, donde su labor en el brazo político de los Macheteros le ganó un ascenso al "comando militar de la Zona 1," con sueldo de $500 mensuales. En su residencia ocuparon documentos sobre la organización y finanzas de los Macheteros, y prestó resistencia cuando lo arrestaron en su cama. El 20 de diciembre de 1985 salió en libertad bajo fianza de $5,000 en efectivo y $495,000 en propiedades y firmas de garantla.

Carlos "Pio" Ayes Suárez, 26, estudiante de arqueología, del barrio Pueblo Nuevo de Vega Baja, donde milita en el PIP y trabajaba en Gráficos El Caribe. Miembro de la logia masónica irregular Gran Oriente, de afiliación separatista. Ayudó a preparar la Zona 5 de los Macheteros en la ciudad de Nueva York. En su casa ocuparon artículos de periódicos sobre los actos terroristas de los Macheteros y la FALN, la dirección de Zulma Gerena, pariente de Victor Manuel Gerena, una tarjeta con el nombre del representante pro castrista Severo Colberg Ramírez y un listado de agentes federales con sus direcciones, números de teléfonos, y sus datos personales, incluyendo estatura, peso y color de cabello. También estaban anotados los automóviles de los agentes y de cientos de policías puertorriqueños. El 12 de noviembre de 1985 prestó la fianza de $10,000 en efectivo y $90,000 en propiedades.

Luz María "Mima" Berríos Berríos, 34, fue detenida por las autoridades mexicanas con golpes de karate en presencia de sus hijos, Lucía, de 9 años, y Ramón Enrique, de 8, y deportada a Estados Unidos. Estando en la misma prisión federal que su marido, quedó encinta en 1986, aprovechando las reuniones donde los acusados discutían el caso, para tener relaciones sexuales. El 23 de diciembre de 1986 salió en libertad bajo fianza de medio millón de dólares en propiedades, y la tutela de su hermano Ricardo Berríos Berríos.

Juan Enrique "Junior" Segarra Palmer, 35, de la Urbanización San Demetrio de Vega Baja. Fundador de los Macheteros y miembro de los Comités Central y Directivo, era el "cerebro" que planeaba las acciones. Estudió en la universidad de Harvard de 1968 a 1972. Permanece encarcelado sin fianza.

Anne L. "Teresa" Gassin, 26, amante de Segarra Palmer, fue acusada del manejo, depósito y lavado de parte del dinero robado, y le anularon los cargos cuando se convirtió en testigo de estado.

El FBI también allanó el apartamento 913-B del condominio Los Robles, Río Piedras, donde residen los Macheteros Roberto José Maldonado Rivera y su esposa Trinidad Socorro "Coqui" Santaliz, ocupando $6,335 en efectivo, un revólver no registrado, y el pasaporte de Maldonado, que demuestra que ha viajado a Cuba más de doce veces. Otro registro fue realizado en el 1012-A de Los Robles, residencia de la contable de los Macheteros, Silvia Mulling Cowart, ex esposa de Maldonado. Un total de 37 residencias fueron allanadas, incluyendo la de Petra Mercedes Rodríguez Torres, Noel Ramírez Talavera, donde ocuparon un revólver calibre 38, la casa de campo del artista gráfico Antonio Martorell, del Barrio Cubuy en Canóvanas, el escondite del barrio El Cortijo en Bayamón, donde ocuparon el tubo del M-72 que dispararon contra el edificio federal en Hato Rey, además de numerosos documentos comprometedores, y el negocio Gráficos El Caribe en el barrio Brasilia de Vega Baja.

Permanecen fugitivos:

Avelino "Tino" González Claudio, 43, del Camino La Corte, Barrio Tortuguero, Carr. 512A, Río Piedras, quien trabajaba en el Taller Alborada, donde los Macheteros imprimían el boletín Pensamiento Crítico. Su hijo Avelino meses antes estuvo en el Festival de la Juventud en Moscú. En su casa ocuparon un arma, cuatro chalecos a prueba de balas, receptores de radio comunicación pare captar las frecuencias policiacas, radios militares de campaña, máscaras de gases, equipo pare detectar teléfonos interceptados, pelucas, ocho máscaras plásticas, estuches de maquillaje para hacer distraces, y uniformes de empleados de la telefónica, de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Policía. En una ocasión, Farinacci, Elías Castro y una tal "Mayra," ordenaron una comisión especial para que investigara la deficiente participación de Avelino en la organización.

Norberto "Johnny" González Claudio, 40 años de edad, de Alturas de Vega Baja.

Víctor Manuel "Aguila" Gerena Ortiz, 27. "Nosotros sabemos que Víctor Manuel Gerena ha recibido santuario en Cuba," declaró el director del FBI William Webster, el día de los arrestos. El jefe de la Policía de Hartford, Francis Reynolds, dijo que Gerena era "un peón en todo un esquema" de los Macheteros.

El 21 de marzo de 1986 fueron arrestados y acusados de confabulación en el robo de la Wells Fargo en Hartford los macheteros:

Roberto José Maldonado Rivera, de 49 años, abogado de las causas izquierdistas durante más de 15 años, y presidente del Instituto de Derechos Humanos de Puerto Rico, un frente de los Macheteros. El 22 de abril de 1986 salió en libertad bajo fianza de $150,000 en propiedades.

Antonio "Roco" Camacho Negrón, 40, mecánico de parcelas Estela, Rincón. Hermano del machetero Isaac Camacho Negrón. El 8 de abril de 1986 salió en libertad bajo fianza de $50,000 en efectivo y $100,000 en propiedades.

Paul S. Weinberg, 38, abogado en Springfield, Massachusetts, estudió en la universidad de Harvard con Juan Segarra Palmer. Aunque no es miembro de los Macheteros, ayudó a la organización. El mismo día de su arresto salió en libertad bajo fianza de $200,000 en propiedades.

Parte de la evidencia que desfilará la fiscalía contra los Macheteros incluyen más de 30,000 documentos, 4,500 fotografías de vigilancia, más de 300 horas de grabaciones de video, y más de 1,100 cintas de 90 minutos de conversaciones grabadas.

Los 40 abogados defensores, en su mayoría izquierdistas y comunistas, que han representado a los Macheteros ante la corte federal en Puerto Rico y en Hartford son: Luis F. Abreu Elías, Juan R. Acevedo Cruz, Víctor M. Agrait Defilló, Harry Anduze Montañó, Rafael Anglada López, Michael Avery, Linda Backiel, James Bergen, Judith Berkan, Peter Berkowitz, Rina Biaggi García, Leonard B. Boudin, F. Mac Buckley, José R. Casanova Díaz, R. Spencer Clapp, Noel Colón Martinez, Michael E. Deutsch, Luis Font, Barbara Goren, Richard Harvey, Cheryl Howard, Mark Kostecki, Ronald L. Kuby, William M. Kunstler, Margaret P. Levy, Gregorio Lima Quiñones, Hiram Losada Pérez, José Antonio Lugo, Harold Meyerson, Diane Polan, Reinaldo Rampolla Briganti, Richard Reeve (defensor público), Bruce Rubenstein, Carlos Sada, John L. Schoenhorn, Pedro J. Varela Fernández, Ellen Wade, Leonard I. Weinglass, Jacob Wieselman y John R. Williams.

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La Crónica Gráfica

(San Juan) enero 1988

Golpes Judiciales a la FALN

Por Armando André

Las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), el brazo terrorista de la Liga Socialista Puertorriqueña en Estados Unidos, recientemente recibió dos golpes judiciales contra sus cabecillas Oscar López Rivera y William "EI Tuco" Morales.

La FALN fue organizada en Nueva York en 1974 por Filiberto Ojeda Ríos, con expertos terroristas del Movimiento Independentista Revolucionario Armado (MIRA) y los Comandos Armados de Liberación (CAL), grupos que habían sido desarticulados en Puerto Rico unos años antes. Ojeda también contaba con antiguos miembros del Movimiento Pro Indepdendencia (MPI) en Nueva York como Avelino "Carmelo" González Claudio y Marta Sánchez Olmeda, y con la asistencia de la Misión Cubana ante las Naciones Unidas, a través de su Primer Secretario, Julián Torres Rizo, oficial de ia Dirección General de Inteligencia (DGI).

Otros activistas de la FALN fueron extraídos del Puerto Rican Involved Student Action (PRISA), organizado en 1969 en el City College de la Ciudad de Nueva York, quienes pasaron a integrar la Comisión Nacional de Asuntos Hispanos de la Iglesia Episcopal que dirigía la chicana María T. Cueto. Entre ellos figuraban el jefe de la FALN Oscar López Rivera, Luis Rosado Ayala y Carlos Alberto Torres. Otros miembros de la FALN que luego se incorporaron a la Comisión fueron William Morales y los chicanos Ricardo Romero y Pedro Archuleta.

Morales fue arrestado en Nueva York el 12 de julio de 1978 al estallarle una bomba que preparaba, arrancándole las manos y un ojo. Sentenciado de 29 a 89 años de presidio, escapó del hospital Bellevue el 21 de mayo de 1979 con la ayuda de su abogada comunista, la activista lesbiana Susan Tipograph, asistida por Marilyn Jean Buck, del Ejército Negro de Liberacion (BLA), y militantes de la Coalición 19 de Mayo.

"El Tuco" Morales fue detenido en un café en Puebla, México el 26 de mayo de 1983, tras una balacera en la que murió su guardaespaldas Adelaido Villafranco Contreras y un policía. Morales fue golpeado y torturado con choques eléctricos y, aunque no tiene manos, firmó dos documentos juridicos y una confesión señalando que había ido a Puebla pare poner bombas en una reunión de legisladores mexicanos y norteamericanos.

El 6 de junio de 1983, los abogados subversivos Enrique "Chino" González Velazquez, Pedro J. Sadeé Llorens y José Enrique Colón Santana, este último señalado como miembro de los Macheteros, entregaron al cónsul de México en San Juan una carte firmada por una veintena de abogados, pidiéndole al presidente mexicano que rechazara la petición de extradición de los Estados Unidos y en cambio otorgara asilo político a William Morales. Dos meses después, el jefe de la FALN y dirigente de la Liga Socialista Puertorriqueña, Juan Antonio Corretjer, organizó una comisión con cinco ex presidentes del Colegio de Abogados de Puerto Rico, los separatistas Graciani Miranda Marchand, Noel Colón Martinez, Rodolfo Cruz Contreras, Angel Tapia Flores y Luis F. Camacho, como observadores del proceso judicial de Morales en México

El 11 de diciembre de 1984, Morales fue sentenciado a 12 años de presidio por asesinato, lo cual fue reducido a 8 años, tras una apelación el 9 de enero de 1986 cuando el crimen fue calificado de homicidio Cinco meses después Libia y Etiopia, satélites de la Unión Soviética, le comunicaron al gobierno mexicano que le ofrecían asilo político a Morales.

Un oficial de la División de Inteligencia de la Policía señala que tras la captura de Morales en 1983, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ofreció al gobierno de México localizar y entregarles al fugitivo ex jefe de la policía mexicana, Arturo "El Negro" Durazo, por la extradición de Morales. "Durazo y su esposa fueron atrapados en Venezuela y agentes del FBI lo "persuadieron" a tomar un vuelo a San Juan, Puerto Rico, donde fue arrestado el 29 de junio de 1984," afirma el agente de inteligencia que tuvo conocimiento del caso. Durazo fue entregado a México el 1 de abril de 1986.

El pasado 16 de diciembre, el juez mexicano José Jiménez Greg aprobó la extradición de Morales a Estados Unidos, señalando que éste había nacido en Nueva York, por lo que rechazaba su alegato de "prisionero de guerra puertorriqueño." Dos semanas después, el Departamento del Tesoro norteamericano anunció que ayudará a México a costear parte de su astronómica deuda externa con la venta de hasta $10,000 millones en bonos especiales norteamericanos.

El 22 de diciembre, elementos subversivos puertorriqueños efectuaron pequeñas manifestaciones ante los consulados de México en San Juan y Nueva York. En la madrugada del 12 de enero, un nuevo grupo terrorista denominado "Fuerzas Revolucionarias Pedro Albizu Campos," detonaron una lata de gasolina que rompió un panel de cristal del Citibank en R'io Piedras, y otro artefacto similar que dejaron frente a las oficinas de Mexicana de Aviación no estalló. Un comunicado de prensa indicó que se trataba de un "operativo militar contra el gobierno mexicano" y "el banco imperialista norteamericano," protestando el fallo judicial contra William Morales. Irónicamente, el gerente de Mexicana de Aviación en Puerto Rico es Tony Pérez, hombre de confianza del dictador comunista Fidel Castro, y esposo de la izquierdista ex periodista Carmen Jovet Estéves, a quien en 1981 los Macheteros le enviaron una exclusiva grabación de video de sus actividades terroristas, y la cual ella se negó a entregar al FBI.

El segundo golpe judicial contra la FALN fue asestado el 1 de enero de 1988, cuando un jurado federal en Chicago declaró culpables al jefe, Oscar López Rivera y tres seguidores, de conspiración pare intentar una fuga de la prisión federal de Leavenworth, Kansas.

López Rivera, quien fue buscado por las autoridades federales desde noviembre de 1976, después que sus huellas dactilares fueron encontradas en un depósito de armas y explosivos de la FALN en Chicago, fue arrestado el 29 de mayo de 1981 por la policía de tránsito en el suburbio de Glenview, al llevarse un "pare" en una intersección y doblar su auto en vía contraria. López posteriormente fue sentenciado a 55 años de presidio con el testimonio del ex miembro de la FALN Alfredo "Freddy" Méndez.

En 1985, el argentino Claude Daniel Marks, de 36 años; Donna Jean Willmott, 36; Joan Ann Sokolówer, 38; y Karen Myra Shain, 38, miembros del grupo terrorista Praire Fire Organizing Committee, conspiraron con López Rivera pare planear su fuga de Leavenworth, usando ametralladoras, granadas, un arma antitanque liviana y un helicóptero. López incluyó en el plan de fuga al convicto asesino Grailing Brown, alias "Kojo Bomary," del subversivo Black Guerrilla Family, a Richard Cobb y George Lehosky. Estos dos últimos delataron el plan al FBI.

En un intento por conseguir las armas y explosivos pare la fuga, Marks y el puertorriqueño Jaime Delgado, consejero en Northeastern Illinois University (donde estudiaron algunos miembros de la FALN), se reunieron con un agente encubierto del FBI, quien le vendió explosivos falsos a Marks y le colocaron un micrófono en el auto. Marks descubrió que era interceptado y se desapareció, y el 3 de julio de 1986 fueron arrestados Delgado, y la ex cuñada de López, Dora García, quien servía de mensajera. López Rivera y Brown fueron trasladados a la prisión federal de máxima seguridad en Marion, Illinois. Los cuatro acusados enfrentan condenas de 5 a 25 años de presidio, y serán sentenciados el 26 de febrero.

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Hartford Courant

November 11, 1999

Puerto Rican Independence: The Cuban Connection

'Aguila Blanca': The Wells Fargo Robbery

By EDMUND MAHONY

Victor Gerena was getting his orders at a beat-up bank of pay phones bolted to the back wall of Arthur Drug on Hartford's Asylum Hill. He was plotting the country's biggest cash robbery from a 24-hour urban bazaar -- an unkempt collection of small-time drug dealers and uptown hustlers who referred to the phones at Arthur's as "The Office."

Juan Segarra Palmer was always on the other end of the line, 1,650 miles away from Hartford's damp and dirty spring in Santurce, Puerto Rico. At first, the men spoke from their homes -- Gerena rented an apartment two blocks north of Arthur Drug at Sigourney Street and Asylum Avenue. They switched to public pay phones, figuring the police would never be able to unearth records from those phones.

They were wrong.

Segarra was the young, influential Machetero who recruited Gerena, a Wells Fargo guard, to be the inside man on the robbery. No one knows exactly how Segarra, the Ivy Leaguer, found Gerena, the dropout. Some, notably agents of the FBI, think he must have located him through Gerena's mother, Gloria, a committed independentista.

"Victor volunteered himself to the movement through a mutual friend," is all a coy Segarra will say.

Like everyone else in the Machetero organization, Segarra was consumed with planning Aguila Blanca -- "White Eagle," the group's code name for the robbery -- through the spring and summer of 1983.

There were logistical issues still to be worked out with "Los Juanos," the independentista's code name for the Cubans. Someone would have to slip into Cuba. Segarra had to go back to Mexico City, another Cuban stronghold, which Los Macheteros referred to by the code name "Cholo." Everything was being coordinated by Filiberto Ojeda Rios, the Machetero founder who almost single-handedly shaped the violent Puerto Rican independence movement in 1970.

In records generated by Los Macheteros executive committees, Ojeda was referred to as the "First Comrade in Charge." The organization voted to commit its "leadership and the best cadres" to the "expropriation." The Wells Fargo robbery was to be the year's "economic operative for the benefit of the revolution."

In August, Ojeda and Segarra flew from Puerto Rico to New England to personally oversee the robbery.

They rented a hotel room and rehearsed Gerena on how events should unfold. Segarra got a watch and a car and timed escape routes from the Wells Fargo depot at 21 Culbro Drive in West Hartford. Ojeda bought a Yamaha motorcyle in Framingham, Mass., that Gerena was to use to flee the depot. Segarra told a girlfriend he thought of the Yamaha because "no one would ever think to look for him on a motorcycle."

On the morning of Monday, Sept. 12, 1983, Gerena and his fiancee, Ana Soto, left their apartment and climbed into a dilapidated, 1973 Buick LeSabre Gerena rented two days before from the Ugly Duckling rental car agency a short distance from the depot. He swung by city hall on the way to work, pecked Soto on the cheek and dropped her off.

Soto was taking a day off from beautician school. She was going to pick up a marriage license. She and Gerena were to be wed Friday. He said he would see her after work. He lied.

He headed west and pulled into the Wells Fargo depot at about 11 a.m. His boss said he could go ahead and park the rustbucket Buick in one of the depot's loading bays, where, incidentally, Gerena knew the car would be out of public view.

As always, the Wells Fargo depot was understaffed. It was difficult to get people to take the thankless, low-paying jobs.

Gerena and another man were assigned to collect millions of dollars during a string of boring, repetitive stops on a run to Bridgeport and back. Gerena's boss took another truck north to collect $5 million or so in Springfield.

Gerena's truck was the last one back, returning at about 9:30 p.m. Everyone was annoyed -- not at Gerena, but at their lousy jobs. And, the first Monday Night Football game of the season was on television that night. The three men remaining at the depot -- Gerena, his boss and one other worker -- were saying that they wanted to get home to watch it. But everything was behind schedule, and a half ton of cash still had to be counted and stacked.

Gerena and his boss should have been the only two remaining at work. But the co-worker hung around, saying he wanted advice on how to navigate through some highway construction. He didn't want to miss what was left of the football game.

The boss was sitting at a table, attacking a pile of paperwork. Gerena stepped behind him, reached into the boss's holster and slipped out his pistol. Then he told his two co-workers that he was deadly serious. They should do exactly as he said. Get on the floor, he ordered.

Gerena had one pair of handcuffs. He snapped them around his boss's wrists. Perhaps because he didn't expect the third man to be there, he tied him up with tape and rope. Then he injected them both with a substance that has never been identified. Neither of the guards was knocked out, again perhaps because Gerena had to split a single dosage between two men.

The two Wells Fargo guards lay wide awake on the floor for 90 minutes, listening to the shuffle of Gerena's footsteps and the sounds of heavy metal zippers, like those on sleeping bags or athletic equipment bags.

At 11 p.m. or so, Gerena called it quits. He had crammed as much cash as he could into his Buick. He loaded a pistol and a shotgun into the car and pulled out of the depot. Outside, he sounded the horn twice -- a signal to an accomplice.

When the police found the LeSabre at the Susse Chalet hotel in Hartford's South Meadows, the Dallas Cowboys had just beaten the Washington Redskins in a squeaker, 31-30. The car was empty but for a Smith & Wesson model 36 revolver and a 12-gauge Remington pump action shotgun.

After the robbery, exhibiting something like pride of ownership, Segarra bragged to his girlfriend that Gerena had been whisked to Springfield on a motorcycle and then driven by car to Boston. The money was taken to Springfield in separate cars and hidden.

The West Hartford police were absolutely baffled by the Wells Fargo robbery. All they knew was that a nobody from Hartford was the inside man on what was then the largest cash robbery in U.S. history. And he and the money seemed to have vanished without a trace.

A tabloid in Boston was calling the robbery the "Big Sleep Heist," a reference to Gerena's attempt to drug his co-workers. The police waited for Gerena to pop to the surface of the Connecticut River. The odds seemed overwhelming that he would prove expendable to whoever used him to grab the cash.

No one in Connecticut even dreamed a group of Puerto Rican nationalists had stolen the money to finance a Caribbean revolution -- at least until Los Macheteros did something astoundingly stupid.

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UNITED STATES COURT OF APPEALS

FOR THE SECOND CIRCUIT

_________________

August Term, 1997

(Argued: October 22, 1997 Decided: March 25, 1998 )

Docket No. 97-2061

__________________

MARIE HAYDEE BELTRAN TORRES,

Petitioner-Appellant,

-v.-

UNITED STATES OF AMERICA,

Respondent-Appellee.

__________________

Before: NEWMAN, ALTIMARI and CALABRESI, Circuit Judges.

__________________

Appeal from a Judgment of the United States District Court for the Southern District of New York (Knapp, J.) denying petitioner-appellant's petition to vacate her conviction and sentence pursuant to 28 U.S.C. § 2255.

Affirmed.

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STEPHEN M. SINAIKO, Kramer, Levin, Naftalis & Frankel, New York,

New York (David S. Frankel and Randall K. Packer, on the brief), for Petitioner-Appellant.

MICHAEL A. SIMONS, Assistant United States Attorney, New York, New York (Mary Jo White, United States Attorney for the Southern District of New York, Craig A. Stewart, Assistant United States Attorney, New York, New York, on the brief), for Respondent-Appellee.

__________________

ALTIMARI, Circuit Judge:

Like the Phoenix, this case rises from the smoldering ashes of a young woman's discarded political beliefs. Almost two decades ago, petitioner-appellant Marie Haydee Beltran Torres ("Torres"), a member of the Fuerzas Armada de Liberacion Nacional ("FALN"), believing that the United States was Puerto Rico's enemy, took the position that United States' courts had no jurisdiction over those who supported Puerto Rican independence.

Torres was indicted for the 1977 bombing of the Mobil Oil Building in Manhattan, for which the FALN claimed responsibility, and which resulted in the death of one man and injury to several others. At her trial, Torres

refused the appointment of counsel, demanded to represent herself and then informed the district court that she would neither present a defense nor participate in the proceedings. Firm in her political stance, Torres declined every opportunity during a three-day trial to change her mind. After a guilty verdict was announced, the district court decided to submit the question of punishment to the jury and conducted a separate sentencing hearing to determine whether Torres should be sentenced to life imprisonment pursuant to 18 U.S.C. § 34. Torres refused to participate in the sentencing hearing and presented no mitigating evidence. Convicted and sentenced to life imprisonment, Torres did not pursue the court-initiated appeal on her behalf.

Fifteen years later, Torres claimed she was denied her constitutional rights under the Fifth, Sixth and Eighth Amendments. She now appeals from an order entered on November 27, 1996 in the United States District Court for the Southern District of New York (Knapp, J.), denying her petition to vacate her sentence and conviction pursuant to 28 U.S.C. § 2255.

The unusual sequence of events surrounding this case necessitates a review of the rights granted and the burdens imposed by our Constitution. Today we consider: (1) whether a defendant knowingly and intelligently waived her Sixth Amendment right to counsel when she refused to raise a defense or participate in the proceedings and when she subsequently learned that the jury would determine her sentence; (2) whether the Due Process Clause of the Fifth Amendment was violated by the absence of mitigating evidence at the sentencing hearing; and (3) whether a defendant's sentence of life imprisonment pursuant to a statute that failed to identify mitigating factors constitutes cruel and unusual punishment in violation of the Eighth Amendment.

Having considered each of these questions, we find no basis to undo Torres' trial, and, accordingly, we affirm the district court's denial of her petition to vacate her sentence and conviction.

BACKGROUND

The Underlying Case

In September 1977, a grand jury indicted Torres, charging her with destruction of property in interstate commerce by means of an explosive, which resulted in the death of a Mobil employee, in violation of 18 U.S.C. § 844 (i). Torres remained a fugitive until her arrest on April 4, 1980.

Pre-Trial Proceedings

At her arraignment on April 16, 1980, Torres was accompanied by two attorneys, Elizabeth M. Fink, Esq., and Mara Siegal, Esq. Torres described herself as a Puerto Rican freedom fighter and refused to recognize the authority of the court. Declaring herself to be a "prisoner of war, "she demanded that her case be tried before an international court. Torres unequivocally stated her position:

Torres: I'm here representing myself and I don't need attorneys. I don't need Court-appointed attorneys. I don't need to hire any attorneys. I can very well represent myself in this so-called court, which I consider an illegal court, illegal proceeding.. . . .

Now, I will be speaking in this court on my behalf. I have absolutely nothing, nothing to defend myself against because I have committed no crimes.

My legal advisers, and that is what they are, they are advisers, and when I choose to speak to them, that is when I want their advice.

The Court: You mean Ms. Fink and Ms. Siegal?

Torres: I do not want any appointed lawyers. I do not want anyone defending me. I don't have anything to defend myself against.

I will repeat myself. I will not continue to participate. I refuse to participate in anything . . ..

The district court advised Torres of her constitutional right to appointed counsel, the risks associated with self-representation and the benefits of securing legal representation. Torres confirmed that she had discussed her constitutional rights and her decision to waive counsel with her advisers:

Torres: I will repeat myself. I don't need lawyers. I don't need Court-appointed lawyers. I don't need to hire lawyers. I have nothing, nothing to defend myself against. I'm not going to participate in your so-called trial or, you know, circus, charade, whatever you want to call it.

The Court: Of course, it is your right to do whatever you wish in that respect.

Torres: That is what I have chosen to do.

The Court: You have discussed with your advisers the risks involved in that decision?

Torres: Yes, I have.

Because Torres refused to enter a plea, the district court entered a plea of not guilty on her behalf and denied her request to be treated as a "prisoner of war," ruling that the trial would go forward.

On May 5, 1980, the district court again advised Torres of the consequences of her decision to waive her right to counsel. In particular, the district court informed Torres that, even though she did not intend to recognize the court's jurisdiction, "as a practical matter," her interest in avoiding a conviction would be better served if counsel were protecting her interests during jury selection, during the testimony of witnesses and admission of evidence, and during the government's opening and closing statements.

In light of Torres' unwillingness to participate in the proceedings, the government requested that the district court appoint counsel for Torres. The district court refused:

The Court: . . .[Torres] is an intelligent woman, based on what happened last time, and if she wants counsel she knows she can have counsel. I explained that to her last time. If she wants counsel, counsel will be appointed. She has no obligation to say anything to me, and I will not require her to say anything, but Miss Fink . . . [i]t seems to me you told me that last time, that you had advised . . . Torres of what her rights were.

Ms. Fink: Yes, your honor.

The Court: And you intend to continue doing that?

Ms. Fink: Yes, your honor.

When asked if she would like to make a statement, Torres restated her belief that she was a "prisoner of war" and refused to recognize the court's authority.

A. Sentencing Issues.

On May 19, 1980, prior to jury selection, the court expressed its concerns regarding the statute under which Torres would be sentenced should there be a guilty verdict. At the time, 18 U.S.C. § 844(i) carried a maximum sentence of twenty years' imprisonment. If death resulted from the offense, however, the defendant could be sentenced to imprisonment for "any term of years," life imprisonment or the death penalty as provided by 18 U.S.C. § 34 ("Section 34"). Under Section 34, the jury had discretion to impose life imprisonment or the death penalty.

The government requested that the district court impose sentence, up to a maximum of life. The court questioned its authority to impose a life sentence under Section 34 and expressed concerns on a jury-imposed life sentence without considering mitigating factors. The court considered whether Torres could have knowingly and intelligently waived her right to counsel if she was unaware of who would determine her sentence. The government disagreed with the court's reading of the statute, and the resolution of these issues was deferred.

B. Jury Selection.

When Torres entered the courtroom on May 19, 1980, she spoke Spanish to her supporters in the gallery, causing a considerable commotion. Despite the court's warning that continued disruption would require her removal from the courtroom, Torres continued to agitate the crowd in Spanish. She was temporarily removed from the courtroom until order was restored.

Although stating that he did not represent Torres in these proceedings, Michael Deutsch, Esq., one of Torres' advisers, informed the district court that he applied to the United Nations on Torres' behalf for prisoner of war status. The district court denied Deutsch's request to stay proceedings until the United Nations responded. During the course of the district court's colloquy with Deutsch, Torres insisted on leaving the courtroom. The court ordered the marshals not to restrain Torres and informed her that she would be permitted to leave the courtroom and return whenever she wished. Torres left the courtroom followed shortly thereafter by Deutsch, and jury selection began.

The district court informed the venire pool that Torres did not wish to participate but would be able to hear the proceedings through an audio connection in an adjoining room. Prospective members of the jury were apprised that their sole function was to determine guilt or innocence, and that the judge would determine punishment. At all times, Torres and her advisers heard the discussions and proceedings, but did not participate. In addition, Torres received a transcript of each day's proceedings including bench conferences. Neither Torres nor Deutsch returned for any part of jury selection.

On May 20, 1980, after jury selection, but before trial, the district court again addressed the constitutionality of Section 34 and whether it was too late for Torres to be advised that the jury may determine her punishment. At this time the government requested a separate sentencing hearing in which Torres would be permitted to participate, with or without counsel, and present her position and mitigating evidence. The court decided it would rule on the government's request at a later date.

The Trial

The trial began on May 20, 1980. Torres refused to cross-examine the government's witnesses or to participate. Before trial resumed on May 21, 1980, the district court again informed Torres about the issues surrounding Section 34. Torres simply reiterated her political position and demanded that she leave the courtroom. The district court then appointed Arthur Viviani, Esq., as amicus curiae ("Amicus") to argue Torres' position regarding Section 34.

The jury was brought in, and trial resumed. Later that day, outside the presence of the jury, the district court explained that it appointed the Amicus to assist the court and not as Torres' counsel. The court asked the

Amicus to inform Torres of his assignment and offer her anyassistance she requested:

The Court: . . . I would just like you to argue [Torres'] position.

As you may be aware, [Torres] has taken the position that she wants no part in this trial, she wants no part of it.

My view, it is her constitutional right if she wants to if she wishes, and, therefore, I do not wish you to impose your help on her. However, I would appreciate it if you would just make yourself known to her and just tell her of your assignment to the extent she lets you and say you would be glad to help her in any way she wants.. . . .

I also would like you to call each of her advisers . . . and tell them the same thing, that you would be glad to hear their views or give them yours.

Midday on May 22, 1980, the jury commenced deliberations. During deliberations, the district court heard arguments from the government and the Amicus regarding Section 34. The Amicus argued that Section 34 was not mandatory, but "simply an alternative position which the Judge in the first instance has to determine whether or not it goes to the jury." He concluded that

[the court has] initial discretion as to whether or not [it will] impose the penalty. If [the court] decides that the penalty must be life . . . then that must go to the jury.

After further discussions with both the Amicus and the government, the district court concluded that it had the authority to order a separate sentencing hearing, should the jury return a guilty verdict. The district court reasoned that a bifurcated proceeding would guarantee that Torres had the opportunity to present mitigating evidence to the jury. Moreover, to preserve Torres' objection to its decision, the court stated that it would set aside the jury's sentence if it found that Torres could have, given adequate opportunity, come forward with a reason why the matter should not have been submitted to the jury. In addition, the court decided to question the jurors to determine whether any were opposed to determining the sentence. If any were, he would empanel a new jury. At no time did Torres or any of her advisers participate in discussions regarding Section 34, although Torres heard the proceedings and received all pertinent court materials.

Following the jury's guilty verdict, the court explained to the jury that it would conduct a sentencing voir dire to determine whether they could determine Torres' sentence. Prior to questioning the individual jurors, the court again offered Torres the opportunity to participate and suggested that she face the jury "because [the jury] might very well feel less inclined to serve under such a function in the presence of a live person that they have to deal with rather than some abstract nonexistent person they have never seen." Torres declined.

The court then summarized Torres' reasons for not appearing during the sentencing voir dire and questioned the jurors individually. The court concluded that the jurors were qualified and empaneled the same jury to determine Torres' sentence. Torres heard the sentencing voir dire through the audio system.

The Sentencing Hearing

Before the government presented evidence, the district court brought Torres into the courtroom to be sure she understood her options. The district court verified that Torres had heard everything through the loudspeakers and told her that she would have the opportunity to address the jury personally and to present any evidence she wished during the sentencing proceeding:

The Court: I just wanted to be sure that you understand the option that's now before you. . . . . . . .

Torres: I have been forced to hear a lot, right.

The Court: I suppose you als[o] heard, I gave the jury my version of what your position is. I just want you to understand that without waiving any of your rights on that, you have, if you want to, the option of telling the jury in your own words what your position is. That doesn't waive any rights you have under international law or any other kind of law.

After the government offers its evidence . . . I will . . . ask whether you want to come in and make your statement to the jury. That's all. I just wanted to make sure that you understand that.

Of course, if you don't want to, that's your privilege.

Torres acknowledged that she understood her rights, but unequivocally declared her intention not to participate:

Torres: Yes, I know. It's not necessary for me to hear anything that the government or any part of this trial or these proceedings that have been going on because as far as I am concerned they have no relevance because I have stated my position.

My position is very clear and I am not going to alter that position no matter what this illegal Court, you know, comes up with. . . . . . . . I am not going to take part in it. . . . .

The Court: I tried to state your position as best I could to the jury. You undoubtedly heard it.

Torres: It's not necessary that I state my position to anybody. Anybody having to do with these illegal proceedings because they have no say so in my position. The jury, [the prosecutor], you, or any one of these people in this room.

The Court: As a practical matter it might have in regard to the consequences. Rightfully or wrongly --

Torres: Or any consequences that come out of these proceedings will be illegal in themselves.

The Court: I understand, but the fact you might be in jail --

Torres: I am in jail. That fact hasn't changed. My coming in here and stating my position to the jury that I feel has absolutely no say so in my position is not going to change the situation.

The Court: It might affect what the jury does. As a practical matter it might make things easier.

Torres: It doesn't matter what the jury does, which is what my position states.

The Court: I just wanted you to understand that you could state your position to the jury without waiving any of the positions you have taken.

Torres: My position stands as it is unaltered.

Although the government presented evidence, Torres took no part in the sentencing hearing. At the conclusion of the evidentiary portion, the district court offered Torres an opportunity to present whatever evidence she wished, even offering an adjournment to collect evidence. Torres declined the court's offers. After the government presented its summation, the court asked Torres whether she wanted to state her position to the jury at that time or after an adjournment. Torres adhered to her position and refused to participate.

The court instructed the jury, stating that it could consider mitigating circumstances even though Torres chose to present none. After the jury returned its verdict of life imprisonment, the court moved, on Torres' behalf, to set aside both the verdict and the sentence, and offered Torres the opportunity to make a statement. Torres said she did not recognize the authority of the court and would not participate in the proceedings. The court sentenced Torres to life imprisonment.

Post-Trial Proceedings

On July 2, 1980, the district court considered its motion to set aside the verdict and sentence. At the beginning of that proceeding, one of Torres' legal advisers reminded the district court that a petition had been filed with the United Nations on Torres' behalf. The adviser urged the district court to "be well aware of . . . Torres' position and . . . respect that [she] is an intelligent woman, . . . [who] has sacrificed her life[,] and . . . not . . . treat her like a common criminal."

After hearing arguments, the court denied its motion to set aside the verdict and concluded that the constitutional requirements for a waiver of right to counsel were met. The court reasoned that Torres understood the risks of proceeding without counsel and was able to make an intelligent decision, noting that there was:

. . . no mistaking [Torres'] articulateness nor her ability to reason, nor her ability to understand what was going on. . . . .

[Torres] clearly understood that she had a choice and clearly understood what advantages she could get from a lawyer if she wanted one and she clearly had the capacity to make an intelligent decision.

The court concluded that Torres' waiver of counsel remained constitutionally valid notwithstanding her initial unawareness of the jury's role in determining her sentence. Noting that her conduct throughout the proceedings was consistent with her political position, the court stated that it was satisfied that Torres would not have acted differently had she been advised at an earlier stage.

The court then informed Torres that it denied its motion to set aside the verdict, advised her of her right to appeal and told her that it would direct the clerk to file a notice of appeal on her behalf. In addition, the court apprised Torres that failure to prosecute the appeal would result in its dismissal. Consistent with her position throughout the proceedings, Torres stated:

Torres: I really don't think it's necessary for you to explain all of these things to me because you very well know that my position as a prisoner of war stands and you know it has not changed from the day that I was brought into this courtroom and it is not going to change . . . .

The Court: I understand your position and, of course, you have a right to the appointment of a lawyer on the appeal if you wish one.

The clerk of the court entered a notice of appeal on Torres' behalf; however, her appeal was dismissed for lack of prosecution. Although she became eligible for parole in 1990, Torres remains incarcerated.

Section 2255 Motion

On July 28, 1995, fifteen years after her conviction, Torres filed a motion for post-conviction relief pursuant to 28 U.S.C. § 2255, claiming for the first time that she did not receive a fair trial. She argued that the government violated her constitutional rights under the Fifth, Sixth and Eighth Amendments. By Memorandum and Order dated November 27, 1996, the district court denied the motion in its entirety. The district court granted a certificate of appealability, and we now consider Torres' appeal.

Torres challenges her conviction, arguing: (1) that her waiver of counsel violated the Sixth Amendment; (2) that she was sentenced by an uninformed jury in violation of the Due Process Clause of the Fifth Amendment because the jury was not presented with mitigating evidence; and (3) that her sentence under Section 34 violated the Eighth Amendment's proscription against cruel and unusual punishment because the statute did not identify mitigating circumstances that the jury should consider.

DISCUSSION

Sixth Amendment

Torres contends that the waiver of her right to counsel was invalid (1) because the district court failed to conduct a proper inquiry under Faretta v. California, 422 U.S. 806 (1975); (2) because she refused to participate in the proceedings; and (3) because she was unaware, until the third day oftrial, that the jury would determine her sentence. We conclude that these arguments lack merit.

Faretta Inquiry

The Sixth Amendment guarantees that "[i]n all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right . . . to have the Assistance of Counsel for his defence." U.S. Const. amend. VI. There is, however, the correlative right to dispense with legal assistance and represent oneself. See Faretta, 422 U.S. at 818-34. Because a defendant who decides to act pro se relinquishes traditional benefits associated with formal legal representation, the district court must ensure that the accused made her decision "knowingly and intelligently." Id. at 835.

Although there is no talismanic procedure to determine a valid waiver, see United States v. Tracy, 12 F.3d 1186, 1194 (2d Cir. 1993), the district court should engage the defendant in an on-the-record discussion to ensure that she fully understands the ramifications of her decision. See id. at 1192. The court should consider "'whether the defendant understood that [she] had a choice between proceeding pro se and with assigned counsel, whether [she] understood the advantages of having one trained in the law to represent [her], and whether the defendant had the capacity to make an intelligent choice.'" United States v. Hurtado, 47 F.3d 577, 583 (2d Cir. 1995) (quoting United States v. Calabro, 467 F.2d 973, 985 (2d Cir. 1972) (internal quotation marks and citation omitted)). In other words, the district court must be satisfied that the defendant was aware of the risks associated with self-representation and that her choice was ade "with eyes open." Faretta, 422 U.S. at 835. We need not analyze the district court's every word, so long s the record as a whole demonstrates that the defendant knowingly and intelligently waived her right to ounsel. See Hurtado, 47 F.3d at 583.

Although the district court's Faretta inquiry could have been more horough, we are satisfied that Torres' waiver was knowing and intelligent. At her first appearance before the district court on April 16, 1980, Torres unequivocally acknowledged her right to counsel and the risks in waiving that right. She explained that she would raise no defense, would not participate in the proceedings, and had consulted with her legal advisers. At the hearing conducted on May 5, 1980, the district court again advised Torres of her constitutional rights and of the risks of proceeding pro se. The court described the government's burden of proof and informed Torres about the benefits, at each stage of the proceedings, of having a lawyer devoted to her interests. Moreover, the court assured Torres that it would seek the advice of her legal advisers, and her advisers assured the court that they would advise Torres of possible legal defenses.

After reviewing the record, we are satisfied that over the course of these two proceedings, the district court established that Torres understood her rights, knew her options, was aware of the risks and voluntarily waived her right to counsel.

Refusal to Participate

Torres contends that "[a]llowing [her] to proceed without counsel in the face of her stated intention to withdraw from the proceedings" violated her Sixth Amendment right to counsel. She maintains that a decision to proceed pro se is inconsistent with her decision not to participate, and that, therefore, the district court should have appointed counsel on her behalf. These arguments are unavailing.

We recognize that a defendant's decision not to participate in the proceedings may cast doubt on whether her waiver was knowing and intelligent. See, e.g., Montilla v. INS, 926 F.2d 162, 170 (2d Cir. 1991) (waiver of counsel may not be inferred solely from defendant's silence); United States v. Allen, 895 F.2d 1577, 1578-79 (10th Cir. 1990) (defendant's rejection of appointed counsel, failure to retain counsel, non-participation at trial, and failure to present a defense was invalid in light of court's failure to determine whether his waiver was knowing or intelligent). But a court need not inquire into the defendant's knowledge of the law, whether she will testify in her own defense, or how or why she will conduct her defense. See Faretta, 422 U.S. at 834; United States, ex. rel. Maldonado v. Denno, 348 F.2d 12, 15 (2d Cir. 1965). At least unless the defendant's action results in a non-adversarial proceeding, a court's Faretta inquiry should only focus on whether the defendant "has the requisite capacity to understand and sufficient knowledge to make a rational choice." Tracy, 12 F.3d at 1192.

Furthermore, once a defendant has knowingly and intelligently waived her right to counsel, a district court should not interfere with the defendant's choice, even though it "may sometimes seem woefully foolish to the judge." United States v. Curcio, 694 F.2d 14, 25 (2d Cir. 1982). Just as district courts should not "compel a defendant to accept a lawyer [she] does not want," Faretta, 422 U.S. at 833, they should not interfere with the defendant's chosen method of defense. There is no dispute that district courts must make a defendant "aware of the dangers and disadvantages of self-representation," id. at 835, and should inform the defendant that she will be "required to follow all the `ground rules' of trial procedure," id. at 836. However, courts must remember that the Sixth Amendment right to waive counsel, like all procedural protections for a criminal defendant, stems in part from the sanctity of freedom of choice. Id. at 834 n.45.

Torres today contends that in her case, her non-participation meant that she presented no defense (as opposed to merely a "suicidal" or "foolish" one). Johnstone v. Kelly, 633 F. Supp. 1245, 1248 (S.D.N.Y.), rev'd on other grounds, 808 F.2d 214 (2d Cir. 1986). Further, she argues that the Constitution would not be able to countenance conviction entered pursuant to a non-adversarial proceeding. See Penson v. Ohio, 488 U.S. 75, 84 (1988) ("The paramount importance of vigorous representation follows from the nature of our adversarial system of justice. This system is premised on the well-tested principle that truth -- as well as fairness -- is best discovered by powerful statements on both sides of the questions.") (internal quotation marks and citation omitted). We need not reach that question, for Torres' protestations that her trial was non-adversarial are

unconvincing. By not participating in her trial, she was clearly trying not only to challenge the jurisdiction of the court, but also to incur political sympathy for her position. Indeed, she might well have been trying to influence the disposition of her petition to the United Nations that she be tried before an International Tribunal. And as Judge Knapp himself observed on Torres' unusual defense strategy,

[Were I her defense counsel] I'm not at all sure that I wouldn't give her advice to do exactly what she has done in this situation. It is rather unorthodox, but I am not at all certain what the best tactics she could have adopted purely from the point of view of the chance of there being a reasonable doubt in one of the juror's minds would be . . . .

Under the circumstances, we cannot say that Torres' trial tactics -- which included leading courtroom demonstrations of political supporters in the gallery -- meant that she was truly the subject of a non-adversarial trial in which she presented no defense.

We have concluded that Torres' decision not to participate in the proceedings did not undermine her knowing and intelligent waiver. Indeed, it is clear that she exercised her right to defend herself so that she could further her political objectives as a Puerto Rican freedom fighter. Torres verbalized her political position to the district court while admitting she knew the risks involved. Throughout the proceedings, Torres spoke frequently, often restating her political beliefs. She never deviated from her stated course of conduct despite repeated invitations by the district court to change her mind. Torres' well-articulated choice to represent herself guaranteed that she would maintain control over her defense. Even though "[a] district court is not obligated to accept every defendant's invocation of the right to self-representation," United States v. Purnett, 910 F.2d 51, 55 (2d Cir. 1990); see also, e.g., Faretta, 422 U.S. at 834 n.46 ("[T]he trial judge may terminate self-representation by a defendant who deliberately engages in serious and obstructionist misconduct [even over objection by the accused]."), in the case before us, the district court properly respected Torres' decision and her right to choose that course. See id. at 834 (although a defendant may conduct her defense to her "own detriment, [her] choice must be honored out of 'that respect for the individual which is the lifeblood of the law.'") (quoting Illinois v. Allen, 397 U.S. 337, 350-51 (1970) (Brennan, J., concurring)); see also Denno, 348 F.2d at 15 (observing that "even in cases where the accused is harming himself by insisting on conducting his own defense, respect for individual autonomy requires that he be allowed to go to jail under his own banner").

In sum, the district court acted properly by not questioning Torres' reasons for choosing to proceed pro se. Her fully informed, politically motivated choice was an appropriate exercise of her constitutional rights.

Sentencing Procedure

Finally, Torres argues that her waiver was not knowing and intelligent because, at the time of her waiver, she

was unaware of the sentencing procedure that would be used by the district court. Although Torres was listening to the proceedings when the dispute pertaining to whether the judge or the jury would determine her sentence first arose, she argues that the district court's decision on the third day of trial to allow the jury to determine her sentence invalidated her waiver.

Torres relies on the district court's words prior to jury selection:

It is perfectly clear to me that [Torres] could not intelligently waive the right to a counsel if the jury is to have anything to do with her sentence.

and at sentencing:

. . . what troubles me primarily at this time . . . is whether [Torres] had a meaningful opportunity to waive her right to counsel [without notice of the possibility that the jury would determine the sentence after a second hearing.]

Torres contends that the district court found her waiver to be invalid and then wrongfully rejected this purported error as harmless, ignoring opinions which declare that an invalid waiver cannot be harmless error. See, e.g., Johnstone v. Kelly, 808 F.2d 214, 218-19 (2d Cir. 1986). We need not directly address her contention because we find that her waiver was valid.

It is well-established that a waiver of counsel may be invalid if the district court fails to inform a defendant of the nature of the charges, the range of allowable punishments, and the risks of self-representation. See von Moltke v. Gillies, 332 U.S. 708, 724 (1948); United States v. Balough, 820 F.2d 1485, 1487 (9th Cir. 1987); see also United States v. Moskovits, 86 F.3d 1303, 1306 (3d Cir. 1996) (invalidating a waiver because the district court did not inform the pro se defendant of "the range of punishments he faced on retrial"). Although there may be situations not stated in vonMoltke and its progeny in which a waiver may be invalid, not every omission by the district court during a Faretta inquiry will invalidate an otherwise knowing and intelligent waiver.

Recently, in Johnson v. Schmidt, 83 F.3d 37 (2d Cir. 1996), we considered a novel situation in which we concluded that a pro se litigant was not fully informed; however, Torres' reliance on Johnson is misplaced. In Johnson we held that "the same jury may not be used for two unrelated cases brought by a pro se litigant unless fully informed consent is given." Id. at 39. Johnson differs from this case because there the district court failed to instruct Johnson about the risks of having the same jury hear two separate cases. We were concerned that Johnson had forfeited "important rights because of [his] lack of legal training." Id. at 39 (quoting Traguth v. Zuck, 710 F.2d 90, 95 (2d Cir. 1983)). A further problem was that the district court in Johnson failed to explain to Johnson certain hazards about his chosen course even after one of those hazards became a reality. We explained that once "a witness at the first trial volunteered . . . prejudicial testimony that Johnson was involved in a 'cop shooting[,]' . . . the District Judge . . . should have aborted his novel procedure . . . ." Id. at 40.

By contrast to the district court in Johnson, the district court here fully advised Torres of the risks associated with proceeding pro se. The dispute regarding whether the judge or the jury would determine her sentence under Section 34 raised a legal issue over which she did not have a choice, unlike in Johnson. Finally, Torres was aware of the dispute as soon as it arose, and the district court appointed an Amicus to address Torres' position with respect to the dispute.

In sum, under the facts of this case, the district court's failure during the Faretta hearing to advise Torres whether the judge or the jury would determine her sentence did not invalidate her otherwise knowing and intelligent waiver. Although omissions relating to the nature of the charges, the offenses included with them and the range of allowable punishments may invalidate a waiver, other omissions must be viewed by examining the totality of the record, by determining whether the district court informed the pro se litigant when the issue arose and by determining whether the district court informed her of subsequent risks. See Johnson, 83 F.3d at 39-40.

Therefore, because on the facts of this case, there was no "defect" to her waiver of counsel, even with respect to the post-waiver sentencing procedure, Torres' argument that the district court violated well-settled law by applying a harmless error analysis to the allegedly defective waiver, see, e.g., United States v. Dawes, 895 F.2d 1581, 1582 (10th Cir. 1990); Johnstone, 808 F.2d at 218-19, is inapposite.

Fifth Amendment

Torres next asserts that, because the jury was not presented with any mitigating evidence, she was sentenced by an uninformed jury in violation of her due process rights. We disagree with Torres' characterization of what occurred.

There is no doubt that the sentencing procedure is subject to due process rights; however, these rights are not as extensive as Torres asserts. Due process requires (1) that a defendant not be sentenced based on materially false information, see Townsend v. Burke, 334 U.S. 736, 740-41 (1948); (2) that a defendant be given notice and an opportunity to contest the facts upon which the sentencing authority relies in imposing the sentence, see id. at 741; and (3) that a defendant not be sentenced based on a material misapprehension of fact, see United States v. McDavid, 41 F.3d 841, 843-44 (2d Cir. 1995). Torres, however, has not demonstrated any of these violations.

Furthermore, Torres relies on cases which articulate no rights beyond those discussed above. In United States v. Doe, 655 F.2d 920, 927-29 (9th Cir. 1981), the court remanded the case for a new sentencing hearing because the district court precluded the government from presenting evidence which may have clarified the extent of the defendant's cooperation. Similarly, in United States v. Malcolm, 432 F.2d 809 (2d Cir. 1970), we held that a "combination of procedural irregularities, confusion, misunderstanding and misinformation in the

sentencing process here requires reversal." Id. at 819. Although we have observed that an important function of the prosecutor is to ensure that "all information in his possession material to punishment and favorable to the accused is presented to the court and that the sentence is not based upon mistakes of fact or faulty information," id. at 818, the context of that observation is of paramount importance. In Malcolm, there was material mitigating evidence that actually existed at the time of sentencing, but which the district court precluded both the government and the defense from introducing before sentence was passed. In those circumstances, the exclusion of "information highly material to mitigation of punishment" at the sentencing hearing constituted a fundamental violation of due process. Id. at 819. The present case is entirely different.

Torres' claim cannot be construed as alleging trial-court impropriety, denial of a fair opportunity to respond to the government's evidence at sentencing, or as a material misapprehension of fact. Rather, it must be seen as an attempt to read Malcolm as providing a right to have all material mitigating evidence presented at the sentencing hearing, and thus imposing an affirmative duty on the government to present such evidence. We doubt Malcolm intended to provide such a right or impose such a duty, but we need not reach that question because in this case, there was no material mitigating evidence of which the prosecution was aware that it did not bring to the sentencing court's attention.

In sum, the lack of any confusion, misunderstanding or misinformation in the sentencing process, see Malcolm, 432 F.2d at 819, Torres' repeated refusal to participate in the sentencing hearing, coupled with the complete lack of mitigating evidence that existed at the time of her trial, lead us to conclude that Torres' due process rights were not violated.

Eighth Amendment

Finally, Torres contends that her sentencing under 18 U.S.C. § 34 violated the Eighth Amendment because the statute did not identify the aggravating and mitigating circumstances to be considered in determining whether to impose a life sentence. This argument lacks merit.

The Supreme Court has integrated the Eighth Amendment's proscription against cruel and unusual punishment into our death penalty jurisprudence through two separate doctrines: (1) the guided discretion doctrine, first enunciated in various of the opinions of Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972) (per curiam); and (2) the individualized consideration doctrine, established in Woodson v. North Carolina, 428 U.S. 280, 303-05 (1976) (plurality opinion). More relevant here is the guided discretion doctrine, which requires sentencing statutes to identify aggravating and mitigating circumstances that a jury should consider before imposing the death penalty. Torres seeks to extend this doctrine to non-capital cases.

At least two courts of appeals have declined to extend the guided discretion doctrine to non-capital cases, and the Supreme Court has declined to extend the individualized consideration doctrine to such cases. The Fourth and Eighth Circuits have upheld the constitutionality of state statutes that permit the imposition of a life sentence without providing any standards for guiding the jury's sentencing discretion. See Vines v. Muncy, 553 F.2d 342, 346-49 (4th Cir. 1977) (Virginia); Britton v. Rogers, 631 F.2d 572, 578-81 (8th Cir. 1980) (Arkansas). Although Torres argues that the courts' opinions in these cases were driven primarily by federalism concerns, we find that they comport with the Supreme Court's consistent distinction between capital and non-capital cases.

In Harmelin v. Michigan, 501 U.S. 957 (1991), the Supreme Court held that imposition of a life sentence without possibility of parole, in the absence of consideration of mitigating factors, did not constitute cruel and unusual punishment in violation of the Eighth Amendment. Although the Court noted that a "required mitigation" claim finds support in death-penalty jurisprudence, it categorically refused to extend the individualized consideration doctrine to non-capital sentences:

[o]ur cases creating and clarifying the "individualized capital sentencing doctrine" have repeatedly suggested that there is no comparable requirement outside the capital context, because of the qualitative difference between death and all other penalties.

Id. at 995.

The Supreme Court has drawn "the line of required individualized sentencing at capital cases." Id. at 996 (emphasis added). Because we see no reason in this case to extend that line, we reject Torres' Eighth Amendment argument.

We have examined the remaining contentions and find them to be without merit.

CONCLUSION

For the foregoing reasons, we affirm the district court's denial of Torres' petition to vacate her conviction and sentence pursuant to 28 U.S.C. § 2255.

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